El clima de libertad de prensa sigue siendo adverso. Se mantienen los ataques oficiales y paraoficiales contra quienes ejercen la crítica, el abuso en el reparto de la publicidad oficial, la falta de acceso a la información pública y la discrecionalidad regulatoria y administrativa.
Como positivo se menciona la salida del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, uno de los más agresivos impulsores de la campaña para controlar la producción y distribución de papel para diarios, y del boicot publicitario de anunciantes privados. Asimismo es positivo la aprobación por el Congreso de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que reduce las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado para los medios gráficos, así como la extensión de un régimen ya existente de canje de deudas por publicidad oficial. Ambas medidas mejoran las deterioradas ecuaciones económicas de los medios. Según la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), se dejaron afuera, de manera injustificada, a muchos medios. Dos en el primer caso; y a todos los digitales junto a 16 publicaciones en el segundo. La estigmatización y el señalamiento desde el Estado a determinados medios por informar sobre cuestiones incómodas para el poder sigue siendo práctica habitual. La presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de alta jerarquía, como el jefe de Gabinete, constantemente sugieren que algunos medios, junto a otros sectores de la sociedad, urden maniobras desestabilizadoras. Se trata de acusaciones que entrañan riesgos para la integridad física de los periodistas. El escrache es otra de las herramientas usada para perseguir la disidencia y ha llegado al punto de que la organización oficialista La Cámpora, con fondos que se presumen públicos, financiara ediciones apócrifas de medios como Clarín, para atacar al propio diario y a dirigentes políticos opositores. Si bien subsiste una marginación informativa contra algunos medios, se atenuó durante este año. Algunos funcionarios aparecieron por primera vez en ciertos programas televisivos y concedieron entrevistas a medios gráficos a los que solían discriminar. Las periódicas conferencias del jefe de Gabinete, aunque muchas veces son usadas para denostar al periodismo crítico, también constituyen un contrapunto en la política oficial de comunicación. La Presidenta sigue esquivando, salvo contadas excepciones y con formatos restrictivos, las conferencias de prensa abiertas. En una videoconferencia, realizada en conjunto con su par ruso Vladimir Putin, afirmó que es necesario “tener acceso directo a la información sin intermediarios que nos quieran mostrar las cosas de una manera diferente”. Aunque algunos medios excluidos en la distribución de pauta oficial hoy reciben un porcentaje de esta, los niveles de discrecionalidad en su adjudicación y la desproporción respecto a cualquier base objetiva siguen siendo, muy altos. Esto atañe al gobierno nacional como también a gobiernos provinciales. En 2014, el gobierno nacional consumió 140 de los 185 millones de dólares presupuestados, después de sucesivas modificaciones a las previsiones originales, para publicidad oficial. El porcentaje consumido es mayor respecto de los 170 millones presupuestados para Fútbol para Todos, el programa oficial que estatizó la televisación de los partidos de fútbol de primera división y que tiene al Estado como anunciante exclusivo de sus emisiones. Si a estas cuentas se agregan los fondos empleados para el funcionamiento de medios públicos, dedicados en gran medida a propalar el discurso oficial y a hostigar a quienes lo cuestionan, y para el mantenimiento de organismos vinculados a la comunicación, se trataba de más de 600 millones de dólares que se destinan a la política oficial comunicacional del Gobierno. La pauta oficial, que ya en la primera mitad del año superó en un 60% a la de 2013, continúa favoreciendo a los medios menos críticos. Excesos y arbitrariedad en la administración de la publicidad oficial se registran en distritos gobernados por representantes de diversas líneas políticas como en las provincias de Córdoba, San Juan, Mendoza y Buenos Aires, así como la Capital Federal, donde durante la actual gestión creció en un 1000% hasta alcanzar los 70 millones de dólares. En Formosa, el coordinador de medios presionó a radios locales para que emitieran un spot sobre el tratamiento de uranio, amenazándolas con restricciones publicitarias. La Corte Suprema de Justicia ha dictado distintas sentencias que prohíben este tipo de uso de fondos públicos. No se logró que se eliminaran estas prácticas. A cinco años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se constatan sugestivas indefiniciones y demoras en su aplicación. En todo este tiempo no hubo un tratamiento igualitario a las empresas que deben adecuarse a lo establecido por la norma. Un nuevo capítulo se agregó a principios de octubre cuando la autoridad de aplicación, rechazó el plan de adecuación voluntaria a la ley del Grupo Clarín, iniciando una transferencia de oficio de los medios audiovisuales que lo integran. Al declarar la constitucionalidad de los artículos de la ley que habían sido cuestionados por Clarín, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que la autoridad de aplicación debe respetar la igualdad de trato y actuar con independencia del Gobierno y de cualquier grupo de presión. La autoridad de aplicación incumple las exigencias de la Corte al demorar el análisis de planes de adecuación presentados por otros medios, al otorgar nuevos plazos a algunos de ellos y al resolver expeditivamente el desmembramiento discrecional de un grupo de medios. La agresión de custodios del vicepresidente Amado Boudou a Carolina Ponce de León, quien terminó con dos costillas fracturadas, y el intento de aplicación de la ley antiterrorista a Juan Pablo Suárez, son dos casos preocupantes dentro de una larga lista de ataques e intimidaciones contra periodistas. La ley de acceso a la información pública sigue siendo una asignatura pendiente.