CUBA

En los últimos meses se mantienen los motivos para la preocupación y la alarma en cuanto a la falta de libertad de prensa y la excesiva censura que padece el pueblo cubano. A pesar del importante anuncio ocurrido el pasado 17 de diciembre sobre el restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, todavía no se perciben mejorías para el ejercicio de la labor periodística o el acceso de la población a nuevos canales informativos.

El movimiento del periodismo independiente ha vivido en el último medio año momentos de gran tensión y represión. Entre los más críticos, a fines de diciembre está el de la artista Tania Bruguera, quien proyectó una performance en la Plaza de la Revolución, con la idea de abrir los micrófonos en “un minuto de libertad de expresión” para cualquier cubano que quisiera participar. La respuesta oficial fue una desproporcionada y extensa ola represiva.

Fueron arrestados más de medio centenar de activistas y numerosos periodistas independientes, blogueros y reporteros alternativos. La SIP condenó los hechos y señaló la arbitrariedad de las detenciones del reportero Víctor Ariel González, el fotógrafo Claudio Fuentes, los activistas Antonio González Rodiles y Eliécer Ávila, así como el arresto domiciliario de parte de los miembros de la redacción del diario digital 14ymedio. Entre los detenidos también se hallaban reporteros de los sitios informativos Cubanet, HablemosPress y Diario de Cuba. Hasta hoy Bruguera sigue imposibilitada de salir del país, pues las autoridades le han retirado su pasaporte y se encuentra bajo investigación policial. La vuelta de tuerca represiva contra los creadores artísticos se ha hecho sentir también contra Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. El grafitero y dibujante, preparó una performance para el 26 de diciembre y fue arrestado cuando se dirigía en un auto hacia el Parque Central con dos cerdos que tenían pintados en los costados los nombres de “Fidel” y “Raúl”. El Sexto sigue detenido en la Prisión de Valle Grande sin que aún se le haya presentado a juicio. El gobierno de Raúl Castro mantiene la tendencia a la “paramilitarización” de la represión, con mucha violencia física y verbal pero intentando no dejar huellas legales. Las detenciones de corta duración aumentaron considerablemente según el informe publicado en febrero por Amnistía Internacional. La entidad registró un 27% de aumento de las detenciones de corta duración en 2014, a partir de datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que contabilizó 9.000 arrestos breves durante el año. El escritor y bloguero Ángel Santiesteban, Premio Casa de las Américas 2006, sigue en prisión desde diciembre 2012. Fue condenado a 5 años por supuestos delitos comunes. En marzo debería obtener los beneficios de la reducción de condena, pero las autoridades del penal le han comunicado que no tendrá tal posibilidad. Las irregularidades en el caso de Santiesteban han sido denunciadas en repetidas ocasiones por varias organizaciones jurídicas no gubernamentales. Por su parte, Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional han emitido varios comunicados preocupados por su situación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares. El periodista y ex corresponsal del periódico oficialista Granma, José Antonio Torres, sigue recluido en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba tras ser condenado a 15 años por supuestos delitos de espionaje. El reportero finalmente decidió hacer contacto con los medios independientes de la Isla y brindó testimonio sobre su caso, revelando así las irregularidades durante el proceso que se llevó contra él y la desproporción de la sentencia. El también reportero Yoennis de Jesús Guerra, sigue cumpliendo una condena de siete años por un supuesto delito de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor. La violencia carcelaria y graves problemas de salud han hecho que este corresponsal de la agencia de prensa independiente Yayabo Press, esté viviendo un verdadero calvario tras las rejas. En febrero de 2014 la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) implementó el servicio de correo electrónico a través de los teléfonos móviles. En apenas un año el servicio ha crecido hasta tener más de medio millón de usuarios entre los dos millones cuatrocientos mil móviles activos, una de las tasas más bajas de todo el planeta. La nueva modalidad de email en el celular se unió a la apertura desde 2013 de puntos de acceso a Internet que ya suman 154. Bajo el nombre de Nauta, el servicio incluye correo electrónico y navegación a precios que oscilan entre 1.50 CUC y 4.50 CUC la hora de conexión. Las últimas semanas una oferta ha rebajado los precios a la mitad, pero siguen siendo excesivamente altos para un salario promedio de 20 CUC al mes. Entre el 7 y 8 de enero fueron excarcelados 39 activistas que se encontraban en prisión completándose un total de 53 nombres revelado por el Gobierno de Estados Unidos a partir