Impunidad - Bolivia

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CONSIDERANDO que la muerte de Juan Carlos Encinas, colaborador de programas de radio y de televisión, pudo haberse evitado si fuerzas policiales y unidades de asistencia médica hubiesen acudido al sitio del crimen, Catavi, provincia de Los Andes, a unos 50 kilómetros de La Paz, en cuanto fueron notificados de los incidentes del 29 de julio de 2001 entre grupos rivales por la explotación de un cerro rico en piedra caliza CONSIDERANDO que el juez, por requerimiento del fiscal, ordenó la detención de ocho sospechosos, luego liberados bajo fianza, que dispuso posteriormente ocho nuevas capturas, y que el fiscal dispone de seis meses, desde el momento del crimen, para efectuar la investigación CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad a los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE solicitar al gobierno de Bolivia que revise la investigación y el caso judicial y que analice la actuación de las autoridades policiales solicitar al gobierno de Bolivia que promueva las acciones pertinentes para que sean juzgados con prontitud los sospechosos detenidos, uno de los cuales tenía en su mano evidencias de haber disparado un arma de fuego, según los partes policiales solicitar al gobierno de Bolivia que brinde a la familia Encinas la protección adecuada, teniendo en cuenta, asimismo, que la señora Betty Falcón, esposa del periodista asesinado, es socia de la Cooperativa Multiactiva Catavi Limitada, uno de los grupos en pugna.

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