Ecuador

El deterioro de la libertad de expresión ha continuado durante el semestre por la puesta en vigencia del Reglamento de la Ley de Comunicación, expedido por el Presidente de la República, habiendo iniciado operaciones la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) y el Consejo de Regulación y Control de la Comunicación e Información (Cordicom) que tienen como fin la aplicación de la ley, con serias violaciones a la libertad de prensa. Durante este período se mantuvieron los constantes ataques desde el gobierno hacia los periodistas, medios, políticos opositores y algunos ciudadanos que lo critican. Adicionalmente se aprobó el nuevo Código Integral Penal que entrará en vigencia en agosto del 2014. La Supercom de inmediato tramitó casos. En diciembre envió una amonestación escrita a diario Extra y ordenó rectificar los titulares de dos noticias debido a que consideraba que había dado un tratamiento morboso a la información sobre un accidente de tránsito. La resolución pidió rectificar los titulares ‘De la reunión a la tumba’ y ‘Se fue al cielo con título de licenciada’ (...) por no ser coherentes ni consistentes con el contenido de la noticia…”. Según el Superintendente, Extra faltó al artículo tres del Código Deontológico impuesto por la ley, que habla de “evitar un tratamiento morboso” a la información. Extra se negó a rectificar porque no ha faltado a la verdad y porque el proceso está lleno de vicios. El Superintendente remitió el proceso a la Fiscalía. El 24 de marzo la Supercom impuso a Extra una multa del 10% de la facturación promedio mensual de los últimos tres meses. En enero la Supercom condenó al caricaturista Bonil (Xavier Bonilla) a rectificar la caricatura que publicó el 28 de diciembre y a El Universo a pagar una multa del 2% del promedio mensual de sus ventas de los últimos tres meses. A Bonil lo encontraron culpable de mentir porque incluyó en su caricatura una frase sin entrecomillar infiriendo que con esto provocaba “agitación social". La presunta infracción de El Universo fue por “no abstenerse de tener una posición institucional” frente a un caso que está en indagación previa, condenándolo por no censurar al caricaturista. El Universo pagó una multa cercana a los 100 mil dólares y apeló la sentencia ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo. La Ley de Comunicación establece que cada nueva multa será por el doble de la anterior. Por lo tanto, una segunda multa sería por unos 200 mil dólares y una tercera por 400 mil, y así sucesivamente. El 8 de enero la Supercom multó con 60.000 dólares a la televisora RTS por haber asumido una “posición institucional” en el caso de una presunta violación que se encuentra en estado de indagación previa en la Fiscalía. Según la Supercom, la posición institucional fue asumida a través de los comentarios que hizo sobre el caso el presentador Hugo Gavilánez. En el sentido contrario, también se registraron solicitudes de rectificación que la Supercom desechó. Entre ellas, la de la ex asambleísta Martha Roldós, que en febrero presentó una queja en contra del periódico gubernamental El Telégrafo, por el supuesto delito de linchamiento mediático, ya que difundió en varios días seguidos, y con gran despliegue, información que la relacionaba con la puesta en funcionamiento de una agencia de noticias que, según el rotativo, recibe dinero del exterior para desestabilizar al gobierno. En marzo, Blasco Peñaherrera, representante de la encuestadora Market, presentó un pedido de rectificación ante la Supercom por haber sido aludido por el presidente Rafael Correa en uno de sus informes al país, conocidos como sabatinas, y luego de que el canal de televisión estatal, que transmitió el programa y la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), en su calidad de productora, entidad dependiente del Poder Ejecutivo, se negaran a dar derecho a la réplica. El presidente Correa había calificado como “chimba (falsa)”, “mentirosa” a la encuestadora. En marzo la Corte Nacional de Justicia confirmó la sentencia en contra del asambleísta Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa por el delito de injuriar al Presidente de la República, Rafael Correa. Los dos primeros tienen que pasar 18 meses en prisión y el tercero, 6 meses. Además deben pagar una indemnización de 140 mil dólares al mandatario. Este proceso inició cuando los sentenciados demandaron al Jefe de Estado porque, según ellos, ordenó la incursión armada el 30 de septiembre del 2010. Desechada la denuncia fueron recusados por el jefe de Estado. En aquella fecha la Policía Nacional allanó la casa del periodista Villavicencio y con orden de un juez retiró equipos electrónicos y documentos que contendrían pistas que, según el magistrado, permitirían dar con un sistema de espionaje y hackeo de cuentas de redes sociales de funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Rafael Correa; y que al mismo tiempo, según el dueño de materiales, se trataba de investigaciones sobre actos de corrupción del gobierno. Villavicencio es asesor del asambleísta Cléver Jiménez y ha publicado escritos en el sitio digital Plan V sobre una supuesta red de corrupción en la venta del petróleo ecuatoriano. El 24 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para impedir el encarcelamiento de los sentenciados. El canciller Ricardo Patiño consideró las medidas como una intromisión de la CIDH. En noviembre el Consejo de Participación Ciudadana emitió la resolución con la que norma la rendición de cuentas que ante la ciudadanía deben hacer las personas, instituciones o empresas que reciben dinero del Estado o que brindan un servicio público. Entre ellos, según la interpretación legal, los medios de comunicación privados, por haber sido clasificados como prestadores de un servicio público y por lo tanto controlados administrativamente por el Estado. La resolución establece que los medios deben realizar, dentro de los primeros 30 días del año, en un sitio público de su territorio, una rendición de cuentas que incluya: datos generales; balances anuales; cumplimiento de obligaciones laborales y tributarias; cumplimiento de objetivos y las demás que sean de trascendencia para el interés colectivo. En enero, las organizaciones no gubernamentales que tienen su ámbito de acción en el periodismo y en la libertad de expresión como Fundamedios pasaron a ser controladas por la Secom, ya que así lo dispone un Decreto Ejecutivo 16. La Secom es la encargada de realizar las campañas informativas de desprestigio en contra de los medios privados y los opositores. Según César Ricaurte, director de Fundamedios, “el gobierno ha entregado su cabeza a su principal enemigo”. El nuevo Código Penal contempla diversos delitos, entre ellos:

