PERÚ

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Durante este período el escenario político y social se ha enrarecido por el contexto de las elecciones regionales, provinciales y distritales de octubre 2014. Es una campaña política violenta con el asesinato de tres candidatos y agresiones físicas, amenazas de muerte y asedio judicial contra periodistas y medios de comunicación. Fruto de represalia por denuncias periodísticas contra funcionarios públicos y la connivencia de candidatos con el crimen organizado. Existen retrocesos en la lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas, en menoscabo de las expectativas que en 2010 generó la ampliación de las competencias de los Juzgados Penales Supraprovinciales de Lima y Fiscalías Penales Supraprovinciales de Lima para conocer delitos cometidos contra periodistas. Las autoridades aún no identifican a los asesinos de Donny Buchelli Cueva, conductor del programa Más Noticias de Más Radio, que murió torturado el 8 de julio en su domicilio, en la provincia de Pacasmayo, en la región Lambayeque. Días antes el periodista había iniciado una campaña pública cuestionando el perfil profesional y ético de los candidatos que postulaban  a la alcaldía de la provincial en las elecciones del 5 de octubre por lo que no se descarta como antecedente del crimen alguna denuncia realizada como parte de su labor periodística. La Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó a fines de junio del 2014 una misión exploratoria a Lima para evaluar el estado de la libertad de prensa. Esto como consecuencia de la denuncia sobre concentración de la propiedad de los medios de prensa escrita de circulación nacional, promovida por ocho periodistas. El Grupo El Comercio tomó control del 54% de las acciones de EPENSA (Ahora Prensmart SAC)  y la familia Agois Banchero retuvo el 46% de la empresa, en agosto del 2013. Por su parte la empresa Grupo Epensa SAC  quedó 100% en manos de la familia Agois con total control sobre los contenidos editoriales de los diarios del Grupo. La controversia sobre la concentración de la propiedad de la prensa ha sido encausada por vía judicial. En noviembre del 2013, ocho periodistas denunciaron la operación de compra ante el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, que preside el juez Juan Macedo Cuenca, solicitando su nulidad según consta en informes de libertad de prensa previos a este. La demanda se sustenta en el artículo 61 de la Constitución que señala que la prensa, La radio, la televisión y demás medios de comunicación social y en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del estado ni de particulares. En mayo del 2014, el Décimo Séptimo Juzgado Especial de Lima admitió en forma parcial una demanda declarativa interpuesta por el Grupo El Comercio, pidiendo que la Corte declare la legalidad de los contratos de compra-venta entre El Comercio y EPENSA. El juez admitió continuar el juicio con La República ya que este medio “revela un cierto interés económico“. Se desestimó así encausar a los ocho periodistas. Ambas resoluciones judiciales afirmaron al Poder Judicial como el órgano competente para la solución de la controversia. El Grupo El Comercio sostiene que la sociedad con EPENSA no incluye la compra de los contenidos, que siguen siendo editados y publicados bajo la total responsabilidad de la familia Agois Banchero y sin que el Grupo tenga ninguna injerencia en ello. En ese sentido, precisa que la transacción comercial no ha agredido ninguna ley ni la Constitución. Añade que ni la pluralidad ni la diversidad de opiniones, ni la libertad de prensa ni la concentración de medios, se verán afectadas, ya que se mantiene editando los mismos diarios que antes de la adquisición. Tampoco ha incurrido en abuso de posición de dominio y  recordó que ha presentado a la SIP un Compromiso de Autorregulación Comercial en el que se compromete a no incurrir en abusos de posición de dominio y que lo está cumpliendo, afirma el Grupo. Por su parte, los demandantes sostienen que “los negocios de impresión y comercialización de los diarios y de la publicidad por parte de Grupo El Comercio, significarían que EPENSA 1 (Grupo EPENSA S.A.C.) –de propiedad de los accionistas minoritarios– siempre va a estar en relación de subordinación con EPENSA 2 (PRENSMART S.A.C.), pues de esta depende que cubra sus costos y, además, de que ponga en circulación sus diarios y contenidos. ¿Se garantiza la independencia, como argumenta El Comercio, con su estrategia de división de EPENSA?”