Se abrió una nueva etapa en el país. El 1 de junio asumió Salvador Sánchez Cerén, del FMLN y la situación de libertad de prensa ya es tensa.
Uno de los principales problemas registrados con los medios de comunicación se ejemplifica con un hecho sucedido con la televisión en un tema de asignación de frecuencias, problema que inició en abril pasado y se mantiene a la fecha. En abril la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), entidad estatal encargada de la regulación y asignación de frecuencias para las televisoras, designó en una posición privilegiada a un canal comprado por un empresario extranjero, ubicado en una frecuencia de menor captación de público y sin cumplir las reglas establecidas. El empresario mexicano Ángel González, con su empresa TV RED, compró en El Salvador el canal 37 en el sistema UHF y SIGET lo asignó sin mayores explicaciones en el canal 11, en VHF. Esto generó una batalla legal por parte de las televisoras locales que reclaman la discrecionalidad de la asignación pasando por encima de las leyes establecidas. Han dicho que están en contra de la competencia desleal. Las televisoras locales (Telecorporación Salvadoreña (TCS) con sus canales 2, 4 y 6; Megavisión con los canales 19 y 21, y canal 12; el canal 8 es un canal no lucrativo y el canal 10 es estatal), demandaron en la junta de directores de la SIGET, el retorno del 37 al 11. La Superintendenta del actual gobierno se había negado a regresar el canal 11 al canal 37, pero la junta de directores falló en favor de las televisoras. La empresa TV RED mientras tanto impuso un recurso de revisión de esa decisión de la Junta de Directores SIGET en la Sala Contencioso de la Corte Suprema de Justicia. La Superintendenta hizo caso omiso de los reclamos para cumplir la sentencia, y dio tiempo a que esa Sala Contencioso ordenara una medida cautelar a favor del Canal 11 para que siguiera transmitiendo hasta el final del caso. El proceso puede tardar años. Las televisoras locales han denunciado los actos arbitrarios que consideran se han registrado en este proceso de asignación preferente a un canal y se sospecha de la relación del empresario con las autoridades gubernamentales, tal como ocurre en otros países. El FMLN y partidos aliados aprobaron una nueva ley de lavado de dinero y activos y decidieron incluir a los medios de comunicación sin el más mínimo sentido técnico o argumento como empresas que debían ser reguladas, controladas e intervenidas como acción de esta ley. Tras las protestas y debates, se realizaron nuevas reformas a la ley y en agosto los medios quedaron fuera del control específico de la ley. El control exigía la presencia de un oficial auditor de lavado en representación del Estado dentro de un medio, controlando cualquier actividad de operaciones financieras, dándole potestad para intervenir y pedir cualquier tipo de información. El gobierno mantiene un acoso administrativo contra los medios. Está utilizando instancias reguladores o de control desde el Ministerio de Trabajo, de Medio Ambiente o instancias financieras-fiscales o de comercio para solicitar todo tipo de información empresarial a los medios. El periódico La Prensa Gráfica ha tenido más de 30 visitas de representantes del gobierno durante los últimos años. Dos semanas atrás se registró un nuevo caso de censura. La Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) elaboró un manual de manejo de información en la que restringe el acceso de los medios a temas de seguridad pública. El objeto es controlar, restringir los datos y hasta ha bloqueado la presencia de oficiales en redes sociales. En estos momentos, las autoridades no han dado explicaciones ni respuestas ni han girado alguna orden de cambio para el acceso a la información pública. El 12 de julio fue asesinado Carlos José Orellana, de 23 años, camarógrafo del canal 99, televisora del departamento de Usulután, y ex colaborador de radio Café, una emisora de la misma zona. Fue atacado por dos individuos que lo mataron con un arma blanca, cerca de su casa en el poblado de Santiago de María. Siguen las investigaciones y no se descarta que haya sido asesinado por razones de oficio. En julio el periodista Oscar Martínez, del periódico digital El Faro, fue coaccionado en un falso operativo policial, en una carretera del occidente del país. Un retén policial lo entrevistó sobre las labores que había realizado en un poblado de occidente. Los agentes le hicieron una serie de preguntas y le dijeron que habían montado el operativo contra él. Fue interrogado y retenido por varios minutos sin explicación legal alguna. La máxima autoridad en Seguridad Pública, el Ministro Benito Lara, se comprometió a indagar lo sucedido, y pese a las peticiones hechas por diferentes instituciones, incluidas la SIP, no se ha dado respuesta alguna. En junio, llegó a juicio el caso de la periodista Jessica Ávalos, quien fue agredida y amenazada por dos sindicalistas, uno de los cuales fue condenado. El caso sobre una petición de información respecto a 769 asesores en el Congreso, sigue pendiente de resolverse en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Esta se ha convertido en la instancia donde quedan sin resolverse las solicitudes de acceso a la información.
