BOLIVIA

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El reciente proceso electoral fue una muestra fotográfica de la fragilidad de las libertades constitucionales frente a un poder político que restringe derechos tan elementales como la libertad de expresar y proponer ideas, debatir propuestas y difundir el pensamiento de personas, agrupaciones sociales y partidos políticos de oposición. Por primera vez cerca de seis millones de electores debieron esperar al último mes, antes de la consulta popular, para conocer las propuestas de los partidos políticos, presentadas en forma apresurada y con serias limitaciones de espacio y medios. Mientras el oficialismo vino difundiendo ideología y propaganda desde 2005, en una campaña proselitista permanente, el Tribunal Supremo Electoral impidió que la oposición, dispersa por problemas propios, tuviera el tiempo suficiente para difundir sus programas y propuestas. La norma oficial dispuso que la campaña en sí misma fuera sólo desde los 30 días previos a las elecciones generales del 12 de octubre. La imparcialidad de la institución responsable de dirigir los comicios ha quedado en duda. Ya anteriormente, sus miembros, algunos de los cuales son cercanos seguidores del presidente Evo Morales, impusieron a los medios y empresas encuestadoras la obligación de registrarse a fin de que sean habilitados legalmente para realizar estudios de opinión y encuestas sobre preferencias electorales. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que agrupa a los principales medios impresos, calificó la medida de “censura previa”, la que está excluida del texto constitucional que asigna al Estado el papel de garante del derecho a la libertad de expresión. La regulación de mensajes políticos ha respondido a un interés de limitar la expresión de ideas y propuestas de partidos opositores, mientras se ha mostrado ampliamente flexible con las campañas del gobierno y la actuación del Jefe de Estado durante la entrega de obras públicas en el país. Los medios han buscado diversas formas para aproximar a la ciudadanía a los candidatos. El Presidente, y a la vez candidato, ha rehuido al debate sobre su propuesta electoral. En la misma línea, la mayoría de los candidatos del partido gobernante, a cargos de senadores y diputados, rechazaron el debate abierto con la oposición. Los medios estatales -el canal Bolivia Tv, la Red Patria Nueva y el periódico Cambio- se abstuvieron de transmitir y difundir los debates organizados por los gremios periodísticos en los que participaron sólo los cuatro candidatos de oposición. El caso del canal estatal puso en evidencia una conducta de desprecio total hacia la opinión pública, cuando la ministra de Comunicación justificó la ausencia de ese medio en la transmisión del debate entre candidatos presidenciales alegando “desconocer” quién o quiénes definen su política, siendo que ella es quien preside el directorio de esa empresa. La presión oficial sobre los medios independientes, también incluyó condicionamiento sobre las entrevistas de los candidatos oficialistas. Un periodista de la cadena privada de TV Uno denunció que para aceptar una entrevista con el candidato vicepresidencial, se le impusieron temas y se le vetaron otros, como los vinculados al narcotráfico. También preocupó el uso indiscriminado de fondos públicos durante la campaña electoral, con enormes despliegues publicitarios y coberturas de medios estatales y paraestatales de los funcionarios del oficialismo. En este caso fue inexistente la fiscalización de los poderes públicos debido a que están cooptados por el oficialismo. Además de esas restricciones en el período electoral, se mantienen otros procesos preocupantes para la libertad de prensa. Desde el inicio de su gestión, en enero de 2006, el presidente Morales acusó a la prensa de haberse transformado en un actor político opositor a su régimen por denunciar situaciones de abuso de poder y corrupción en el gobierno. El gobierno continúa con la creación de una red de medios estatales y progubernamentales que compiten con los medios privados. Fortaleció la red de televisión Bolivia TV y la radio Patria Nueva con la creación de una red de radios indígenas y con la compra de acciones en medios privados transformándolos en medios paraestatales, como es el caso de algunos periódicos y canales de TV. Estos medios estatales reciben publicidad oficial en detrimento de los medios privados. Tras la denuncia de casos de corrupción o hechos de interés público el Gobierno inició demandas judiciales contra los diarios La Prensa y Página Siete de La Paz. Tras la publicación de una información sobre la demanda marítima boliviana se abrió un juicio contra periodistas de La Razón. Pese al reclamo de las organizaciones de medios, el gobierno ha impulsado un seguro de vida para los periodistas que puede afectar los restringidos presupuestos de los medios. La ley impone a los medios que aporten el 1% sobre ingresos reales y efectivos, previa deducción del IVA y los impuestos a las transacciones. La Ley de Lucha contra el Racismo, aprobada en 2010, criminaliza el trabajo periodístico y prevé la posibilidad de encarcelar a un periodista o cerrar un medio de comunicación; mientras que la Ley del Régimen Electoral también contiene restricciones a la cobertura de procesos electorales especiales como la elección de miembros del Poder Judicial. La amenaza más preocupante del gobierno es el impulso de una Ley de Comunicación que pudiera abrir la puerta a la intervención y el control de las organizaciones sociales en el trabajo de los medios. Periodistas de Canal 33, entre ellos Marianela Montenegro han sido víctimas de allanamientos, secuestros, multas y todo tipo de presiones, al margen de la legislación vigente en ese país. Este medio también ha sido víctima de la activación de una serie de mecanismos de presión que incluyen el inicio de procesos judiciales indefinidos e injustificados en busca de su estrangulamiento económico. En abril de 2014, los periodistas de La Razón, Ricardo Aguilar y Claudia Benavente en su calidad de directora, fueron imputados por los delitos penales de espionaje y revelación de secretos de Estado, en una acción emprendida por el Procurador General del Estado, fruto de un artículo publicado referente a la causa marítima boliviana. En el proceso existieron presiones para revelar la fuente vulnerando la confidencialidad de la misma. Después de realizar las apelaciones ante las instancias competentes el Tribunal Departamental de Justicia resolvió que el caso sea resuelto ante un Tribunal de Imprenta. La Razón denunció agresión comercial en su contra de parte del principal empresario del cemento y candidato presidencial, quien instruyó el retiro de toda la publicidad y suscripciones diarias del grupo empresarial que controla y asocia al menos siete marcas comerciales, vulnerando de esta manera la estabilidad financiera del medio.    

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