. La concentración de medios de prensa y su afectación a la libertad de expresión y pluralidad, valores fundamentales de una democracia, fueron materia de múltiples debates en foros nacionales e internacionales en el último semestre. Los hubo en la OEA, Instituto de Defensa Legal, la coordinadora Nacional de Derechos Humanos,  El Comercio, Universidades, Centro Carter, Consejo de la Prensa Peruana entre otros. En mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  de la OEA celebró la audiencia pública  “Situación del derecho a la Libertad de expresión y concentración de propiedad de medios de comunicación en Perú” a solicitud del Instituto de Defensa legal (IDL) y de la coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En abril, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, precisó que la misión exploratoria de la SIP al Perú tenía como fin constatar si el gobierno o el Congreso están o no promoviendo leyes para regular la prensa. La misión exploratoria de la SIP a fines de junio fue liderada por Elizabeth Ballantine, presidente de la SIP, e integrada por tres ex presidentes de esa organización: Edward Seaton, Raúl Kraiselburd y Danilo Arbilla. Así como por Claudio Paolillio, Fernán Molinos, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, y Ricardo Trotti, coordinador de libertad de prensa de la organización. La misión de la SIP se entrevistó con el presidente de la república, Ollanta Humala, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza, el ex presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, y el congresista Manuel Dammert de la bancada Acción Popular-Frente Amplio, quien promovía una ley de prensa. A su vez, con los representantes del Consejo de la Prensa Peruana, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, El Comercio, EPENSA, La República y los periodistas titulares del recurso constitucional. También con los directivos de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (CONFIEP), del Instituto de Defensa Legal, de la Asociación Pro Derechos Humanos y del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por otro lado, continúa el persistente uso indiscriminado y tendencioso de las Cortes en la admisión de demandas civiles y penales contra periodistas y medios, en particular del autodefinido “Grupo Orellana”, del empresario Rodolfo Orellana Rengifo, objeto de investigación por la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, el Congreso de la República y numerosos medios por los delitos de lavado de activos, tráfico de tierras, estafa y asociación ilícita para delinquir. El 20 de junio, Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, exhortó a los jueces penales a analizar las disputas contra periodistas por el delito de difamación para evitar situaciones de amedrentamientos y evitar la vulneración de la libertad de prensa. Pidió a los magistrados analizar expresiones que supuestamente lesionan el honor o la intimidad de aquellos que se sienten víctimas de denuncias periodísticas, particularmente de autoridades judiciales, políticas y policiales en Tumbes, Ayacucho, Tarapoto y Chiclayo El 20 de junio, el director de la asociación LIBER, Julio Arbizu, junto a una comisión de periodistas y abogados, se reunió con presidente del Poder Judicial, para tratar el tema de los periodistas querellados o demandados en la vía civil durante los últimos años por el grupo Orellana. Desde 2011, Orellana ha querellado a más de una veintena de periodistas para impedir que siga siendo investigado. También demandó penalmente a dos medios de comunicación. El objetivo de la reunión fue denunciar el empleo que vienen haciendo este grupo del Poder Judicial, convirtiéndolo en una herramienta para silenciar a la prensa. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) del Perú y el Consejo de la Prensa Peruana han denunciado que las querellas de Orellana y Benedicto Jiménez (abogado del primero) obedecen a un patrón de acoso judicial contra la prensa independiente en un intento por silenciar las investigaciones. Existe un notorio retroceso en materia del derecho ciudadano de acceso a la información pública. Un ejemplo de esto es que hasta hace tres meses los portales de transparencia del Poder Ejecutivo no cumplían con actualizar trimestralmente la información básica establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En octubre, ninguno de los portales había actualizado la información.  