Durante los meses recientes, los ataques a la libertad de expresión se han incrementado y expandido. A esto se suma que los medios impresos están imposibilitados por el gobierno para adquirir papel prensa, por lo que algunos periódicos han tenido que cerrar, manteniendo presencia en la web, mientras que a los medios radioeléctricos no se les renuevan las concesiones.
Los ataques no discriminan a medios pequeños, grandes o periodistas y existe una acción concertada de parte de autoridades, organismos policiales y militares para impedir que los hechos sean divulgados. Ocurren con mayor frecuencia en relación cons cuatro hechos noticiosos: las colas para adquirir alimentos y medicamentos; la crisis de los servicios públicos; las protestas públicas y el seguimiento informativo a la violencia causada por la delincuencia.
Estas acciones no se limitan a las amenazas, detenciones arbitrarias y agresiones físicas de distinto tenor. Incluyen situaciones de extrema gravedad. A un reportero gráfico de Barinas, le dispararon por filmar al cordón militar que impedía el paso de una marcha pacífica y legal. Al periodista chileno-venezolano, Braulio Jatar, le detuvieron ilegalmente y lo trasladaron de una cárcel a otra, por un video publicado en su portal sobre un "cacerolezo" en contra del presidente Nicolás Maduro; a los cuatro miembros de un equipo de producción los detuvieron por realizar un video para un partido político y otros periodistas los acusaron de terroristas, solo por ejercer su actividad.
El gobierno de Maduro viene ejecutando un programa de triple hostigamiento a los periodistas durante la cobertura. Los golpean de forma salvaje, les roban los equipos y, además, les amenazan si denuncian lo ocurrido. Con frecuencia, las agresiones están a cargo de civiles, que actúan con la protección de uniformados. Hechos ocurridos en estos meses ratifican la asociación del gobierno con grupos de delincuentes y con bandas paramilitares.
De forma simultánea, siguen produciéndose ataques a las sedes de algunos medios de comunicación. Se les dispara durante las noches. Se les lanzan excrementos, como en el caso de El Correo del Caroní y El Nacional, o incluso, bombas molotov con el objetivo de provocar un incendio.
Las instituciones no dan seguimiento a las denuncias. No investigan. Guardan silencio. De hecho, actúan de forma cómplice, como en el caso de un tribunal del Estado Barinas, que el pasado 23 de agosto prohibió a los tres periódicos de esa región informar sobre las noticias que vinculan a Adán Chávez, hermano del ex presidente Hugo Chávez, con casos de corrupción. Otro ejemplo es la morgue de Caracas, donde levantaron una enorme cerca para impedir el acceso a los periodistas.
Varios funcionarios del gobierno tienen programas de televisión y radio que usan para amedrentar, difamar y atacar la credibilidad de los periodistas independientes. En esto se destacan entre otros, Maduro, Diosdado Cabello, José Vicente Rangel y Francisco Ameliach, gobernador del estado Carabobo.
Desde los tiempos de Hugo Chávez y ahora con el régimen de Nicolás Maduro se han utilizado las leyes de Telecomunicaciones, la Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley RESORTEL), así como otros textos legales y normativa, como instrumentos de control, amedrentamiento y extorsión a los medios de comunicación social del país, y en especial a los medios radioeléctricos.
No se renovó la concesión a Radio Caracas Televisión, canal privado de cobertura nacional, cuyolugar en el espectro lo ocupa ahora el canal de la red pública TVES, controlado por el gobierno. El gobierno ha cerrado innumerables estaciones de radio y muchas otras están en un limbo jurídico al no recibir respuesta a sus solicitudes de renovación. Por el contrario se ha promovido la aparición de una gran cantidad de estaciones de radio clandestinas que operan a favor del gobierno.
Existe la negativa hasta ahora de renovar la concesión para Globovisión, único canal de televisión abierta informativo y de opinión del país, que está operando sin licencia desde hace un año y siete meses, aún cuando sus nuevos propietarios cumplieron con los extremos legales para la renovación dentro de los lapsos establecidos en la ley.
La Asamblea Nacional aprobó una positiva reforma a la Ley de Telecomunicaciones, para lo cual desplegó un proceso de amplia consulta, quedando finalmente aprobada la misma el pasado 29 de noviembre.
