VENEZUELA

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57ª Asamblea General Washington, DC 12 – 16 de octubre del 2001 VENEZUELA CONSIDERANDO que la insistente tendencia del gobierno venezolano a restringir los derechos a la libertad de expresión y de información, asume una gravedad sin precedentes CONSIDERANDO que a las presiones ejercidas sobre los medios impresos además se suman ahora las que se ejercen abiertamente sobre las televisoras, a objeto de conminarlas a informar con apego a las líneas oficiales, también se ha persistido en la sistemática política presidencial de incitación al odio público y colectivo contra los medios, periodistas, sus directores o editores CONSIDERANDO que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó una insólita sentencia conocida como 1013, que restringe el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, y manipula el derecho a réplica previsto en la Constitución de ese país; y da al Presidente de la República el privilegio de no otorgar tal presunto derecho de réplica en los medios oficiales que utiliza para sus programas, pero obliga, en cambio, a los medios de la prensa privada a que lo otorguen al gobierno y a sus personeros, lo que es una abierta censura CONSIDERANDO que la incitación al odio por el Jefe del Estado venezolano, sumado a la indicada sentencia, no tienen otro propósito que producir el temor y la autocensura en los medios de comunicación social; lo que, además, queda en evidencia con la última propuesta del Presidente de la Asamblea Nacional, aprobada por la mayoría oficialista, conminando a los dueños de los medios a establecer un código de ética para el ejercicio de sus libertades, en cuyo defecto se dictaría una ley de prensa LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE Condenar al Gobierno de Venezuela por la utilización que hace de un sistema judicial que responde a sus fines políticos, así como por el uso abusivo de los medios de comunicación oficiales para intimidar a los medios de comunicación privados, exponer al desprecio y odio público a sus periodistas, directores o editores, y provocar, en una primera etapa, la autocensura en el país; lo cual atenta contra la vigencia de la democracia y de las libertades fundamentales de la persona humana.

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