La violación de la intimidad, con una pena de entre uno y tres años a quien difunda información considerada privada o reservada.
La divulgación de secretos de terceras personas tiene una pena de entre seis y doce meses de prisión. El artículo de la ley es sumamente ambiguo y no especifica detalles.
El pánico financiero, que es la divulgación de información falsa que afecte al sistema financiero que provoquen retiros masivos de depósitos y efectos similares, con una pena de entre cinco y siete años de prisión.
El delito contra la fe pública, entre los que está el ejercer una profesión sin título a pesar de que la ley lo exija, como es el caso de la exigencia de título de periodista a quienes trabajen en la comunicación.
La calumnia, con una pena de entre seis meses y dos años.
Acoso político, a quien hostigue a otra persona e impida su acceso a elecciones.
Apología, castiga la apología del delito con prisión de entre 15 y 30 días.
Mantiene la figura del desacato aunque elimina la palabra “desacato”.

En febrero se realizaron las elecciones seccionales bajo el marco legal del Código de la Democracia, que establece lo siguiente:

Dispone que el único contratante de publicidad electoral en los medios de comunicación es el Estado.
Prohíbe que los medios publiquen información que pueda dar o quitar votos a los candidatos. En la práctica es una norma imposible de cumplir y por la que tampoco se ha sancionado a nadie.
Da facultad para que las autoridades suspendan publicidad que, según ellos, atenta contra la democracia o la campaña electoral limpia. Por ejemplo, la Secom pidió a los medios no difundir un video promocional sobre Guayaquil en tiempos de campaña; también sacó del aire otro video en el que el alcalde daba su versión sobre el desalojo de invasores de tierras, en donde el gobierno reprimía a ciudadanos.

