HONDURAS

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El país mantiene un alto riesgo para el ejercicio del periodismo con tres casos de asesinatos por su profesión. Los elevadísimos índices de impunidad general se ven acentuados en los casos de asesinatos, atentados y agresiones de toda índole que sufren medios de comunicación y periodistas. Según los informes y estadísticas publicadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el 91% de los asesinatos de periodistas se encuentra en la impunidad.

Durante este periodo se reportó además la suspensión del ejercicio de la profesión por 16 meses al periodista Julio Ernesto Alvarado. El fallo se derivó de una acción penal por difamación. En una decisión judicial anterior, Alvarado se vio obligado a pagar una multa a cambio de una condena de prisión por el delito de difamación. La demanda que data de 2012 se originó luego de que vertió opiniones y realizó entrevistas en su programa “Mi Nación” en Globo TV, sobre el supuesto nombramiento irregular de una decana de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAM). También se presentaron en este semestre otras acciones del mismo tipo contra varios comunicadores que ponen de manifiesto la urgencia de despenalizar los delitos de injuria, calumnia y difamación. En agosto de 2012 el entonces presidente Porfirio Lobo se comprometió, durante una conferencia organizada por la SIP en el país, a impulsar la despenalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación, promesa que todavía no ha sido materializada por el gobierno. Se mantienen vigentes disposiciones y resoluciones de la autoridad pública que limitan el acceso a la información pública, debilitando así los esfuerzos por lograrse un mayor grado de transparencia en los asuntos públicos. En este último semestre los casos más relevantes son los siguientes: El 11 de abril fue asesinado Carlos Hilario Mejía Orellana, responsable de mercadeo y ventas de Radio Progreso, en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro. Mejía Orellana, de 35 años, trabajaba desde hacía 13 años en la emisora de la Compañía de Jesús. Su cadáver fue hallado apuñalado en su vivienda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas de protección desde 2009 a Mejía Orellana y a otros integrantes del grupo Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la emisora, después que denunciaron ser blanco de amenazas de muerte. El 20 de julio fue encontrado muerto el periodista Herlyn Espinal, quien unos días antes había desaparecido. Espinal se desempeñaba como reportero de Televicentro y del Noticiero Hoy Mismo en San Pedro Sula. Autoridades de Seguridad informaron sobre la muerte de una persona que identificaron, con un “97% de certeza”, como el autor material del asesinato. El 14 de agosto fue asesinado el periodista Nery Francisco Soto Torres, quien se desempeñaba como presentador de un noticiero de Canal 23, en el Municipio de Olanchito, departamento de Yoro.  Soto Torres, de 32 años, fue atacado por desconocidos que le dispararon cuando llegaba a su casa, luego de regresar de su trabajo. También era coproductor del programa “Cuarto Poder” de Radio Full FM. En este período fueron asesinados otros cuatro periodistas, pero en esos casos no existen indicios de que estuvieran relacionados a su labor profesional. La Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, continúa en discusión en el Congreso Congreso Nacional.    

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