Estos son algunos hechos sobresalientes en este período:
El 13 de abril, el reportero gráfico Miguel González fue agredido y robado por simpatizantes del oficialismo en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de la cobertura a la entrega de más de 2000 firmas al ente por parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El 19 de abril, el presidente de Venezolana de Televisión denunció que la sede del canal del Estado sufrió ataques contra su fachada.
El 21 de abril, un grupo de periodistas de Globovisión fue agredido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) mientras cubrían a un grupo de diputados que se encadenó en unas escaleras pidiendo la activación de un referéndum revocatorio contra Maduro.
El 22 de abril, la periodista Mildred Manrique fue trasladada a una clínica luego de ser golpeada por efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana en la sede del Consejo Nacional Electoral.
El 11 de mayo, el periodista Pedro Rojas, encargado de prensa del Concejal del municipio Barinas José Luis Calderón, fue herido con perdigones este 11 de mayo mientras grababa al cordón de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana que impedía el paso de una marcha de la oposición a la sede regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) para reclamar activación del proceso revocatorio.
Diosdado Cabello en su espacio "Con el mazo dando", confirmó que continúa su demanda contra los propietarios El Nacional, La Patilla y Tal Cual, y al Wall Street Journal por haberlo calificado de narcotraficante, un epíteto que los diarios reprodujeron de lo que en su momento publicó el periódico español ABC.
El 18 de mayo, el dirigente del Partido Socialista Unido Jorge Rodríguez informó que demandará civil y penalmente a El Nacional (web), La Patilla, Noticias Venezuela y Reporte Confidencial, entre otros, por la publicación de una noticia sobre supuesta denuncia en su contra por agresión a una joven.
El 19 de mayo, durante la cobertura de una actividad política de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado Vargas, fue agredida la periodista Nadeska Noriega, de El Pitazo y El Universal, por una simpatizante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El 19 de mayo el periodista Rodrigo Lahoud y el reportero gráfico Mario Sánchez, FalconianaTV, fueron acusados de terrorismo por el comandante del Destacamento de Seguridad Urbana Nro. 13 Falcon (Desur-Falcón) mientras sacaban fotos en la sede del Destacamento.
El 25 de mayo, el periodista colombiano César Flechas, enviado de Caracol Radio a Caracas, fue detenido durante tres horas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando hacía la cobertura de una cola por productos de primera necesidad en el Abasto Bicentenario de Plaza Venezuela. Fue señalado de paramilitar.
El 2 de junio, los equipos periodísticos de Vivo Play y NTN24 fueron agredidos durante la manifestación ocurrida en Caracas. La periodista Andrea Cedeño, el camarógrafo y el chofer fueron bajados de la unidad y sometidos en el piso, en donde les apuntaron con una pistola y les robaron los equipos de trabajo.
El 9 de junio, José Leonardo Valero, reportero gráfico de Noticias Digital, tuvo que huir de civiles armados y refugiarse en una casa, en medio de la cobertura de una protesta por comida que hacían los habitantes de la avenida Universidad y el sector La Vuelta de Lola en la ciudad de Mérida, en el estado Mérida.
El 10 de junio, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en compañía de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cerraron la emisora La Barinesa, en Barinas. El argumento es que la concesión está vencida desde 2014, pero los periodistas aseguran que se trata de retaliación por contenidos de opinión.
El 14 de junio, la sede del diario Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, fue atacada por cinco personas no identificadas que arrojaron bolsas con excremento animal.
El 17 de junio la acción se imitó en contra de la sede de El Nacional, atacada con excrementos.
La corresponsal del diario Correo del Caroní, Pableysa Ostos, denunció agresiones verbales de funcionarios de la GNB hacia ella y otros dos periodistas en el estado Bolívar, Jhon Buchelly, de El Diario de Guayana, y Yusbeyris Letidel de Primicia, cuando investigaban la presunta detención de cuatro sujetos por parte de las fuerzas castrenses de la zona.
El 20 de junio fue atacada la sede del diario El Aragüeño en Maracay, estado Aragua, con un artefacto explosivo por parte de dos personas en una motocicleta.
El 25 de junio, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) interrogó a tres periodistas: Román Camacho de La Patilla, y Yosselin Torres y Darvinson Rojas, de El Pitazo. La finalidad de los funcionarios era que los reporteros revelaran sus fuentes sobre un video que se filtró del Banco Central de Venezuela.
