NICARAGUA

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El clima de libertad de prensa sigue enrarecido por acción del gobierno como durante toda la presidencia de Daniel Ortega.

El gobierno no respeta la Ley de Acceso a la Información Pública y no mantiene actualizada las páginas web de instituciones gubernamentales que más bien están llenas de propaganda política partidaria. El presidente Ortega, en los siete y medio años de gobierno no ha dado  una sola conferencia de prensa. En ocasiones especiales da discursos kilométricos, ordena cadenas radiales y televisivas donde hasta los canales de cable internacionales por suscripción quedan fuera del aire. Este año, durante el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas le hicieron al gobierno cinco recomendaciones dirigidas a respetar la libertad de expresión, incluido el derecho a la protesta pacífica y abstenerse de acciones destinadas a intimidar o reprimir; despenalizar la difamación; establecer una estructura institucional que garantice el acceso a la información pública; promover la pluralidad de los medios de comunicación e investigar y sancionar las agresiones contra periodistas. La representación del Gobierno aceptó dos recomendaciones, indicando que en el país existe irrestricta libertad de expresión garantizada por la Constitución. La “compañera” Rosario, como se le llama a la esposa del Presidente, Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, es la única persona autorizada para informar en el gobierno. Lo hace con un informe diario que transmite por todos los medios oficiales y se oye por parlantes públicos en los mercados. Así cumple con una política diseñada por ella misma para no producir información “contaminada”, según un documento que se filtró y que daba los lineamientos de la comunicación en la administración de Ortega. La única manera de conseguir información pública es escuchar cada medio día los largos monólogos de “la Compañera”, cargados de números sobre los logros de cada ministerio. Ningún funcionario puede dar información, solo la entregan a medios oficiales. Los pocos funcionarios que se atrevieron a ofrecer información a los medios independientes, fueron destituidos de sus cargos. Los organismos del Estado impiden que los periodistas cubran los eventos gubernamentales y no se les permite entrar a conferencias de prensa. La falta de equidad en la distribución de la publicidad oficial, casi nula para los medios independientes, ha hecho desaparecer a  muchos medios pequeños, especialmente radio-periódicos. En materia de propiedad de medios, la política del Gobierno fue adquirir o neutralizarlos, tanto en la capital como en los departamentos, especialmente a las radios y televisiones que llegan a las clases populares. Un anteproyecto de la nueva Ley de Policía incluye un artículo en el que prohíbe a cualquier persona natural o jurídica investigar, dejándose esta actividad solo a la Policía. El proyecto sigue en discusión después de que hubo críticas severas por su anticonstitucionalidad al violar el derecho de toda persona a informar y estar informado.

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