Cronología de otros hechos importantes: El 28 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre la libertad de expresión en Ecuador a petición de gremios y personas naturales. El Estado no asistió. El 4 de noviembre la justicia confirmó, en segunda instancia, la prescripción y el archivo de la demanda que la fiscal Alexandra Bravo, a título personal, había planteado en contra de cinco miembros de El Diario, de Portoviejo, por un supuesto delito de injurias. El 5 de noviembre la Unión Nacional de Periodistas anunció que por motivos de seguridad retiró su página web del aire, tras sufrir un ataque electrónico por parte de desconocidos. El 6 de noviembre el gobierno ordenó una cadena en emisoras de radio para descalificar al periodista Gonzalo Rosero, de la cadena Exa-Democracia, por emitir comentarios en torno a la delegación que había acompañado al presidente Rafael Correa en un viaje oficial a Rusia. El 18 de noviembre el historiador Francisco Núñez del Arco denunció, a través de su blog, que fue víctima de censura previa e intimidación tras llamadas del Ministerio de Cultura, como consecuencia de lo cual suspendió la presentación de su libro “El Ecuador y la Alemania nazi - Los secretos de una relación ocultada”. La obra debía lanzarse en la Feria Internacional del Libro, en Quito. El 21 de noviembre el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, pidió a la Supercom que tome “las medidas pertinentes” contra el diario La Hora por haber ignorado un pedido de rectificación por el titular de una noticia que a su criterio “distorsiona el sentido de los acontecimientos e imputa una directa responsabilidad al Estado”. La Hora publicó la réplica y el caso quedó archivado. El 5 de diciembre, a través de un operativo policial, la Supercom allanó las instalaciones de la televisora EcotelTV, de Loja, con la finalidad de incautar algunos equipos de una emisora de radio que operó hasta agosto ahí mismo. En otro operativo, le incautaron sus equipos y pasó a transmitir por internet. El 5 de diciembre la justicia condenó a cuatro años de prisión a siete de los trece implicados en el “sabotaje” a la estación Ecuador TV, ocurrido el 30 de septiembre del 2010, cuando se produjo una revuelta policial. Otros seis implicados no fueron sentenciados por estar ausentes del país, dos de ellos con asilo político en la República Checa. El 6 de diciembre Secom pidió a los medios no publicar un video editado por la Municipalidad de Guayaquil en el que se observa a miembros de la Policía Nacional desalojando por la fuerza a invasores de tierras. Según la Secom, el video no se debió emitir “porque no contiene la verdad”. El 14 de diciembre el presidente Rafael Correa pidió a la Supercom aplicar la Ley de Comunicación contra el canal Ecuavisa por difundir una nota sobre la represión de la Policía Metropolitana de Guayaquil a una parodia de un grupo opositor al alcalde Jaime Nebot. El 17 de diciembre la Fiscalía General del Estado solicitó a la Supercom que a su vez pida, lo hizo el 6 de enero, a todos los medios las noticias sobre la contaminación que la compañía Chevron - Texaco hizo en la Amazonía. El pedido no especifica ni los días ni las páginas en que aparecieron las noticias. El 17 de diciembre, desconocidos asaltaron las oficinas de la productora Colectivo Lluvia Comunicación, en la provincia de Morona Santiago, en el oriente del país, y se llevaron computadoras portátiles y discos duros con el archivo audiovisual de la historia de la Amazonía ecuatoriana, recopilado durante diez años. Un mes y medio antes habían emitido un documental en el que revelaban supuestas irregularidades en el proceso previo a una consulta sobre la explotación de petróleo en la Amazonía. El 28 de diciembre el presidente Rafael Correa durante el enlace sabatino llamó “sicario de tinta” al periodista Roberto Aguilar, editor de contenidos de diario Hoy, y mostró su fotografía tras la publicación de una noticia sobre la novena navideña en el Palacio de Gobierno. El 7 de enero la Federación Ecuatoriana de Fútbol resolvió sancionar a los futbolistas, técnicos y dirigentes que ofendan