de las conversaciones entre Washington y La Habana. En la mayoría de los casos no se trató de un proceso de liberación, sino de cambio de medida cautelar al no habérseles conmutado la condena ni entregado documento alguno que pruebe su condición de libertad. El 9 de diciembre habían sido también excarcelados los activistas Sonia Garro, Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández. La reportera independiente Juliet Michelena Díaz, arrestada el 7 de abril, también fue liberada el 14 de noviembre. La información alternativa y las conexiones ilegales a las redes han ido ganando fuerza también en los últimos meses. Figuras del oficialismo como el vicepresidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el ex ministro de cultura Abel Prieto, han arremetido contra el llamado “paquete”, una compilación de material audiovisual que se transmite de manera alternativa y que constituye una especie de “internet sin internet” para los cubanos. Las redes inalámbricas de intercambio de ficheros han seguido creciendo en número y cantidad de usuarios. SNET, la más extensa en la parte occidental de la isla podría tener más de 8 mil computadoras conectadas, aunque se especula que puede estar por encima de las 20 mil. Se trata de conexiones entre terminales, cuya motivación principal es el intercambio de ficheros y los juegos en redes. No obstante su aparente carácter apolítico, esas redes clandestinas son perseguidas e interprendidas con frecuencia. Algunos de sus administradores han sido arrestados, confiscada todos sus equipos tecnológicos y multados con elevadas sumas. Después de un intento por renovar temáticas y apuntar la crítica hacia los problemas cotidianos, la prensa oficial no ha logrado crear verdaderos espacios de debate ni captar el interés de los cubanos más jóvenes. Programas como el emblemático Cuba Dice, cuya transmisión se realiza en el marco del noticiero estelar de la televisión, parecen atrapados en un bucle de culpar a los burócratas y señalar lo mal hecho por funcionarios menores, mientras se le arroja buena parte de las responsabilidades a la “indisciplina social”. Siguen siendo temas tabú cuestionar el sistema político, a los líderes del proceso y a cuestiones como el proceso electoral o el funcionamiento de la Asamblea Nacional, el andamiaje jurídico y el propio Ministerio del Interior. Como suceso esperanzador estuvo la liberación del contratista Allan Gross, quien cumplía una condena de 15 años, tras ser acusado de cometer delitos contra la Seguridad del Estado al entregar equipos de comunicación a personas consideradas opositores. Sin embargo, con su salida del país no se cambiaron las regulaciones a partir de las cuales el traspaso o venta de esos equipos a personas naturales sigue estando prohibida. A mediados del año pasado Google autorizó el uso de varios de sus servicios que estaban bloqueados para la isla. Como la descarga de aplicaciones gratuitas de Android y algunas funcionalidades de Google Analytics. La compañía de series en streaming Netflix también informó que comenzaría a operar en el mercado cubano y hace pocas semanas Apple se sumó a la ola, con la creación de un apartado en su política de negocios, al que llamó de apoyo al pueblo cubano y bajo el cual podrá comercializar y distribuir tanto software como hardware. El gobierno no ha dado aún los pasos para ampliar la conectividad. Por otra parte, la censura sobre sitios digitales se mantiene, tal es el caso de portales como Cubanet, Cubaencuentro, 14ymedio y otros muchos sitios que abordan la temática cubana desde una óptica crítica con el gobierno. Junto a esos filtros tecnológicos se mantiene la presión sobre reporteros independientes. A principios de 2015 el historiador y colaborador de Diario de Cuba, Boris González Arena, fue expulsado de su trabajo en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio, en una evidente represalia por sus actitudes políticas y sus columnas de opinión. El corresponsal de la Revista Convivencia, Juan Carlos Fernández, también ha recibido numerosas amenazas policiales por su trabajo. La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP), un gremio del que forman parte alrededor de 80 comunicadores independientes de todo el país, también ha sufrido presiones de parte de la Seguridad del Estado, que ha llamado a varios de sus reporteros para someterlos a interrogatorios. La organización no ha recibido respuesta a su solicitud al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia realizada el 6 de marzo de 2006 y en la cual se pedía la legalización de la entidad. En similar situación de ilegalidad laboran todos aquellos reporteros que no quieran formar parte de la dócil prensa oficial. De manera que dada la falta de amparo legal, las continuas detenciones, la confiscación frecuente de material de trabajo y la censura, la profesión de periodista sigue siendo de las más peligrosas en el país.

FUENTE: nota.texto7

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