CANADÁ

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La legislación propuesta para proteger a los ciudadanos frente al delito en línea fue fustigada por varias organizaciones de libertad de prensa, con el argumento de que amenazaría la libertad de expresión. El PEN Club de Canadá expresó su preocupación por la propuesta de Ley C-13, porque, de aprobarse, “sería otorgar a las empresas de telecomunicaciones la inmunidad civil y penal para divulgar información del abonado a las agencias gubernamentales”, anulando así el derecho de las personas a la privacidad. La organización Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión (CJFE, por sus siglas en inglés) se unió a la protesta, alegando que el contenido del proyecto de ley resultaba “escalofriante” y “una amenaza sustancial a la libertad de expresión”. Lo que se calificó como un serio cuestionamiento de la Ley C-13 ocurrió el 13 de junio, cuando la Corte Suprema dio a conocer su sentencia en un caso para analizar la divulgación sobre información básica de abonados realizada por proveedores de servicios de Internet. La Corte falló a favor de la protección de la privacidad de los usuarios, que Open Media acogió como una "gran victoria para la privacidad de Canadá." Otro proyecto de ley sometido al Parlamento podría modificar la legislación actual con el objetivo de mejorar lo que se considera imposibilidad de acceso al sistema de información y aumentar la transparencia del gobierno. El gobierno debe ser “abierto por naturaleza” y permitir pocas excepciones a la Ley de Acceso a la Información, dice la enmienda propuesta. Un tercer proyecto que afecta a los medios de comunicación fue retirado por el legislador que lo propuso, argumentando que había cambiado su intención original durante el debate en el Parlamento. Su redacción habría obligado a la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) a divulgar información periodística, creativa y de programación, incluida la identidad de sus fuentes confidenciales, algo que no se requiere a otro medio de comunicación. El periódico Toronto Star y la Canadian Broadcasting Corporation están discutiendo en el tribunal federal que el público tiene derecho a saber las violaciones en un tema que involucra Omar Khadar, juzgado por un tribunal de crímenes de guerra en la Base Naval de Guantánamo, Cuba. Khadar, ciudadano canadiense, fue detenido en Afganistán en el 2002 a la edad de 15 años, acusado de lanzar una granada que mató a un sargento del ejército estadounidense. Desde entonces no se le ha permitido hablar con los medios de comunicación. Periodistas canadienses, que fueron blanco de ataques mientras cubrían protestas meses atrás, hicieron una presentación en mayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciando tal situación.

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