República Dominicana

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Con amplia expectativa se espera el inminente fallo que emitirá  el Tribunal Constitucional sobre un recurso de inconstitucionalidad que tres directores de diarios interpusieron para que se anulen  varios artículos de la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, y del Código Penal, que establecen penas de prisión en los delitos de difamación e injuria. El Tribunal Constitucional abrió una audiencia en junio para conocer la demanda de inconstitucionalidad presentada por los directores de los periódicos El Caribe, El Día y Listín Diario, conjuntamente con la Fundación Prensa y Derecho, contra 11 artículos de la ley 6132 y cinco artículos del Código Penal. El fallo se conoció este mes. Directivos de la prensa comparecieron ante una comisión especial de la Cámara de Diputados para exponer sobre tres diferentes anteproyectos de ley que recogen las aspiraciones sobre la despenalización de los llamados delitos de palabra, así como la supresión del efecto de cascada, la que imputaría la autoría principal del delito de difamación al director del medio en el que se publique un texto que sea considerado lesivo al honor o la dignidad de una persona. Estos anteproyectos no han sido debatidos aun en el plenario de las cámaras legislativa Varios casos de atropellos físicos contra reporteros cometidos por soldados y agentes de la Policía Nacional se registraron en este período. Uno de ellos fue la agresión que sufrió el 11 de abril el camarógrafo Marcelo Contreras, de la provincia Maria Trinidad Sanchez, en el nordeste del país. Un coronel de la Policía lo detuvo a punta de pistola, le arrebató su cámara filmadora, lo esposó y exhibió por las calles, amarrado en un vehículo y lo encarceló ilegalmente por varias horas, en represalia por haber reportado un desalojo violento que la Policía ejecutaba en esa comunidad. Agentes policiales asignados al nuevo modelo penitenciario golpearon al camarógrafo de Noticias SIN, Rafael Silverio, mientras cubría un juicio en un tribunal de Santo Domingo. Un agente agresor fue suspendido y sancionado pocos días después por orden de la Procuraduría General de la República. En mayo, el reportero del mismo noticiario, Rafael Lara, fue golpeado y despojado de su cámara por una patrulla mixta de las fuerzas armadas que ejecutaban un desalojo de familias en unos terrenos del Estado en la provincia sureña de San Cristóbal. En junio, un grupo de comunicadores denunció la existencia de una trama para asesinar al periodista Fausto Rosario, director del periódico digital Acento.com, lo que motivó que el presidente del país, Danilo Medina, lo recibiera en su despacho para escuchar su testimonio. Rosario comunicó su denuncia al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión, Frank la Rue, quien pidió explicaciones al gobierno. En respuesta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Cesar Pina Toribio, declaró que desde el Gobierno "no se han promovido acciones legales que impliquen persecución o limitación a periodistas y emisores de opinión" y dijo que se le había brindado protección especial al periodista. El periodista Juan Bolívar Díaz, director del noticiario Uno+Uno de Teleantillas, fue objeto de una demostración de apoyo y solidaridad de diferentes sectores de la sociedad preocupados por la existencia de una campaña para desacreditarlo, difamarlo y acallarlo.  

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