en las redes sociales. El 7 de enero Fernando Villavicencio, periodista y activista, agredió verbalmente a Orlando Pérez, director del diario público El Telégrafo, al ser consultado por unas declaraciones que había emitido el fiscal general del Estado sobre sus antecedentes judiciales. El 9 de enero el Cordicom emitió el reglamento para crear el catastro de medios. Prácticamente todos los datos requeridos son públicos, ya que los medios debieron entregarlos anteriormente a otras instituciones del Estado. Lo nuevo es la entrega de información relacionada al personal, como por ejemplo su autodefinición étnica. El registro no es obligatorio, pero el medio que no se registre no puede contratar con el Estado. El 9 de enero los equipos de TV Agro Canal 28 de Babahoyo fueron requisados por la Policía por orden del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), bajo el argumento de que estaban operando de forma ilegal. León Mancheno, propietario del canal, sostiene que la operación cuenta con todos los papeles y pagos al día. El 13 de enero el asambleísta de oposición Dalo Bucaram fue sancionado con un mes de suspensión de sus actividades sin sueldo, luego de que la Comisión de Administración de la Asamblea Nacional lo encontró culpable de ofender a asambleístas del gobierno. El 20 de enero el periodista y entrevistador de Ecuavisa, Alfredo Pinargote, fue denunciado por la asambleísta oficialista Alexandra Ocles ante la Supercom porque, según la denunciante, “se atrevió a denigrar, una vez más, al pueblo afroecuatoriano y a las personas con diversa orientación sexual”, en un comentario realizado el 7 de enero. El 20 de enero el Presidente de la República expidió el Reglamento General de la Ley de Comunicación, en donde se establece que los medios digitales de las empresas periodísticas también serán regulados, esto a pesar de que la Ley de Comunicación los excluye. En enero los medios gubernamentales emprendieron una campaña de información para demostrar que el proyecto comunicacional denominado Tamia News buscaba desestabilizar al gobierno. El 17 de enero, en entrevista radial, el Superintendente de Información, Carlos Ochoa, precisó que su institución no puede sacar del aire a un programa de radio o televisión, pero que sí puede multar varias veces al medio que transmite el programa si viola la ley. El 20 de enero el ministro del Interior, José Serrano, anunció en su cuenta de Twitter que presentará una queja contra el diario La Hora por haber publicado “información inexacta” sobre un incendio registrado en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, calificando al medio “empresa privada con fines de lucro de comunicación”. El 24 de enero el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió tres campañas de publicidad que la Municipalidad de Guayaquil difundía, considerándolas de tipo electoral. El alcalde Jaime Nebot criticó la decisión porque el organismo no es autónomo y porque no suspende las campañas del gobierno nacional. El 8 de enero la Supercom amonestó al diario público El Telégrafo por no dar una réplica al Banco Pichincha en el mismo espacio que se dio a la noticia. El 21 de febrero, un periodista de diario La Hora en Quito fue expulsado por personal de una reunión en la que estaban funcionarios de gobierno. El 6 de marzo el presidente Rafael Correa anunció en una entrevista que se “dosificarán” las cadenas de ataque a los medios y que permitirá que algunos ministros den entrevistas a los medios independientes. El 18 de marzo la Corte Constitucional realizó la audiencia para escuchar la sustentación de quienes solicitaron la declaración de inconstitucional de varios artículos de la Ley de Comunicación. Durante la audiencia intervinieron los demandantes y los defensores de la ley. Sobresalió la intervención del Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, de casi 10 minutos, en la que descalificó a los demandantes y a los medios independientes. Su actitud le mereció varios llamados de atención de la magistrada que presidía la sesión.

FUENTE: nota.texto7

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