Otro ejemplo es que el Ejecutivo tampoco cumplió con responder las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por organizaciones de la sociedad civil de claro interés público. Cronología de las agresiones más relevantes en este período. El 26 de marzo, Christian Sotomayor, reportero del programa Punto Final, que transmite Frecuencia Latina Canal 2 de televisión, solicitó  garantías ante el Ministerio del Interior y la Región Policial Nororiente por amenazas de muerte anónimas que recibió por denuncias de corrupción contra la municipalidad provincial de Chiclayo. En octubre el alcalde fue detenido y acusado de encabezar una organización delictiva que desfalcó millonarias sumas de la municipalidad. El 26 de marzo, Karina Guillén y Eduardo Barreda, redactora y fotógrafo del diario Correo de Arequipa, fueron agredidos y retenidos a la fuerza durante más de dos horas por una turba de traficantes de tierras que les arrebató sus equipos de trabajo y celulares, en el distrito de Cayma en el departamento sureño de Arequipa. El dirigente Gil Zapana, exigió la presencia del director del diario como condición para soltar a los periodistas. El fotógrafo Barreda fue hospitalizado con el rostro desfigurado. El 1 de abril, en la sede del Gobierno Regional de Puno, el reportero de Tv Cultura, Rudy Huallpa Cayo, resultó herido. Perdió la visión del ojo izquierdo a  consecuencia del impacto de una bala de goma disparada por un capitán de la policía, quien le apuntó su escopeta, no obstante su chaleco de periodista. El 12 de abril, desconocidos sustrajeron equipos valorizados en más de US$10,000 de la planta de transmisión de Radio Noticias 24 Horas, ubicada en Juliaca, departamento de Puno. Según el gerente general, el hecho estaría vinculado a denuncias de corrupción contra el prófugo alcalde de la municipalidad de Lampa, contra quien pende una orden de detención por delito de peculado. El 21 de abril, se denunció que Raúl Silvano, conductor del noticiero “Entre el poder y el pueblo” y Henry Vela, reportero del equipo de Radio Ayahuasca, en Nauta, Loreto, recibieron amenazas de muerte para que dejaran de publicar denuncias contra la gestión del alcalde. El 22 de abril, Yofré López Sifuentes, editor del semanario barranca.pe y conductor de Radio Santana, en la provincia de Barranca, región Lima, denunció que desconocidos detonaron una carga de explosivos en la puerta de su domicilio, causando daños materiales e hiriendo a dos familiares suyos. Atribuye el ataque a sus informes denunciando a empresas por contaminar la zona. El 24 de abril, el periodista Manuel Calloquispe Flores, corresponsal de la Agencia de Prensa Ambiental INFOREGIÓN y de la revista InfoRegión, solicitó garantías personales debido a las continuas amenazas de muerte por su cobertura periodística sobre el crimen organizado vinculado a la minería. El 14 de mayo, Pilar Fernández Infante, productora y reportera de los programas Controversia y Caiga quien Caiga, que transmite el Canal 21 en la región de Tumbes, denunció que efectivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intentaron amedrentarla realizando disparos al aire y le negaron el ingreso al penal Puerto Pizarro, donde buscaba denunciar la contaminación de aguas servidas que son arrojadas desde la prisión. El 28 de mayo, John Vásquez Pastor, reportero de Panamericana Televisión, fue golpeado y detenido por efectivos de la PNP cuando cubría sobre la intervención policial contra un grupo de médicos en huelga en un hospital de Lima. El 4 de junio, Carlos Vargas Rengifo y Raúl Ruiz Inuma, reportero y camarógrafo del programa En Directo de Amazónica TV Canal 35, en Loreto, fueron agredidos, arrastrados y despojados de sus equipos de trabajo por funcionarios de la Oficina de Participación Ciudadana cuando grababan tomas de maquinaria pesada de propiedad del gobierno regional. La violencia se intensificó cuando la prensa acudió a cubrir los hechos. También fueron agredidos Roger Taricuarima Isuiza, director del programa “Día 7” de Canal 21; Fabricio Escajadillo, del programa Punto Final, de Frecuencia Latina Canal 2 y, Pauner Portal Talexi, reportero de radio la Karibeña, del diario Crónicas y del diario La República. El 22 de agosto, Karen Layza Mariano y Luis Azabache, reporteros de Canal 15 de la ciudad de Trujillo, fueron agredidos cuando querían entrevistar al alcalde sobre denuncias de malversación de fondos en la construcción de una carretera inexistente. El 20 de setiembre, Ruth Palacios Olaya, periodista del programa Caiga quien Caiga, que transmite Cable Visión en Tumbes, denunció intimidación y amenazas a través de llamadas anónimas, mensajes de texto y desde una cuenta de Facebook, debido a sus denuncias sobre presuntos hechos delictivos de funcionarios públicos. El 22 de setiembre, Alfredo Vílchez Román, conductor de TV Norte Canal 25, en Tumbes, fue atacado a golpes, luego de denunciar supuestas irregularidades cometidas durante la gestión de la alcaldesa provincial de Tumbes.  

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