VENEZUELA

La hegemonía comunicacional de Estado es un hecho indiscutible. Restan pocos medios independientes a quienes les cuesta sobrevivir en medio del deterioro institucional, social y económico.

La tarea periodística – con grave afectación de las exigencias de la vida democrática – se imposibilita. Es casi nulo el acceso a la información en manos del Estado, pues se reduce a lo que declaran, sin interpelación, verificación o contrastación, los funcionarios del régimen. La censura previa, sea mediante la respectiva legislación de control de contenidos vigente o la figura más reciente y oprobiosa de la adquisición de medios de comunicación social hasta ayer independientes, en apariencia privados y ocultos tras pactos de confidencialidad, doblega las líneas editoriales. Es criminalizada y judicializada toda forma de expresión social y política disidente, sea de periodistas, de dirigentes vecinales, estudiantiles o políticos. La propaganda oficial proselitista, copa los horarios estelares de la programación radial y televisiva, genera a través de repetidas cadenas oficiales o presidenciales, un efectivo blackout informativo.

Los pocos medios independientes que restan, son víctima del entorno económico adverso provocado por el gobierno de Nicolás Maduro. La inflación de 2014 llegó a 65%, situándose como la más alta del mundo. Se suma la caída del ingreso, una deuda de 147.000 millones de dólares, la falta de divisas y la devaluación de la moneda en 3.823 %. En un comunicado que firman reconocidos economistas se dice que “el desabastecimiento crónico a nivel nacional y la escasez de bienes e insumos de toda clase, junto a una contracción de la economía y pérdida de empleos, son parte de las graves consecuencias que enfrentan los venezolanos desde el año pasado”. Esto también afecta a la prensa escrita, radial y televisiva, y a sus fuentes de trabajo. En 2014 se registraron 24.890 homicidios a una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del mundo. El gobierno de Maduro reprime indiscriminadamente toda disidencia de opinión o protesta, y también envía a la cárcel, junto a los políticos u opinantes, a quienes producen algo de bienes. Arguye la presencia de una guerra económica y mediática tras las colas que por horas hacen los venezolanos a las puertas de los mercados y las farmacias, afectados por el racionamiento. Tres expresidentes latinoamericanos afirmaron que recibieron noticias sobre la existencia de “tumbas” o huecos construidos bajo la tierra, a muy bajas temperaturas en las dependencias de la policía política, destinadas a torturar a presos de conciencia, estudiantes protestatarios o encarcelados por capitalistas. Una parte de la oposición hizo público un documento denominado Acuerdo Nacional, en el que invitó al país y al régimen a transitar hacia una etapa distinta, que plantee correcciones de fondo en lo social e institucional. Se suscribieron a dicho documento, publicado en el diario El Nacional, el preso político Leopoldo López, María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. El pasado 20 de febrero, mientras el presidente Maduro hablaba por radio y televisión, funcionarios fuertemente armados y sin rostro, sin disponer de una investigación previa ni de orden judicial, secuestraron a Ledezma, que es la autoridad de gobierno más importante y de elección popular en la capital. Maduro hizo el anuncio, argumentó que la orden al Ministerio Público contra Ledezma fue por haber firmado y hecho público el citado Acuerdo Nacional para la Transición hacia la Democracia. Lo juzgó como un intento para desestabilizar a su gobierno. De igual forma, el presidente del parlamento, Diosdado Cabello, avanzó para desaforar -así como lo hizo con María Corina Machado-, al diputado Julio Andrés Borges, la más relevante autoridad partidista de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. La censura de todo ello, salvo cuanto corre por las redes sociales mientras funcionan los servidores bajo control estatal y lo que dicen la prensa internacional, ha sido la constante. El gobierno busca establecer un muro de silencio bajo el terror y las amenazas, mientras un oficial de la Armada, quien fuera el Jefe de Seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez, acusó a las autoridades del Poder Ejecutivo y del parlamento, de haber usurpado el poder y de estar coludidos con el narcotráfico. Entre octubre y diciembre de 2014 se registraron 42 casos restrictivos a la libertad de expresión. El 31,26% se trata de amenazas e intimidaciones y el 25% de actos de censura. Y en cuanto a las víctimas, no se trata sólo de periodistas sino de toda persona disidente, defensores de derechos humanos, escritores y activistas políticos. El 2014 cerró con 64 presos políticos, entre ellos 20 estudiantes imputados por participar en protestas públicas. El 2015 abrió con 40 detenidos por protestar y reportear una manifestación o transitar cerca de la misma. En su mayoría fueron liberados. Dos de las víctimas fueron torturadas con electricidad, según denunciaron ONG’s. Ocurren dos modalidades de censura de la información. La prohibición de acceso a la información oficial y la impuesta por autoridades estatales o directivos de medios, en apariencia independientes, y de reciente compra por accionistas anónimos. El 2 de diciembre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia negó la petición de acceso a la información a la Defensoría del Pueblo sobre el estado de la salud sexual y reproductiva en el país, solicitada por la ong Espacio Público y las organizaciones de derechos humanos Provea y Acción Solidaria. La Sala, declaró ante otra petición de Espacio Público, que la información relacionada con las telecomunicaciones es secreto de Estado. El Cencoex, órgano estatal responsable del otorgamiento de divisas, igualmente se ha negado a suministrar información a los medios sobre la disponibilidad de estas. A El Nacional se le negó la información sobre el uso de las divisas entre julio y octubre de 2014. En febrero, a manifestantes estudiantiles se les cortó el servicio de telefonía móvil e