Ecuador

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CONSIDERANDO que el gobierno de Ecuador ha optado por desconocer las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar los derechos humanos de los periodistas independientes CONSIDERANDO que el inicio de operaciones de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) ha contribuido a crear un clima de deterioro de la libertad de expresión durante el último semestre CONSIDERANDO que sigue pendiente el pedido de inconstitucionalidad por la Ley de Comunicación expedida por el presidente Rafael Correa CONSIDERANDO el uso indiscriminado del aparato judicial por parte del poder ejecutivo para criminalizar a periodistas y medios de comunicación en represalia por sus posiciones editoriales. LA SIP RESUELVE Insistir al Gobierno de Ecuador, presidido por Rafael Correa, para que respete la competencia jurídica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y adopte las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que protegen las garantías  fundamentales de ciudadanos de Ecuador que han denunciado ser víctimas de violación a sus derechos Exhortar a las Supercom que cese el hostigamiento a los medios privados ya que sus decisiones están abonando el terreno para afectar aún más las libertades de expresión y de prensa en Ecuador Insistir a la Corte Constitucional que se resuelva en el menor tiempo posible el pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación presentado por varios ciudadanos y hacer una revisión integral de la ley para que, siendo un mandato constitucional, los contenidos  se ajusten a la normativa interamericana sobre libertad de expresión Solicitar al gobierno de Educador que se otorgue garantías a las empresas privadas de comunicación y se brinde seguridad al ejercicio del periodismo independiente Solicitar al presidente de Ecuador, Rafael Correa, se abstenga de iniciar acciones legales por los delitos de injuria y desacato, porque ello significa penalizar la libertad de expresión de los ciudadanos y perseguirlos por sus opiniones, en especial las que se vierten en contra de funcionarios públicos.  

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