Estados Unidos

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CONSIDERANDO que el gobierno de Estados Unidos en 2012 incautó en secreto los archivos de 21 líneas telefónicas de reporteros de The Associated Press, en violación de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense CONSIDERANDO que la incautación sin aviso previo violó las propias reglas internas del Departamento de Estados sobre citaciones judiciales a la prensa CONSIDERANDO que la citación judicial fue ejecutada sin una revisión correspondiente CONSIDERANDO que este acto de intervención excesiva por parte del gobierno de Estados Unidos ha tenido un efecto de inhibición en la búsqueda de un periodismo abierto y vigoroso en beneficio del interés público CONSIDERANDO que The Associated Press y otras organizaciones noticiosas de Estados Unidos presionaron al gobierno federal para que actualice y mejore sus propias normas con el objetivo de asegurar mayor protección a los periodistas CONSIDERANDO que el Departamento de Justicia revisó y propuso la actualización de normas que abogan por un aviso previo de citación judicial sea entregado a los medios en todas, menos algunas circunstancias excepcionales, lo cual es fundamental en permitir a la prensa refutar las citaciones ante los tribunales; y también agregó salvaguardas adicionales en torno a la incautación de materiales sobre las fuentes de los periodistas que se aplican a todas las formas de comunicación incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto, asegurando que los periodistas no sean procesados judicialmente por ejercer su trabajo CONSIDERANDO que la administración del presidente Barack Obama hizo además recomendaciones para la aprobación en el Congreso de una ley federal que sirva como escudo protector de los periodistas CONSIDERANDO que el Principipio 2 de la Declaración de Chapultepec establece que: Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos” CONSIDERANDO que el Principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece que: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”. LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE alentar al Departamento de Justicia de Estados Unidos a que adopte en forma vigorosa y cumpla con las normas actualizadas que fueron recomendadas en 2013 hacer un llamado al Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos para que apruebe leyes que incluyan un escudo de protección sólido para los periodistas.  

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