Acceso a la información

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Resolución ante la 77ª Asamblea General Virtual
19 - 22 de octubre de 2021
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CONSIDERANDO que las restricciones al acceso a la información son una de las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a la información en Antigua y Barbuda, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, y que esto genera falta de transparencia, lo cual es contrario a los principios democráticos sobre rendición de cuentas de un Estado

CONSIDERANDO que en muchas ocasiones la información obtenida de oficinas públicas por medios, periodistas y ciudadanos en estos países son versiones adulteradas, discrecionales y arbitrarias, difíciles de corroborar

CONSIDERANDO que en Antigua y Barbuda algunos funcionarios públicos aplican tácticas dilatorias para divulgar información y otros desconocen los requisitos de la Ley de Libertad de Información

CONSIDERANDO que en Bolivia, de avanzar un proyecto de ley se restringiría el acceso a la información, al otorgar a un ente gubernamental la facultad para decidir qué datos pueden o no divulgarse, lo que infringe el artículo 21 de la Constitución

CONSIDERANDO que en Canadá continúan severos controles y restricciones para los periodistas que cubren temas de salud pública y la gestión del gobierno para enfrentar la pandemia

CONSIDERANDO que en Chile, argumentando razones sanitarias, se restringió el acceso de los medios a los debates y a la sede de la Convención Constitucional

CONSIDERANDO en Costa Rica, ministros y funcionarios se niegan a dar declaraciones sobre temas de interés público, lo que restringe el acceso a la información pública y obliga a medios a acudir a la justicia

CONSIDERANDO que en Cuba el acceso a la información sigue estando limitado como parte del monopolio estatal comunicacional

CONSIDERANDO que en Ecuador se negó a periodistas de El Universo acceso a información en la Contraloría General del Estado sobre declaraciones patrimoniales de funcionarios

CONSIDERANDO que en El Salvador el gobierno designa como "reservada" información sobre asuntos públicos cuestionados por posibles irregularidades y corrupción; y que la Asamblea Legislativa estudiará 11 reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para clasificar como secreta y/o reservada la información sobre enriquecimiento ilícito y salarios de empleados públicos, entre otras, e imponer sanciones a toda persona que la incumpla

CONSIDERANDO que en Estados Unidos se registraron casos de restricción de acceso a la información en los que solo se permitió a reporteros británicos preguntar al primer ministro británico Boris Johnson en su visita a Washington; y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, limitó solo para periodistas de la cadena Fox News la cobertura de firma de una controvertida ley electoral; y el acceso de la prensa en los tribunales ha sido limitado alegando preocupaciones por el Covid-19

CONSIDERANDO que en Guatemala el gobierno recurre a la estrategia de "información confidencial" para ignorar las solicitudes de información de la prensa, restringiendo el libre acceso a la información pública, derecho recogido en el artículo 35 de la Constitución

CONSIDERADO que Honduras sigue sin respuesta del Poder Ejecutivo la petición para reformar la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (Ley de Secretos) de 2014, la cual denomina como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta la información de más de 20 ministerios y entidades de gobierno, lo que vulnera el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia

CONSIDERANDO que en Nicaragua se ignora la Ley de Acceso a la Información Pública, de 2007, no se atienden las solicitudes de información, y que en el marco de la pandemia del Covid-19 el gobierno canceló más de 24 personerías jurídicas, en su mayoría de organizaciones médicas, principales fuentes de información para la prensa

CONSIDERANDO que en Panamá los funcionarios no cumplen con la Ley de Transparencia y que el Ministerio de la Presidencia aprobó la Resolución 71, que declara información de acceso restringido por 10 años a las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidente

CONSIDERADO que en Paraguay varias instituciones estatales se niegan a cumplir con la con la Ley de Acceso a la Información Pública, de 2014, e incluso algunas buscan su derogación

CONSIDERANDO que en Perú se niega el acceso a la información a medios privados, a los que se les ha impedido el ingreso a ceremonias oficiales

CONSIDERADO que en Puerto Rico los medios, periodistas y ciudadanos se han visto obligados a recurrir a la justicia para que las agencias públicas y entidades del gobierno divulguen información pública

CONSIDERANDO que en Trinidad y Tobago continúan los retrasos para responder solicitudes de información al amparo de la Ley de Libertad de Información

CONSIDERANDO que el Principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece: "Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público".

LA 77ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Rechazar las restricciones al acceso a la información que vienen padeciendo los periodistas y medios de comunicación en Antigua y Barbuda, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

Exhortar a los países de las Américas que restringen las leyes de acceso a la información pública y/ o derechos constitucionales a que suspendan esas prácticas, desmantelen la cultura del secreto y se abstengan de obstaculizar y restringir el trabajo de la prensa.

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