Conclusiones

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Asamblea General
Washington DC, EE.UU
12 - 16 de octubre de 2001
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57ª Asamblea General Washington, DC 12 – 16 de octubre del 2001 CONCLUSIONES Los ataques terroristas a la libertad redoblaron el compromiso de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa de celebrar su 57 Asamblea en Washington D.C., una de las dos ciudades que fueron blanco del terrorismo. En una actitud rara vez tan manifiesta, más de 400 periodistas de todo el continente han coincidido en afirmar que los ataques no fueron sólo contra Estados Unidos, sino contra la democracia y, de hecho, la humanidad entera. A un mes de los atentados y teniendo como foro la ciudad de Washington, la reunión cobró así un sentido de afirmación de los principios democráticos fundamentales que inspiran a los pueblos libres. Uno de los factores que ha determinado el constante asesinato de periodistas en Colombia ha sido la acción de otra forma de terrorismo. El último semestre fue especialmente dramático. Siete colegas colombianos murieron en el ejercicio de sus funciones periodísticas, convirtiendo a este período en uno de los más violentos para la prensa colombiana. El total de periodistas muertos en el continente suma 12, ya que otros cinco fueron asesinados en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala y México. Los autores de los crímenes fueron narcotraficantes, grupos guerrilleros y paramilitares, funcionarios y, en muchos casos, desconocidos que cuentan con poderosas complicidades. Las agresiones y los intentos de intimidación contra medios y periodistas en casi todo el continente son tan numerosos que es imposible enumerarlos. Desafortunadamente, la impunidad continúa siendo el elemento común en todos estos delitos. La catarata de juicios frívolos, la vigencia de normas arbitrarias que pertenecen más a un pasado que debería estar sepultado y las consecuentes decisiones judiciales que se derivan de estas situaciones acosan a periódicos en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Guatemala, México, Honduras, Paraguay y Uruguay. En algunas de estas naciones se habla ya de una “industria de la indemnización” por las demandas por daños morales contra los periódicos. El intento de usar a la justicia para acallar a los diarios con la aplicación de leyes como la del desacato, la penalización de la difamación y supuestas defensas de la intimidad de funcionarios públicos se ha extendido por todo el continente. Tal vez el caso paradigmático que ilustra este abuso sea el del diario El Liberal, de Santiago del Estero, Argentina, que por reproducir una información de otro periódico se enfrenta a querellas de 4.000 mujeres afiliadas al partido del gobierno provincial que, en conjunto, le reclaman 19 millones de dólares. El gobierno de Venezuela cuenta con un sistema judicial que responde a sus fines políticos y utiliza los medios estatales de comunicación para intimidar y silenciar toda voz diferente a la del poder. En este contexto, la sentencia conocida como 1013, restringe el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información y manipula el presunto derecho a réplica previsto en la Constitución de ese país a manera de censura. Esta aberración permite que el presidente goce del privilegio de no otorgar el presunto derecho de réplica en los medios oficiales, al tiempo que obliga a los independientes a otorgarlo. Con esta maniobra se desenmascara el propósito que animó a quienes incluyeron el presunto derecho de réplica en la Constitución. La prensa de Estados Unidos ha reaccionado con preocupación a la propuesta del gobierno del presidente George W. Bush de limitar el libre flujo de la información mediante la autocensura. El gobierno ha solicitado que los medios de comunicación censuren vídeos y transcripciones de los comunicados de Osama bin Laden, a pesar del derecho ciudadano a estar informado. El temor de parte del gobierno es que los comunicados podrían contener mensajes en clave. Sin embargo, si tal autocensura fuese a prevalecer, el pueblo de Estados Unidos sería el único del mundo sin conocimiento de lo que Bin Laden está diciendo. Este tipo de intentos de restringir la libertad de expresión contradice la tradición democrática de este país. La fortaleza de las instituciones y de la ciudadanía estadounidenses hacen innecesarias medidas de este tipo. El gran desafío al que se enfrenta Estados Unidos es demostrar que se puede defender la seguridad nacional sin sacrificar la libertad. En Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela se sigue intentando limitar el ejercicio del periodismo exigiendo licencia previa para desempeñar ciertas funciones profesionales y para quienes desean divulgar informaciones o expresar sus ideas a través de la prensa. Este es un atentado que viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la Cuba totalitaria de Fidel Castro no hay libertad de expresión, no hay prensa. Sólo hay una verdad… la mentira oficial. En el lado positivo, es alentadora la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ejecución de la sentencia contra el periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa, por cuatro delitos de publicación de ofensas en la modalidad de difamación. El periodismo del continente espera ahora que la Corte ratifique el derecho del pueblo a la información diversificada. Las investigaciones que se llevan a cabo como consecuencia del Proyecto Impunidad impulsado por la SIP, demuestran que es posible esclarecer la red de complicidades que caracteriza los procedimientos oficiales para individualizar a los culpables de los asesinatos de periodistas. Tal es el caso de la periodista guatemalteca Irma Flaquer, desaparecida en 1980 e investigado por la SIP desde 1996. Este trabajo investigativo culminó con un “acuerdo amistoso” con el gobierno de Guatemala a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras el cual se están desarrollando una serie de actividades para la dignificación de la memoria de la periodista y para, especialmente, reabrir el proceso judicial. En el contexto de los trabajos de investigación y difusión de los principios de la Declaración de Chapultepec, se han desarrollado estudios de legislación comparada que destacan las iniquidades de las normas legales que se aplican a periodistas y medios de comunicación en América Latina. En varios países se han presentado ahora proyectos cuyo objeto es derogar las leyes que, por ejemplo, penan con cárcel a periodistas que podrían haber incurrido en difamación. La prensa del continente ha sabido evolucionar de acuerdo a las exigencias de los pueblos y el avance de los ideales democráticos. Quedan pendientes muchos desafíos que el periodismo continental está dispuesto a confrontar. La creciente solidaridad ante la amenaza de la plaga social que representa el terrorismo encuentra en los diarios de las Américas una expresión pluralista y representativa. Los atentados terroristas demandan actitudes de firmeza tan absolutas como la decisión de defender la libertad. No hay, en esta circunstancia, diferencia alguna entre el periodismo en Estados Unidos, en el Caribe y en América Latina.

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