PUERTO RICO

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 Prevalece buen clima de libertad de prensa y de expresión, aunque existen  prácticas gubernamentales que afectan el derecho de los periodistas a la intimidad y a la protección de sus fuentes.

En una decisión adoptada este año que fija jurisprudencia y reivindica la labor periodística, el Tribunal Supremo estableció que una orden judicial de un fiscal para obtener información del teléfono celular de un reportero de televisión, violaba su derecho constitucional a la intimidad. El caso se remonta al 2003 cuando Carlos Weber, reportero de Las Noticias, de Univisión, Canal 11, se enteró que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia había pedido a la compañía Cingular los registros telefónicos de su celular, sin su conocimiento ni autorización. Weber había sido alertado por un agente de que se realizaría un operativo contra el crimen organizado y el NIE investigaba dicha filtración de información, lo que representa un rastreo de la identidad de la fuente. Weber demandó al Estado, alegando que se habían violado sus derechos a la intimidad. Una mayoría del Tribunal entendió que el Estado se había excedido, y que el periodista tenía una expectativa razonable de intimidad, que había sido violada. El juez Gustavo Gelpí, del Tribunal Federal de San Juan, emitió una orden para establecer las reglas y condiciones a seguirse en las entrevistas que harían los periodistas al monitor, Arnaldo Claudio, encargado de supervisar el proceso de reforma de la Policía de Puerto Rico, ordenada a raíz de señalamientos sobre un patrón de violaciones de derechos civiles por parte de agentes. El problema de la orden, con término de 30 días, era que exigía que los periodistas hicieran llegar con antelación sus preguntas y que no fueran “sensacionalistas, ni con preguntas políticas” sobre el proceso. Esto  generó críticas de organizaciones de prensa (como el Centro para la Libertad de Prensa) y del Colegio de Abogados. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club condenaron  agresiones sufridas por periodistas y fotoperiodistas que cubrían en junio protestas de los sindicatos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), frente a la Asamblea Legislativa. Los afectados fueron los reporteros Francisco Rodríguez Burns, de GFR Media; Charito Fraticelli y Luis Guardiola, de Telemundo, Canal 2 y el camarógrafo de Univisión, Canal 11; Dennis Rivera Bello.

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