CONSIDERANDO que el gobierno del presidente Hugo Chávez y el control que ejerce sobre los poderes públicos, le ha permitido aprobar y seguir imponiendo leyes y reglamentos denunciados como violatorios de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, negando esenciales derechos humanos como la libertad de expresión e información. CONSIDERANDO que esas legislaciones favorecen la criminalización de la disidencia y la persecución simplemente por razones políticas sin el debido proceso. CONSIDERANDO que la persecución policial, política y judicial contra el presidente de Globovisión Guillermo Zuloaga, contra el periodista y editor del diario El Nuevo País y la Revista Z, Rafael Poleo y contra la periodista Patricia Poleo, les ha obligado a estar en el exilio. CONSIDERANDO que el juicio por haber publicado una foto que denuncia la violación de derechos humanos, un juez mantiene la causa abierta contra el diario El Nacional y el diario La Prensa de Barinas CONSIDERANDO que el Estado Venezolano incumple la obligación dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de garantizar la libertad de buscar recibir y difundir información y el derecho a la integridad física a los periodistas y directivos de varios medios de comunicación en Venezuela (los más destacados Globovisión y RCTV). CONSIDERANDO que continúan cerrados 34 emisoras (2009), el canal televisivo RCTV y RCTV Internacional. CONSIDERANDO que el Principio 2 de la Declaración de Chapultepec establece que todas las personas tienen el derecho de buscar y recibir información, expresar su opinión y difundirlas libremente sin que nadie pueda restringir o negar esos derechos.