ESTADOS UNIDOS

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Las discusiones sobre la libertad de prensa siguen centradas alrededor de los problemas que afectan la confidencialidad de las relaciones entre el reportero y sus fuentes. Las revelaciones del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden referidas a amplios programas de vigilancia del gobierno, unidas a las nuevas políticas que prohíben a los empleados del gobierno tener contactos no autorizados con periodistas, han reforzado el efecto negativo sobre la comunicación entre el reportero y sus fuentes. Esto hace aún más difícil a los periodistas recoger información y reportar noticias sobre asuntos de interés público. En junio la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de James Risen, reportero de The New York Times, que se negó a revelar la identidad de sus fuentes confidenciales en un juicio sobre fuga de información. Esto, junto a la falta de progreso en una ley escudo federal para proteger a los periodistas, ha hecho aumentar la preocupación acerca de la permanente búsqueda de filtraciones e impactado negativamente la comunicación de los periodistas con sus fuentes confidenciales. Unas de las principales preocupaciones de periodistas y medios de comunicación han sido las órdenes de arresto y citaciones, en particular en casos de fuga de información sobre temas de seguridad nacional, sobre todo desde el verano del 2013, cuando se reveló que el gobierno de Estados Unidos se había apoderado en secreto de los registros telefónicos de The Associated Press y de los correos electrónicos del reportero de Fox News, James Rosen. Los periodistas también siguen enfrentándose a otros desafíos. En agosto fueron arrestados y hostigados los periodistas que cubrían las protestas que siguieron a los disparos de la policía contra un adolescente negro desarmado en Ferguson, Missouri. Dos periodistas fueron detenidos mientras no hacían otra cosa que recargar sus teléfonos en un restaurante McDonald’s. Varios periodistas fueron detenidos, y muchos otros fueron intimidados, hostigados y amenazados por la policía mientras cubrían asuntos de interés público. La policía disparó balas de goma contra dos periodistas, y apuntó sus armas contra otros. Los periodistas siguen enfrentándose a obstáculos a la obtención de información bajo la Ley de Libertad de Información ("FOIA" por sus siglas en inglés), que podría modificarse para incluir una exención frecuentemente usada por agencias del gobierno para limitar el acceso a sus registros. Un estudio reciente de la Associated Press mostró que bajo el actual gobierno las agencias federales cada año rechazan un número creciente de solicitudes amparadas en dicha ley de acceso. Continúa vigente una práctica iniciada en el 2001 bajo la presidencia de George Bush, que permitía rechazar tales solicitudes bajo la "Exención Cinco", a pesar de ser repudiada oficialmente en el 2009. La Exención Cinco fue originalmente promulgada para "proteger la calidad de las decisiones de la agencia", pero en la práctica su ámbito de aplicación ha crecido de manera exponencial. Tan sólo en el 2013, la exención fue invocada 82,752 veces para rechazar solicitudes de información. Para citar un ejemplo, el Departamento de Asuntos de Veteranos citó la Exención Cinco al negarse a revelar los nombres de los hospitales donde habían muerto veteranos debido a retrasos en las pruebas de diagnóstico. El Congreso de Estados Unidos tiene la oportunidad de abordar esta cuestión con la Ley de Mejoramiento de la Ley de Acceso a la información 2014. El proyecto de ley abordaría el excesivo uso y el mal uso de la exención y establecería una prueba de equilibrio entre el interés público y la seguridad nacional para evaluar si la información debe divulgarse. Queda por ver si el Congreso actúa sobre el proyecto de ley. El libro de James Risen State of War: The History of the CIA and the Bush Administration (2006) dio a conocer un número de fuentes confidenciales, algunas de ellas empleados de la CIA que supuestamente filtraron información sin autorización. En el 2008, el Departamento de Justicia comenzó a investigar a Jeffrey Alexander Sterling, exagente de la CIA, por haber filtrado supuestamente información a Risen. Sterling fue acusado en el 2010 bajo la Ley de Espionaje, y Risen fue citado para testificar acerca de si el exagente había sido una de sus fuentes. Risen impugnó la citación. En julio del 2013 la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito resolvió que Risen no tenía derecho constitucional ni derecho común a negarse a declarar sobre la identidad de sus fuentes confidenciales, y que estaba obligado a cumplir con la citación. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de Risen sobre el fallo del Cuarto Circuito. Por lo tanto, si el Departamento de Justicia continúa buscando testimonios para obligar a Risen, y este se niega a declarar —como ha declarado que hará— se enfrenta a la posibilidad de ser encarcelado o multado. Funcionarios del Departamento de Justicia han declarado públicamente que no tienen la intención de pedir la cárcel para Risen. El Departamento de Justicia ha incorporado nuevas enmiendas a sus directrices sobre citación a los medios desde que estas se terminaron en febrero del 2014. El Comité de Reporteros y una coalición de más de 50 organizaciones de noticias recomendaron revisiones de las directrices, escritas originalmente en 1970, para aplicarse específicamente a periodistas y fueron revisadas en 1980 para incluir citaciones de terceros. Bajo las nuevas directrices, es más difícil para el Departamento de Justicia retener aviso a un periodista u organización de noticias cuando se cita a un tercero, y no puede retrasar el aviso por más de 90 días. Además, el Departamento no puede invocar la "excepción de sospecha" de la Ley de Protección de la Privacidad, la cual permite al