internet durante largas horas. Conatel prohibió en diciembre a la Asociación Civil Senos Ayuda a que realizara una campaña de televisión por dar cifras de muertes por cáncer. La censura por los “nuevos” y desconocidos dueños de los medios recién adquiridos, tienen en común la reducción del espacio de denuncias, no informar sobre líderes políticos, así como la suspensión de columnistas, el cambio de títulos y modificaciones en las notas periodísticas. El 14 de enero, periodistas de la mesa de redacción de El Universal denunciaron que el diario fue censurado en papel y digital, luego de una rueda de prensa del ex candidato presidencial Henrique Capriles, gobernador del Estado Miranda. Igual ocurrió tras la visita de los ex presidentes de Chile, México y Colombia. El periodista Reyes Theis, de El Universal, denunció la censura dispuesta por el presidente de dicho medio, Jesús Abreu Anselmi, a declaraciones de Andrés Pastrana que dijo que “se confirmó la condición de preso político de Leopoldo López”. Los periodistas Roberto Deniz y Carmen Rosa Gómez denunciaron presiones que recibían en El Universal y renunciaron. La emisora FM Center despidió a la periodista Ingrid Bravo Balabú. Los directivos argumentaron que la periodista no equilibraba las informaciones sobre actos de la oposición. Otros hechos principales en este período: El 27 de febrero el diario Tal Cual, que dirige Teodoro Petkoff, dejó de circular transformándose en semanario por problemas de papel y presionado con siete demandas interpuestas en su contra por personeros del régimen. El 6 de febrero, el gobierno, a través de Conatel, decidió no renovar la licencia de funcionamiento de Radio Infinita 90.9 FM, en Barinas, crítica del régimen. El 26 de enero la Policía Nacional Bolivariana despojó de sus memorias fotográficas a los reporteros gráficos María Gabriela López y Alex Delgado, de El Propio y El Nacional, luego de cubrir un operativo policial y los amenazó con quemarles sus equipos. El 14 de diciembre el diario El Guayanés dejó de circular al agotársele sus reservas de papel prensa. Su publicación digital cesó el 1 de enero tras manifestarse económicamente insostenible para su operación. El programa Actualidad Informativa, moderado por el periodista Héctor Caldera, de la radio 92.7 FM de Monagas fue sacado del aire en plena transmisión. En diciembre, desconocidos arrojaron dos granadas fragmentarias contra la sede del diario regional El Siglo, del Estado Aragua. El 24 de noviembre los periodistas Edison Durán y Abraham Palencia, del diario El Impulso y La Prensa, junto a Tomás Gaona de Promar Televisión, luego de cubrir un motín carcelario en el Centro Penitenciario de Uribana, Estado Lara, fueron objeto de incautación de sus equipos bajo amenaza de desaparición y muerte por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. En noviembre el presidente Maduro acusó a Televen de transmitir programas irrespetuosos para las mujeres y promover antivalores. Señaló el periodista Alberto Federico Ravell de ser “una basura, cobarde. El director general de Conatel, acusó a los medios independientes de ser parte de un “ejército agresor”. Cabello, acusó de conspiradora a la periodista Laura Weffer. La persecución alcanza a las redes sociales. Siete tuiteros (Lessy Marcano, Ginette Hernández, Inés Margarita González Árraga, Víctor Andrés Ugas, Danieli Beniítez, Leonel Sánchez Camero, Abraham David Muñoz Merchán) han sido objeto de detención y procesamiento judicial penal por pedido de Cabello, por expresar opiniones ingratas y fuertes o difundir fotos del asesinato del diputado oficialista Robert Serra. La presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea, la diputada oficialista Blanca Eekhout, anunció una investigación criminal contra Tal Cual por reseñar un artículo de otro periódico estadunidense, relativo al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Cabello anunció que iniciará demandas contra el diario ABC de España, y contra los diarios El Nacional y Tal Cual, y el portal La Patilla por repetir la declaración de un oficial de la Armada, jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez y al servicio del mismo Cabello, que lo denunció de ser la cabeza visible del Cártel de los Soles, presunta organización de narcotraficantes militares venezolanos. En febrero, la canciller Delcy Rodríguez amenazó con emprender acciones legales contra medios internacionales por hacer ver a Venezuela como un Estado fallido. Acusó al diario ABC y a su corresponsal Ludmila Vinogradoff, por manipulación de noticias. Desde el 10 de febrero Cabello conduce y modera un programa ("Con el mazo dando") en la televisión estatal (VTV). Desde ese espacio se expresa con desprecio por las reglas éticas. Goza del privilegio extraño a todo periodista de tener una protección constitucional de inviolabilidad para sus opiniones e informaciones y la protección reservada para los altos funcionarios. Apoyado en evidentes fuentes de inteligencia gubernamental – espías a los que identifica en su programa bajo el nombre de “patriotas cooperantes” - y sin contrastarlas ni verificarlas en cuanto a su fiabilidad, revela e informa sobre supuestos hechos de la vida privada de cada opositor o empresario o periodista que molesta al gobierno. Hasta publica grabaciones ilegales para desacreditar a los que considera enemigos de la revolución. En las conclusiones del Comité contra la Tortura de la ONU del 28 de noviembre, se expresa “profunda preocupación por las informaciones que dan cuenta de las descalificaciones públicas… por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, citando informaciones de ‘patriotas cooperantes’”. En ese contexto, el 14 de enero Cabello acusó a la periodista Mónica Villamizar de ser espía norteamericana. El 13 de febrero Cabello arremetió contra la periodista Mariengracia Chirinos y otros activistas de derechos humanos, acusándoles de ser autores de un informe sobre su programa de televisión que elevarían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

FUENTE: nota.texto7

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