Impunidad - Colombia

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CONSIDERANDO que la gran mayoría de los procesos judiciales por crímenes contra periodistas arroja pocos resultados sobre los autores materiales e intelectuales, en especial en los casos de los periodistas asesinados Gerardo Bedoya (Cali, Valle del Cauca, 21 de marzo de 1997), Jairo Elías Márquez (Armenia, Quindío, 10 de febrero de 1997) y Ernesto Acero Cadena (Armenia, Quindío, 12 de diciembre de 1995) CONSIDERANDO que el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Barranquilla absolvió, luego de más de un año de audiencias, al presunto autor material del homicidio del periodista Carlos Lajud Catalán, ocurrido el 19 de marzo de 1993, y que la Fiscalía apeló dicha sentencia absolutoria CONSIDERANDO que desde enero de 2002, la Fiscalía General de la Nación interpuso un recurso de apelación en contra de la providencia que absolvió en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar a los presuntos autores materiales del asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres CONSIDERANDO que en los últimos seis meses fueron asesinados cinco periodistas: José Elí Escalante de la emisora Voz del Cinaruco y Luis Eduardo Alfonso de la emisora Meridiano 70, en el departamento de Arauca; Gimbler Perdomo, director de noticias de la emisora Gigante Stereo en el departamento del Huila, Oscar Salazar, gerente y propietario de la emisora Radio Sevilla, en Sevilla, Valle del Cauca, y Agustín de Jesús Rodríguez, director de la emisora comunitaria Fantasía Stereo en Palestina, Departamento de Caldas, que fueron secuestrados nueve periodistas y que continúan las amenazas CONSIDERANDO que el Comité de Protección de Periodistas adscrito al Ministerio del Interior demora, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, un promedio de 63 días para realizar un estudio de riesgo; que de 74 casos de amenazas, el 33 por ciento no ha recibido ninguna protección; que la implementación de medidas de protección tarda hasta cuatro meses, poniendo en riesgo la vida de los periodistas, que deben abandonar el ejercicio de la profesión en sus regiones sin que haya castigo para los responsables de las amenazas CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”. LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE exhortar a la Fiscalía General de la Nación a que revise el estado de los casos en la Subunidad Investigativa de Crímenes contra Periodistas para determinar las razones de su poco avance y producir resultados en derecho con mayor celeridad exhortar nuevamente al Tribunal Superior de Barranquilla a responder el recurso de apelación a la mayor brevedad y a explicar las razones por las cuales no se ha producido un fallo exhortar al Tribunal Superior de Valledupar a responder el recurso de apelación a la mayor brevedad y a explicar la razón por la cual no se ha producido un fallo exigir a las autoridades esclarecer los crímenes, secuestros y amenazas contra los periodistas y dar castigo a los responsables exhortar al Comité de Protección de Periodistas a garantizar la realización de los estudios de riesgo y la implementación de las medidas de protección en el menor tiempo posible así como que todas las denuncias por amenazas contra periodistas sean objeto de investigaciones que conduzcan a los responsables.

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