Impunidad / Brasil

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CONSIDERANDO que la Policía Civil y la Fiscalía tienen ahora los nombres de los sospechosos en el asesinato del periodista radial Valerio Luiz Oliveira, ocurrido el 5 de junio del 2012, pero se negaron a revelar información para no entorpecer las investigaciones; que el delito puede estar relacionado con las críticas que hacía como periodista deportivo;

CONSIDERANDO que en septiembre del 2012 la Fiscalía de Maranhão mencionó a12 personas acusadas de haber participado en el asesinato del periodista y bloguero Decio Sá, ocurrido el 23 de abril del 2012 en São Luís, capital del estado; que corresponde al Juzgado Primero del Jurado analizar el caso y decidir si debe o no procesar al acusado, iniciando así el proceso que conducirá a su juicio;

CONSIDERANDO que el 12 de febrero del 2012 el periodista Paulo Roberto Rodrigues Cardoso, conocido como Paulo Rocaro, fue asesinado con al menos cinco disparos en Ponta Pora, en Mato Grosso do Sul, y el crimen sigue sin aclararse;

CONSIDERANDO que permanece impune el asesinato del periodista radial Valderlei Canuto Leandro, ocurrido el 1 de septiembre del 2011 en Tabatinga, Amazonas, y que el sospechoso es el ex alcalde de la ciudad;

CONSIDERANDO que el ex alcalde de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo, acusado como autor intelectual del asesinato del periodista Edinaldo Filgueira, ocurrido el 15 de junio del 2011 en Serra do Mel, Rio Grande do Norte, fue detenido, pero consiguió un recurso de habeas corpus, y que otros ocho acusados se encuentran a la espera de juicio por el delito;

CONSIDERANDO que concluyó la investigación policial y tres personas han sido procesadas por el asesinato del periodista radial y presentador de televisión Luciano Leitão Pedrosa, ocurrido el 9 de abril del 2011 en Vitoria de Santo Antao, Pernambuco;

CONSIDERANDO que la ex alcalde Arivan Lucena fue absuelta el 23 de agosto del 2012 de la acusación de haber ordenado el asesinato del periodista radial Nicanor Linhares Batista, ocurrido el 30 de junio del 2003, en Limoeiro do Norte, Ceará, y se postuló nuevamente a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales del 7 de octubre del 2012; que la Fiscalía apeló la absolución, pero dicho recurso aún sigue pendiente; que Osterne Nilson Maia fue asesinado en la cárcel cinco días después de haber sido condenado por su participación en el crimen de Batista; que el caso contra el juez de apelaciones José María Lucena fue enviado al Tribunal Superior de Justicia (STJ), ya que tiene jurisdicción especial, y que sigue siendo secreto de Justicia; que logró posponer la recepción del fallo en vista de que aún no ha sido juzgado el acusado José Vanderle y dos Santos Nogueira;

CONSIDERANDO que permanecen prófugos el ex alcalde Eurico Mariano y Alfredo Rui Dias Arévalos, condenados por el asesinato del periodista radial Samuel Román, muerto en Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul, el 20 de abril del 2004; que se sospecha que estarían en Paraguay;

CONSIDERANDO que aún no hay una fecha para el juicio de João Francisco dos Santos y Lailson Lopes, acusados por el asesinato del periodista radial Francisco Gomes de Medeiros, conocido como F. Gomes, ocurrido el 18 de octubre del 2010 en Caicó, Rio Grande do Norte; que otras cuatro personas fueron identificadas como participantes en el crimen, y que el proceso en su contra se encuentra en la fase de alegatos finales;

CONSIDERANDO que el Tribunal Supremo rechazó todas las apelaciones y circunstancias atenuantes que el exalcalde de Eunápolis, Bahía, Paulo Ribeiro Ernesto da Silva, había presentado en contra del fallo por el asesinato del periodista radial Ronaldo Santana de Araújo, ocurrido el 9 de octubre de 1997 en Eunápolis, y que aunque Dapé no pudo postularse, su esposa logró ser candidata a alcalde de Eunápolis en las elecciones del 7 de octubre del 2012, lo que significa que mantiene el poder político e influencia en el municipio; que Dapé y los ex funcionarios de la Alcaldía Maria José Ferreira Souza, Waldemir Batista de Oliveira y Antônio Oliveira Santos, acusados del crimen, no han sido juzgados y el único condenado por el asesinato, el pistolero Paulo Sérgio de Lima, huyó después de haberse beneficiado por la progresión del régimen de cárcel de cerrado a semiabierto;

CONSIDERANDO que el 30 de septiembre se cumplieron 10 años de la muerte del empresario Domingos Sávio Brandão de Lima, dueño del periódico Folha do Estado y de la radioemisora Cidade de Cuiabá FM, asesinado en el 2002, y hasta el 3 de octubre del 2012 no había sido juzgado João Arcanjo Ribeiro, acusado de ser el autor intelectual del crimen; que presentó recursos para retrasar el juicio;

CONSIDERANDO que se cumplieron 10 años del asesinato del periodista Tim Lopes, de TV Globo, asesinado por narcotraficante en junio del 2002en Río de Janeiro;

CONSIDERANDO que no se han producido avances en la identificación de los asesinos de Wanderley dos Reis, ocurrido el 16 de octubre del 2010 en Ibitinga, São Paulo, y que el crimen puede estar relacionado con su actividad en el diario Popular News; que amigos y políticos se quejan de la lentitud de las investigaciones;

