Impunidad - México

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CONSIDERANDO que si bien los crímenes contra periodistas han disminuido este semestre, las amenazas provenientes de líderes sociales, actores políticos locales y grupos del crimen organizado se han incrementado utilizándose las redes sociales, llamadas telefónicas o mensajes CONSIDERANDO que en los últimos meses aumentó el número de ataques contra periodistas cometidos por parte de corporaciones de seguridad estatales y federales; así como por las Fuerzas Armadas, que van desde amenazas, detenciones, lesiones de leves a graves o robo de equipo, especialmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Baja California Sur, Morelos, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo, Yucatán, Coahuila y Distrito Federal CONSIDERANDO que reporteros de El Noroeste de Sinaloa en sólo ocho días en febrero recibieron seis ataques por parte de policías municipales, estatales y federales, que incluyeron amenazas de muerte, golpes, borrado de imágenes y pérdida de equipo, en un contexto de alto riesgo tras la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa CONSIDERANDO que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) determinó archivar el expediente por la desaparición del periodista de El Imparcial de Sonora, Alfredo Jiménez Mota, sin que hasta el momento se conozca su paradero ni hayan sido detenidos los responsables CONSIDERANDO que la FEADLE sostiene que consignó los expedientes de los casos de asesinatos de los periodistas Bradley Ronald Will, Valentín Valdés Espinosa, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, pero no ha informado sobre las conclusiones de sus pesquisas y el estado procesal que guardan CONSIDERANDO que la FEADLE tiene bajo su jurisdicción casos ocurridos desde 2005, y que después de tanto tiempo no ha podido resolverlos, como son los asesinatos de los periodistas Raúl Gibb Guerrero (2005), Enrique Perea Quintanilla (2006), Armando Rodríguez (2008) y María Esther Casimbe (2009), y que además se desconoce con precisión cuáles otros casos tiene bajo su responsabilidad en averiguación previa CONSIDERANDO que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales tienen a su cargo averiguaciones previas, actas circunstanciadas, órdenes de aprehensión o procesos penales desde 1997 sobre ataques y secuestros que no han resuelto y de los que se desconoce el estado jurídico que guardan, entre ellos, los de Jesús Blancornelas, José Ramírez Puente, Francisco Ortiz Franco, Francisco Arratia Saldierna, Guadalupe García Escamilla, Rodolfo Rincón Taracena, Armando Ramírez Dillanes, Carlos Ortega Samper, Eliseo Barrón Hernández, José Luis Ortega Mata y Miguel Ángel López Velázquez CONSIDERANDO que después de la exoneración de Marco Antonio Quiñones, uno de los autores materiales del atentado contra Jesús Blancornelas, director del semanario Zeta, y el homicidio de su chofer Luis Valero, la Procuraduría General de la República (PGR) continúa sin dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que tiene pendientes contra otros involucrados y tampoco ha retomado las pesquisas contra Quiñones para someterlo a juicio con nuevos elementos de prueba CONSIDERANDO que en Michoacán existe una situación excepcional por el control que ejercía el crimen organizado y que obligó al Estado mexicano intervenir para retomar el control de zonas e instituciones, que el seguimiento de la SIP demostró que los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en la zona suman 12 desde 1991, los cuales permanecen en impunidad, que son: Lázaro Cárdenas (1991), Ramiro Ramírez Duarte (1999), Jaime Arturo Olvera Bravo (2006), José Antonio García Apac (2006), Juan Pablo Solías (2007), Gerardo Israel García Pimentel (2007), Mauricio Estrada Zamora (2008), Miguel Ángel Villagómez Valle (2008), Martín Javier Miranda Avilés (2009), María Esther Casimbe (2009), Ramón Ángeles Zalapa (2010) y Hugo Alfredo Olvera Cartas (2010) CONSIDERANDO que la SIP da seguimiento, desde 1987, a los asesinatos y secuestros de periodistas en México, exigiendo que cada uno sea investigado, sometidos a juicio todos los responsables y que el Estado informe si el ataque fue por causa de su trabajo informativo CONISDERANDO que el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que se conformó legalmente en 2012, después de dos años no ha logrado constituirse como un verdadero organismo que cumpla con ofrecer seguridad a reporteros y medios amenazados, debido a los remoción constante del personal incluidos dos de los directores (el último en marzo), a la falta de conciencia, visión y entrenamiento del personal CONSIDERANDO que la FEADLE a pesar de ser un área especializada, se dedica más a enviar casos de ataques a periodistas a las procuradurías de justicia locales que ha resolverlos. En los últimos cinco años inició 389 averiguaciones previas, de ellas consignó 59, se quedó con 26 expedientes y se declaró incompetente en el resto, enviándoselos a las autoridades locales o archivándolos CONSIDERANDO que los gobiernos de los estados que también han aprobado legislaciones para crear fiscalías especiales o mecanismos de protección para periodistas, tampoco muestran avances en resolver los casos de informadores asesinados, desaparecidos o amenazados CONSIDERANDO que hace un año se instaló en el Senado de la República la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, sin que hasta el momento muestre resultados concretos y tampoco se haya dedicado a supervisar el trabajo de la FEADLE CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”. LA SIP RESUELVE Exigir a las Procuradurías de Justicia de los estados de Sonora, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Baja California Sur, Morelos, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo, Yucatán, Coahuila y Distrito Federal, a que investiguen de manera expedita los casos de periodistas amenazados y que han sufrido lesiones Demandar al Congreso de la Unión para que incremente la penalidad de los delitos de  amenazas y lesiones, cuando éstas sean contra periodistas y en ejercicio de su trabajo, y aumente más si provienen de un funcionario público, con el fin de proteger la libertad de expresión y de información Demandar a la FEADLE que permita a la SIP la revisión del expediente sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, que ha sido archivado Emplazar a la FEADLE para que en breve ofrezca un informe de las conclusiones a las que llegó en las investigaciones sobre los asesinatos de los periodistas Bradley Ronald Will, Valentín Valdés Espinosa, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, para conocer las razones de estos ataques, quiénes son los responsables y cuál es la situación jurídica del caso, como así también para que apresure las investigaciones sobre los asesinatos de Raúl Gibb Guerrero, Enrique Perea Quintanilla, Armando Rodríguez y María Esther Casimbe, y someta juicio a todos los responsables, y haga público, de manera urgente, las características del mismo Demandar a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales para que informen de manera precisa y urgente cuáles investigaciones están bajo su jurisdicción en averiguación previa, en acta circunstanciada y en proceso penal Exigir nuevamente a la Procuraduría General de la República que ejecute las órdenes de aprehensión que tiene pendientes en el caso del ataque contra el periodista Jesús Blancornelas y su chofer Luis Valero, antes de que prescriban Demandar al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, que como coordinador de todos los esfuerzos estatales y federales que se desarrollan en la entidad, lleve a cabo la revisión de los 12 casos de periodistas asesinados o desparecidos en la región Exigir a las procuradurías de justicia de los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, que investiguen y resuelvan los casos que tienen bajo su jurisdicción por asesinatos, secuestros o amenazas contra periodistas y medios de comunicación Recordar al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que México no ha cumplido con las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los asesinatos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza Reclamar por segunda ocasión al procurador General de República, Jesús Murillo Karam, para que la FEADLE sea incluida en la Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento, y se le dote de recursos económicos, técnicos y de personal de alto nivel Exigir a la FEADLE para que ejerza su facultad de atracción federal de casos de manera oportuna y real Exhortar a la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado, para que adopte un papel protagónico en la revisión del trabajo de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación.  

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