Venezuela

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CONSIDERNADO que la pérdida de las libertades democráticas y sus garantías fundamentales en Venezuela, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro Moros, que se hace evidente al reprimir como política de Estado las manifestaciones públicas y su cobertura por los medios de comunicación social independientes; CONSIDERANDO que han ocurrido desde los días previos al 12 de febrero de 2014 y hasta el presente, violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos en Venezuela, siendo criminalizadas - sin las garantías del debido proceso - las protestas ciudadanas por legítimos reclamos; CONSIDERANDO que la orden presidencial de suspender, sin mediación judicial, las transmisiones de la cadena internacional de televisión NTN24, y de expulsar del territorio nacional a la periodista Patricia Janiot de la cadena CNN, quienes dejaban constancia de las acciones de violencia potenciadas por la actuación, bajo instrucciones gubernamentales, de los cuerpos de seguridad del Estado, milicias de la Guardia Nacional Bolivariana y grupos civiles oficialistas armados, que han dejado un saldo elevado de jóvenes asesinados, heridos, torturados, encarcelados o sometidos a medidas judiciales por la supuesta comisión de delitos de insurgencia o terrorismo; CONSIDERANDO que han sido víctimas de tal política de represión más de 111 periodistas y trabajadores de la prensa de distintos medios de comunicación social, nacionales y extranjeros, quienes a la par de ser detenidos por ejercer su oficio o verse agredidos, han perdido sus instrumentos de trabajo, los cuales les han sido robados o destruidos; CONSIDERANDO que la negativa o el retraso gubernamental a suministrarle a la prensa escrita independiente las divisas necesarias para importar papel de periódico, encontrándose distintos diarios en la circunstancia de suspender la circulación o reducir sus espacios de información, bajo el riesgo cierto e inmediato de cerrar sus actividades; CONSIDERANDO que el Gobierno venezolano ejerce presiones indebidas, amenazas y mecanismos de censura, directos e indirectos, sobre los medios de comunicación independientes y que varios periodistas y profesionales de la prensa se han visto obligados a renunciar a sus puestos de trabajo como mecanismo de protesta ante la imposibilidad de ejercer su profesión por la censura LA SIP RESUELVE Expresar su solidaridad al pueblo de Venezuela, a las víctimas y sus familiares, así como a los medios de comunicación y periodistas afectados por la violencia del Gobierno venezolano que debería ser el responsable del mantenimiento y sostenimiento del orden público con estricto apego a los derechos humanos y las garantías constitucionales e internacionales. Condenar la violación generalizada y sistemática de derechos humanos por parte del Gobierno venezolano con  la complicidad u omisión de los demás Poderes Públicos, Saludar las iniciativas internacionales para la interposición de buenos oficios o mediación, por parte de personalidades o instituciones imparciales y capaces de actuar de buena fe, como la Iglesia Católica. Exhortar a los gobiernos de la región y a los organismos intergubernamentales a no ser indiferentes ante la situación de grave alteración de la democracia y de la libertad de prensa en Venezuela. Invitar a los medios de comunicación social, miembros de la SIP, a mantenerse en alerta, informando a la opinión pública, de manera  oportuna sobre los sucesos que ocurren en Venezuela.  

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