El clima de libertad de prensa sigue enturbiado por el acoso judicial contra un medio y por la política del Gobierno de premiar y castigar con publicidad oficial a los medios, según su línea editorial.
En septiembre pasado, el gobierno puso en evidencia que mantiene una especie de espionaje en los medios independientes, cuando dio a conocer, 12 horas antes de que se publicara en elPeriódico, una investigación periodística, según la cual, la vicepresidenta Roxana Baldetti ha tenido un enriquecimiento ilícito acelerado.
El Gobierno publicó una copia fiel de las páginas diseñadas del diario en su página de internet, en donde anticipaba que se trataba de una “campaña de desprestigio” contra la funcionaria. La explicación que se dio, fue que empleados del diario filtraron las páginas a funcionarios, pero no presentaron pruebas de ello. Sectores de la sociedad civil censuraron la actitud del Gobierno de intentar intimidar al diario con la publicación anticipada del reportaje en mención.
Ese matutino y el periodista Zamora han sido objeto de más de 20 demandas judiciales por parte de funcionarios del partido de gobierno, en una acción de intimidación. Zamora ha respondido que no se dejará intimidar y que continuará con su periodismo crítico y fiscalizador.
En julio se conoció que el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, había sometido más de 30 denuncias contra Zamora y personal de elPeriódico, por la publicación de columnas de opinión y comentarios que habrían afectado su reputación. Los delitos imputados son por sedición, incitación pública, instigación a delinquir, calumnia, injuria y difamación.
Una misión de la SIP estuvo en Guatemala a principios de año y escuchó las versiones sobre el cerco comercial al que se ha sometido elPeriódico. No solo es uno de los medios a los que se les ha suspendido la publicidad oficial, sino que el propio presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti, promueven que anunciantes particulares retiren la publicidad de sus páginas. Zamora ha denunciado consecuencias graves con este cerco comercial.
Los medios que no son afines al Gobierno sufren también del recorte de la publicidad oficial, mientras que los que no hacen críticas de fondo a la gestión oficial, reciben millonarias cantidades en publicidad.
El secretario de prensa de la Presidencia, Francisco Cuevas, ha reconocido que no se da pauta oficial a elPeriódico por su línea editorial, pero niega que haya un complot comercial en su contra. Además, insiste constantemente en que las publicaciones del diario afectan “la privacidad” de los mandatarios.
Por otra parte, guardaespaldas de la vicepresidenta Baldetti golpearon a dos periodistas de elPeriódico, Pavel Vega y Alex Cruz, quienes intentaban cubrir una conferencia de prensa que la vicemandataria ofrecía, precisamente para hablar sobre sus propiedades. Además de la agresión, se dañó la cámara del fotógrafo.
No hubo ninguna sanción contra los guardaespaldas, a pesar de haber interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
El 13 de agosto fue cancelada la señal del canal TV Santiago en el municipio de San Miguel Dueñas, por órdenes del alcalde Julio Cesar Quiñones Hernández. El periodista y propietario del canal, Mynor René Cáceres Arreola, relato que el proveedor de la empresa que distribuye la señal le comunicó que cancelaría su transmisión debido a presiones del alcalde, molesto por la cobertura de TV Santiago sobre la situación de violencia en el municipio y sus críticas por la falta de acción del gobierno local.
El 22 de julio el periodista Abel Reyna Puac fue atacado cuando documentaba en el municipio de San Francisco Zapotitlán la entrega irregular de fertilizantes.
En agosto, el Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) denunció que sus miembros fueron objeto de una cadena de ataques, entre ellos informáticos, así como del ataque al periodista Gustavo Illescas, raíz de su cobertura sobre los desalojos en el departamento de Alta Verapaz, realizados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.
El 26 de junio, en un editorial de Prensa Libre, titulado “Ya no más llamadas, presidente Pérez”, criticó que el presidente Otto Pérez Molina llamara al director del diario en forma reincidente por informaciones que le disgustaron.
En junio, se denunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron limitar el libre acceso de los periodistas a la información. El TSE negó las actas sobre sesiones a las que calificaron de orden privado y la CSJ impidió que los magistrados puedan ser entrevistados al prohibir que los periodistas accedan a sus oficinas.
La decisión respondió a una solicitud de información de Prensa Libre del 29 de abril.
El 21 de junio las radios comunitarias Estéreo Luz y La voz de Sonora, ambas en el departamento de Quiché, fueron allanadas de manera violenta por la Policía Nacional Civil (PNC) tras una orden del Ministerio Público.
El director de Estéreo Luz, Juan Tzul, denunció la actitud violenta de los policías que apuntaron con sus armas a varias personas y que no tenían orden de allanamiento. Las autoridades decomisaron los equipos.
En la radio La Voz de Sonora la policía detuvo a un hombre y confiscó también equipo de transmisión.
A principios de octubre la fiscal general de la Nación, Thelma Aldana, se comprometió ante la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) a solicitar a la Fiscalía de Delitos Contra los Periodistas un informe sobre el avance de la investigación penal de cuatro asesinatos de periodistas en 2013 y sobre las denuncias de atropellos y agresiones contra 75 periodistas desde 2012. Los casos de los periodistas asesinados son: Jaime Napoleón Jarquín Duarte, Luis Alberto Lemus Ruano, Luis de Jesus Lima y Carlos Humberto Orellana Chávez.