gobierno obtener una orden de registro del material perteneciente a un periodista sospechoso de un delito, si el periodista participa en actividades de recopilación de noticias ordinarias y no es objeto de una investigación penal. Sin embargo, no se define en el reglamento en qué consisten "las actividades de recopilación de noticias ordinarias" En marzo del 2014 el Director de Inteligencia Nacional, James Clapper, emitió una directiva en la que prohibía a empleados de la agencia de inteligencia discutir con los medios de comunicación cualquier tema relacionado con la inteligencia, aunque fuera información no clasificada. La sanción por violar esta política sería la cancelación y pérdida de la autorización en seguridad, lo cual pondría fin a la carrera en el sector. Los empleados que aborden temas sobre información clasificada podrían enfrentar cargos penales. Sólo jefes de departamento, representantes de relaciones públicas, y otras personas autorizadas explícitamente, pueden hablar con la prensa. La política ha sido criticada por no distinguir entre la información clasificada y la no clasificada y por definir sólo en líneas generales los temas de los que no se puede discutir. Así, se prohíbe la comunicación que incluya "fuentes, métodos, actividades y juicios sobre inteligencia." La directiva es parte de lo que los miembros de la comunidad de medios de comunicación han reconocido como una política de barrido bajo el gobierno de Obama para controlar la información recibida por la prensa y para evitar fugas como las de Edward Snowden y la soldado Chelsea Manning. Los periodistas han encontrado cada vez más dificultades para informar debido a que muchos empleados del gobierno se niegan a hablar por temor a represalias. Como resultado de ello, los periodistas a menudo se limitan a las declaraciones oficiales y oportunidades de fotos. En junio del 2014 más de 70 organizaciones de noticias, entre ellas el Comité de Reporteros, enviaron una carta a los líderes de la mayoría y la minoría del Senado, urgiéndoles a programar una votación sobre el proyecto de ley de escudo, pero es poco probable que el Congreso de Estados Unidos apruebe dicha legislación en el futuro próximo. Muchos estados tienen leyes escudo que ofrecen distintos niveles de protección a aquellos periodistas a quienes se les pide testificar en un tribunal estatal o entregar sus notas. Una ley escudo federal brindaría cierto nivel de protección contra esas intrusiones en los tribunales federales. En específico, la versión actual de la propuesta ley escudo federal otorgaría una inmunidad limitada a los periodistas. Estos podrían ser obligados a testificar bajo ciertas circunstancias, entre ellas cuando la parte que solicita el testimonio ha agotado todas las fuentes alternativas razonables de la información. En una victoria reciente de la privacidad electrónica, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió por unanimidad en junio del 2014 que la policía necesita una orden para revisar los teléfonos celulares de las personas arrestadas. Si bien la decisión se refiere específicamente a los teléfonos de los detenidos, su planteamiento se aplica también a tabletas, ordenadores portátiles y, posiblemente, a la información en poder de empresas de telefonía de terceros. Ha pasado más de un año desde que Edward Snowden hizo públicas las revelaciones sobre el grado en que la Agencia de Seguridad Nacional había estado recopilando datos de teléfonos y correos electrónicos. Esa vigilancia sigue siendo un problema importante para el público estadounidense y los medios de comunicación. Los periodistas han dicho que, luego de conocer las prácticas de la Agencia de Seguridad Nacional, cambió su forma de relacionarse y comunicarse con las fuentes, y en algunos casos incluso les frenó de reportar sobre ciertas historias. Algunos avances tecnológicos están ayudando a los periodistas a comunicarse con fuentes preocupadas por la posibilidad de ser enjuiciadas al denunciar prácticas corruptas. Un número creciente de organizaciones de noticias están utilizando el software de código abierto SecureDrop, que les permite recibir información de forma segura proveniente de fuentes anónimas. El software encripta mensajes y documentos recibidos por Internet para que no pueda rastrearse su origen. De esta manera, por ejemplo, un investigador del gobierno no podría identificar a la fuente que envió la información. A raíz de una decisión clave de la corte y una regulación provisional de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), tanto los partidarios como los opositores de la neutralidad de la red, o "Internet abierta", están a la espera de ver lo que sucede. Según un fallo de enero del 2014, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del circuito D.C. sostuvo que la FCC sólo podría regular Internet si la clasifica como "transmisor público”. A los defensores de la neutralidad de la red les preocupa que, al no contar con una regulación, los proveedores de Internet podrían cobrar más para ciertos operadores, excluir determinados contenidos, o variar la velocidad del tráfico para diferentes tipos de contenido. En mayo del 2014, la FCC propuso cambios en sus normas, entre ellos el requisito de que los proveedores de servicios de Internet ofrezcan un nivel mínimo de acceso y que sus prácticas no sean "comercialmente irrazonables". El Comité de Periodistas se unió a otros grupos de medios de comunicación para presentar sus observaciones sobre la reglamentación de la FCC y exhortar a la agencia a mantener una Internet abierta. Dado el gran volumen de consumo de noticias que se lleva a cabo en línea, una política que permita a los proveedores de servicios de Internet discriminar sobre la base del contenido, pondría gravemente en peligro los derechos consagrados en la Primera Enmienda.  

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