CONSIDERANDO que permanecen impunes los asesinatos de los reporteros Luiz Otávio Monteiro en Manaus, Amazonas, el 29 de diciembre de 1988; Edgar Lopes de Faria, el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande, Mato Grosso do Sul; José Carlos Mesquita, el 10 de marzo de 1998 en Ouro Preto do Oeste, Rondônia; y Mário Coelho de Almeida Filho, el 16 de agosto de 2001, en Magé, Río de Janeiro; y los casos del periodista Nivanildo Barbosa Lima, encontrado muerto en la presa Paulo Afonso, Bahía, el 22 de julio de 1995; y de Ivan Rocha, desaparecido el 22 de abril de 1991, en Teixeira de Freitas, Bahia;

CONSIDERANDO que el 12 de junio de l2012 fue absuelto por falta de pruebas el policía Valnei Bertoni, acusado de participaren el asesinato del periodista Luiz Carlos Barbon Filho, el 5 de mayo del 2007 en Porto Ferreira, São Paulo, pero la aparición de nueva información condujo a la reapertura de la causa por la Fiscalía de Porto Ferreira para identificar a los involucrados en el crimen;

CONSIDERANDO que prosiguen los procedimientos para investigar e identificar a los autores del asesinato del periodista radial Jorge Lourenço dos Santos, muerto el 11 de julio del 2004 en Santana do Ipanema, Alagoas;

CONSIDERANDO que en el 2009 el gobierno brasileño firmó un acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que prevé la reapertura del caso relativo al asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira, ocurrido el 14 de enero de 1998 en Itabuna, Bahia, con el objetivo de identificar y sancionar a los autores del crimen, lo cual no se ha hecho hasta el presente; que Mozart Brasil, el único condenado por el crimen, presentó nuevos alegatos sobre el caso, que fueron enviados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en febrero del 2012 puesto que no fue localizado el nuevo fiscal asignado al distrito de Itabuna; que desde entonces la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia no ha entregado los documentos al fiscal de Itabuna;

CONSIDERANDO que en julio del 2012 el ex policía militar César Narcizo da Silva fue condenado a 19 años de prisión por el asesinato de la columnista social Maria Nilce dos Santos Magalhães, ocurrido el 5 de julio de 1989 en Vitória, Espírito Santo; que otro acusado por el crimen, el policía Romualdo Eustáquio da Luz Faria, consiguió separar su caso porque sus abogados alegaron que sufre de una enfermedad mental y no se encontró tiempo para hacer un examen pericial que lo demuestre; que el juicio de Faria está fijado para el 6 de noviembre del 2012;

CONSIDERANDO que la pesquisa judicial del asesinato de Reinaldo Coutinho da Silva, ocurrido el 29 de agosto de 1995 en São Gonçalo, Río de Janeiro, fue enviada a la Fiscalía de Justicia e Investigación Penal, creada en febrero del 2012, y que la nueva fiscal a cargo no ha tenido tiempo de analizar la investigación, por lo que el crimen sigue sin resolverse;

CONSIDERANDO que se encuentran en manos de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado Federal el proyecto de enmienda a la Constitución (PEC) N ° 15 del2010, que establece la competencia de los jueces federales para juzgar los crímenes cometidos contra periodistas en el ejercicio de su actividad profesional, y el proyecto de Ley del Senado no. 167del2010, que modifica el Código Penal, garantizando la prioridad de la sentencia en los procesos relacionados con el asesinato de periodistas en razón de su profesión;

CONSIDERANDO que el Proyecto de Ley no. 1078/2011 prevé también la participación de la Policía Federal en la investigación de los delitos en los que existe omisión o ineficacia de las esferas competentes y en los crímenes contra la actividad periodística;

CONSIDERANDO que solamente en el 2012 hubo al menos cinco casos de periodistas asesinados debido a denuncias presentadas en sus programas de radio o televisión, en blogs o diarios, y numerosos casos de agresiones y amenazas físicas y verbales;

CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”;

LA 68 ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

reiterar que el gobierno brasileño debe cumplir el acuerdo firmado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reabrir la investigación sobre el caso de Manoel Leal de Oliveira para identificar y sancionar a los autores intelectuales del crimen; y que se tomen en cuenta las alegaciones presentadas en diciembre del 2011 por Mozart Brasil, condenado por el crimen;

solicitar que se asegure el acceso a la información pública para permitir un mayor control de los procesos y garantizar el derecho a la información;

solicitar medidas para evitar agresiones y censura y aumentar la seguridad de los profesionales de la comunicación en el ejercicio de su profesión;

solicitar que se adopten criterios más estrictos para la concesión de la progresión cerrada a régimen semiabierto, a fin de impedir fugas de las cárceles;

solicitar la implementación inmediata y eficiente de un sistema integrado de informaciones de seguridad para acelerar la detención de fugitivos dentro de Brasil y que los gobiernos de Brasil y Paraguay intensifiquen los acuerdos para detener y extraditar a fugitivos de ambos países;

solicitar que se mejoren los programas de protección de testigos;

solicitar a los gobiernos estatales que ofrezcan condiciones dignas de trabajo a expertos, jefes de policía, jueces y fiscales, especialmente en el interior del país;

solicitar la identificación y castigo de los autores intelectuales de los crímenes, no sólo a los autores materiales e intermediarios;

solicitar la adopción urgente de leyes de federalización de los delitos cometidos contra periodistas en el ejercicio de la profesión para poner fin a la impunidad;

solicitar la aplicación inmediata de medidas para identificar, impedir y castigar los casos de agresión y violencia contra los profesionales de la comunicación, como el Observatorio de Prensa sugerido por la ministra Maria do Rosario en mayo del 2012, con la participación de la sociedad y de organizaciones de periodistas y derechos humanos.

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