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Los dos problemas más sensibles para la libertad de prensa siguen siendo la violencia contra periodistas y la impunidad. Durante el 2014 se presentaron 131 agresiones directas que dejaron 164 víctimas.

La agresión más frecuente fueron las amenazas, hubo 60 el año pasado, aunque hay que reconocer una disminución de casos.

Los dos sucesos más graves ocurridos en este período fueron los asesinatos de los periodistas Édgar Quintero y Luis Peralta Cuéllar.

El 2 de marzo fue asesinado el periodista de Radio Luna, Edgar Quintero, en la ciudad de Palmira. Según testigos, Quintero se encontraba en una panadería en la zona céntrica de esa ciudad cuando fue abordado por un desconocido que le disparó en seis ocasiones. El hecho ocurrió luego de que Quintero, de 57 años, terminara su última emisión del programa radial “Noticias y algo más”. Se desconocen los motivos del asesinato, sin embargo, un vocero de la red de periodistas de esa ciudad expresó que Quintero era fuerte en sus denuncias y comentarios. Tenía más de 30 años de experiencia en periodismo radial. Peralta Cuéllar, de 63 años, perdió la vida tras un atentado frente a su residencia en el municipio de El Doncello en Caquetá el pasado 14 de febrero. Peralta era locutor de la emisora Linda Estéreo, filial de Caracol Radio, desde la cual había denunciado casos de corrupción administrativa y sobrecostos en la compra de camiones compactadores. También se había referido a anomalías en empresas públicas y en asuntos relacionados con la extracción de petróleo. Un día antes de su asesinato había hecho oficial su candidatura a la alcaldía del municipio. En materia de homicidios no se puede registrar avances en los casos bajo investigación. En uno de los más emblemáticos, el de Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria de Manizales, sigue pendiente la decisión del tribunal que estudia la apelación del fallo que absolvió a quien había sido señalado como autor intelectual del crimen, el líder político Ferney Tapasco. De 144 asesinatos de periodistas desde 1977, solo en 19 ha habido condenas y siempre contra autores materiales. En el 2014 prescribieron otros tres. Ante los numerosos casos que prescriben, y los que se abren por cuenta de amenazas sin que sean resueltos, las organizaciones de la sociedad civil le han insistido a la Fiscalía la importancia de generar políticas públicas para disminuir la impunidad. Se trata de identificar y condenar a los autores intelectuales en el entendido de que esta es la mejor arma para prevenir y disuadir. Entre los casos de amenazas se destaca el del 30 de noviembre en Bogotá, por parte de una agrupación que se identificó como el “Bloque Capital-Aguilas Negras”, dirigida contra el Canal Capital, Telesur, el portal Agencia de Reporteros Sin Fronteras y el periodista comunitario Nelson Arnesto, director del sitio web “Patio bonito al día”. Otro caso de amedrentamiento masivo se presentó en enero en la región Caribe, donde circularon panfletos firmados por el “Bloque Caribe Autodefensas Gaitanistas de Colombia” que incluían una lista de líderes, funcionarios, defensores de derechos humanos y cinco periodistas de Barranquilla y Santa Marta. En Bello, Antioquia, el comunicador Oscar Castaño Valencia, quien investiga casos de trata de personas, denunció haber sido secuestrado y extorsionado en ejercicio de su labor el 10 de noviembre. La corresponsal del noticiero Noticias Uno en La Guajira, Amalfi Rosales, que el año pasado tuvo que abandonar el departamento luego de que desconocidos dispararan contra su casa en el municipio de Barrancas, tiene la intención de abandonar el país dado que el acoso ha continuado durante su permanencia en Bogotá. Las amenazas estarían relacionadas con las denuncias que hizo sobre la relación del exgobernador “Kiko” Gómez con grupos paramilitares. Tampoco ha habido avances en las solicitudes de protección a ocho periodistas del suroccidente del país que aparecieron en otra lista divulgada en septiembre y firmada por la banda criminal “Los rastrojos”. El 20 de febrero, a través de Facebook, el periódico El Meridiano de Córdoba de Montería, recibió amenazas de las “Juventudes M-19 Bloque Iván Marino Ospina”, grupo de encapuchados que días antes se había tomado la rectoría de la Universidad de Córdoba. Haber publicado una foto de esa acción fue el motivo del mensaje intimidante. En materia legal, el proyecto 098 de 2014 “Por medio de la cual se regula la publicidad estatal y se dictan otras disposiciones”, está pendiente de su primer debate en el Senado. Esta iniciativa incluye, entre otros aspectos, una restricción a la pauta oficial seis meses antes de las elecciones, una importante restricción considerándose que se celebran elecciones al menos cada dos años. Otro artículo estipula que en lo relacionado con “contratación de publicidad y eventos se dará prelación a los medios de comunicación y difusión oficiales”. Un proyecto de ley dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, le quita a la Comisión Reguladora de Comunicaciones la posibilidad de regular sobre neutralidad de la red. Se encuentra pendiente de sentencia en la Corte Constitucional la tutela mediante la cual una mujer involucrada en un caso de trata de personas pide que se le ampare el derecho al buen nombre y, en consecuencia, el diario El Tiempo borre de su archivo digital los textos en los que aparece mencionada. Este caso entraña una amenaza contra la libertad de expresión e información en tanto sentaría un precedente muy grave de restricción de acceso a los contenidos informativos, afectando el derecho colectivo a la memoria y el derecho a la información. Entre los hechos positivos resalta un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto al Proyecto de Ley Estatutaria en ambas cámaras congresionales, “por medio del cual se regula el Derecho Fundamental de Petición”. En relación con esta iniciativa, el Procurador General de la Nación había solicitado que se declare contraria a la Constitución la norma que le da prioridad a los derechos de petición presentados por periodistas, porque vulnera el principio de igualdad y que se establezcan condiciones más favorables “para ciertos sujetos en razón de su oficio”. El tribunal rechazó esa solicitud aduciendo que: “El constituyente sí estableció un tratamiento especial, cuando consagró en el artículo 73 que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”. Otra decisión favorable para la actividad periodística fue la de la Sección Segunda del Consejo de Estado al tutelar los derechos a la vida e integridad personal del comunicador Rodrigo Callejas, director del periódico Región al Día, del departamento del Tolima. El fallo ordena a la Unidad Nacional de Protección que “de manera inmediata adelante las gestiones pertinentes para garantizar que el esquema de seguridad previsto para el señor Rodrigo Callejas Bedoya, acompañe al mismo cuando por razón de su actividad laboral deba desplazarse a un municipio distinto al que reside”. La sentencia T-934 de 2014 de la Corte Constitucional favoreció a un periódico que se le pedía rectificar el término “negrearon” que usó en dos publicaciones, argumentando que este tiene contenido discriminatorio. El tribunal falló a favor de El Meridiano de Sucre. Argumentó que “no es posible restringir el lenguaje escogido por los medios de comunicación para divulgar noticias u opiniones”. El lenguaje coloquial no está prohibido constitucionalmente sobre todo cuando por medio del mismo se logra expresar y difundir de manera más efectiva cierta información”, agregó.

FUENTE: nota.texto7

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