El 30 de junio, en medio de los saqueos que se presentaron en Tucupita, estado Delta Amacuro, la Radio Fe y Alegría denunció que "por órdenes de la gobernadora" le suspendieron el suministro de energía eléctrica con la finalidad de que no siguieran informando en vivo lo que estaba sucediendo.
El 13 de julio, después de presentarse en el Palacio de Justicia de Maracay estado Aragua, el periodista y activista político de oposición Alejandro Ledo fue detenido por agentes identificados como "seguridad del Estado", pero sin aclarar a qué cuerpo pertenecían y lo obligaron a subirse a un vehículo en donde lo mantuvieron circulando durante cinco horas.
El 14 de julio, en la cobertura de una caminata convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en La Guaira, estado Vargas, con presencia del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, y diputados opositores, fueron agredidos por simpatizantes del oficialismo los reporteros Rafael Hernández, de NTN24, y Ricardo Sánchez, del portal RicarloLoDice.
El 21 de julio, la periodista Carolina Isava, corresponsal de Radio Caracas Radio en el estado Sucre, fue hostigada e intimidada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en medio de la cobertura de una visita a la región de diputados a la Asamblea Nacional miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El 11 de agosto, 4 periodistas fueron golpeados durante un operativo especial del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el Centro Comercial Cosmos, en Barquisimeto, Estado Lara.
El 12 agosto, en la cobertura a una protesta de médicos en el Hospital Central de Maracay, fue agredido y robado el reportero gráfico Luis Torres, del diario El Siglo, por un grupo de 12 personas que también golpearon a los manifestantes, rompieron las pancartas y robaron los celulares con los que grababan.
El 15 de agosto, un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) intimidó al reportero gráfico Marcos De Gouveia, del diario Periódico de Occidente, durante la cobertura de una protesta del sector transporte en Acarigua. El funcionario de nombre Nelvis Rea, obligó al reportero a borrar las fotografías.
El 22 de agosto, dos sujetos armados ingresaron a las oficinas del portal digital Crónica Uno, sometieron a dos personas y robaron sus equipos de computación y decodificadores.
El 24 de agosto dos sujetos armados dispararon cerca de 30 disparos contra la puerta principal del diario Los Andes de Trujillo. El ataque no dejó heridos ni fallecidos, sino daños materiales.
El 31 de agosto, un grupo de encapuchados en una camioneta lanzó bombas molotov y excremento contra la sede principal del diario El Nacional. Dejaron un panfleto dedicado al director del diario, Miguel Henrique Otero, que estaba firmado por una organización identificada como "Chama pueblo en rebelión".
El 1 de septiembre el gobierno impidió la entrada de periodistas del periódico francés Le Monde, de la radio pública estadounidense NPR y de la colombiana Caracol Radio, que viajaron a Caracas a cubrir la marcha opositora.
En la Toma de Caracas y otras movilizaciones de los sectores de oposición de Venezuela, Espacio Público documentó un total de 12 casos de violaciones a la libertad de expresión, para un total de 20 víctimas, entre las cuales se cuentan periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y medios de comunicación.
El 3 de septiembre el editor jefe del portal web Reporte Confidencial, Braulio Jatar, fue detenido junto a una treintena de personas, tras un altercado en Isla Margarita. Todos fueron liberados durante ese fin de semana menos el periodista chileno-venezolano.
El 5 de septiembre Alejandro Puglia, director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional, fue detenido por la jueza 37 de Caracas, Yesenia Maza. Su delito: manipular un dron durante la manifestación del pasado jueves 1 de septiembre en Caracas.
El 14 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertaron sobre un deterioro de la libertad de prensa en Venezuela. Los relatores sobre la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, y de la Comisión, Edison Lanza, llamaron la atención en un comunicado conjunto sobre detenciones, interrogatorios y confiscación de equipos de al menos siete periodistas y trabajadores de los medios en días recientes.
El 20 de septiembre, funcionarios de inteligencia llegaron a la casa de Andrés Eloy Moreno Febres con una "presunta orden para privarlo de libertad", mostrada en un celular y no como documento en papel. Días más tardes, familiares denunciaron lo que consideraron la "detención arbitraria" del joven por parte de funcionarios del Sebin. Moreno Febres participó junto a Marco Trejo, César Cuellar y James Mathison en la producción de un video del partido Primero Justicia. Los cuatro están detenidos.
