En este período se ha agravado el autoritarismo del gobierno lo que genera mayores riesgos para la libertad de prensa y la democracia.
No solo no hay acceso a la información pública, sino que a los pocos medios independientes se les negó cubrir los desfiles de las fiestas patrias y ya no hay conferencias de prensa de ninguna entidad estatal. A todos los funcionarios, incluidos los diputados del FSLN, se les prohibió hablar, hacer comentarios o contestar preguntas sobre la compra de 50 tanques de guerra que supuestamente el gobierno compró por $80 millones a Rusia.
Existen cada vez menos medios independientes, un solo canal abierto y algunos de cable.
La publicidad estatal es manejada como si fuera privada de quienes detentan el poder, solo en sus medios y sobre todo en los rótulos de carretera que abundan con la efigie del Presidente y su esposa, hoy candidata a la Vicepresidencia.
Lo más inquietante es la situación política. El presidente Daniel Ortega consiguió el control absoluto de todos los poderes del Estado, incluyendo al Consejo Supremo Electoral de cara a las elecciones del 6 noviembre.
El gobierno de Ortega ha expulsado a 14 personalidades que vienen al país a dar conferencias sobre derechos humanos o cualquier otro tema que no sea del agrado del régimen, tales como el director de Freedom House, Carlos Ponce; dos funcionarios de aduana de los Estados Unidos que venían a certificar a una compañía exportadora, y el Dr. Evams Ellis, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército Norteamericano. También se produjo el apresamiento y la expulsión de varios ambientalistas miembros de la caravana Mesoamericana del Buen Vivir, del ambientalista hondureño del grupo Veda Verde, abandonado en un puente de la frontera con Honduras a media noche.
En el Congreso donde se anunció la séptima candidatura de Ortega, este declaró que no habrá observación electoral y acusó a los observadores de zánganos e intervencionistas, en alusión a representantes de la OEA, UE y Centro Carter, y se le pidió al embajador de Nicaragua ante la OEA que solicite la expulsión del secretario general Luis Almagro. Ortega nombró a su esposa Rosario Murillo como candidata a Vicepresidente y está facultado para nombrar a todos los candidatos a diputados de su partido.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia 299 del 8 de junio, despojó a Eduardo Montealegre de la representación legal del Partido Liberal Independiente PLI, partido que lideraba una coalición de movimientos anti Ortega. Antes, a Montealegre, le habían quitado otro partido, el ALN, que fue la segunda fuerza en las elecciones que ganó Ortega en 2006.
El 29 de julio 28 diputados propietarios y suplentes del PLI fueron destituidos por el Consejo Supremo Electoral, por haber llamado a no votar. En conferencia de prensa los destituidos manifestaron que se trata de "un hecho sin precedentes en la historia de Nicaragua y con ella el régimen de Daniel Ortega está dando un golpe de Estado al Poder Legislativo".
A un mes de las elecciones de los cinco partidos participantes no se ha visto un mitin o manifestación de la campaña electoral, ni siquiera del partido FSLN de Ortega. Solo el candidato del Partido Liberal Constitucionalista, un ex comandante de la contra (guerrilla antisandinista), está haciendo una campaña en las regiones donde ese grupo fue fuerte. Los otros tres candidatos a la Presidencia son totalmente desconocidos para la población.
El Congreso de EEUU discute el proyecto de ley "Nica Act" que prohibiría a los representantes de EEUU en las instituciones financieras multilaterales, BID, BM, FMI, votar a favor de Nicaragua para otorgar préstamos blandos. Un miembro del Departamento de Estado ante el Comité de la Cámara de Representante de EEUU, declaró que todo hace pensar que Ortega está llevando a Nicaragua a un Estado de un solo partido.
Hubo dos intentos del gobierno de cerrar más el círculo de control. El primero a través del Consejo Supremo Electoral que por medio de un reglamento de ética pretendía controlar e impedir las denuncias de farsa electoral o un llamado a la abstención a "Todos los comunicadores sociales, propietarios directores, sitios web y redes sociales...y ciudadanía en general". El gobierno anuló el reglamento tras las protestas de los medios.
El gobierno también avanzó contra las misiones religiosas evangélicas y católicas que llegan al país para dar ayuda material y les puso como condición que para ser autorizados a ingresar a Nicaragua deben registrarse.
El 7 de octubre, el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, denunció públicamente ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) actos de intimidación y espionaje político de parte de miembros del Ejército y del Frente Sandinista.
Chamorro relató que dos trabajadores de Confidencial —uno del área administrativa y otro del área técnica— fueron requeridos por separado por un oficial del Ejército de Nicaragua y operadores políticos del partido de gobierno para tratar de recabar información sobre el funcionamiento de este periódico independiente, así como de la seguridad informática del mismo, el funcionamiento del sistema anti virus, también se requirieron las contraseñas para acceder al sitio web del medio.
Los dos trabajadores de Confidencial rechazaron de forma rotunda la pretensión de los agentes oficiales de someterlos a la intimidación y se negaron a brindarles la información requerida "a través de medios ilegales e inmorales", aseguró Chamorro.
El 9 de octubre fue cerrado el noticiero Hoy por orden del FSLN. Este noticiero se transmitía en Radio Zínica en la costa del Caribe, que es propiedad de un diputado sandinista. La razón que dio el diputado fue hacía mucho daño con sus críticas al gobierno y a la Alcaldía.
