El estigma social como instrumento de ataque verbal del gobierno y militantes del partido oficial contra medios de información, reporteros y camarógrafos genera preocupación porque ese mensaje se traduce en violencia contra el trabajo periodístico.
El estigma social como instrumento de ataque verbal del gobierno y militantes del partido oficial contra medios de información, reporteros y camarógrafos genera preocupación porque ese mensaje se traduce en violencia contra el trabajo periodístico.
Calificativos como "oposición" y "cártel de la mentira" son empleados por funcionarios y políticos oficialistas para referirse a medios y periodistas independientes, con la finalidad de desviar la atención de denuncias de corrupción en diferentes niveles de gobierno, central y locales.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) pidió respeto al trabajo de periodistas. Su Unidad de Monitoreo informó que en los primeros 10 meses del año se registraron agresiones frecuentes a reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cubrían manifestaciones y protestas de sectores sociales. Las agresiones afectan a periodistas de medios independientes y gubernamentales.
A principios de agosto, un grupo de colonos y seguidores del presidente Evo Morales impidió el trabajo de periodistas en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), intimidándolos con presiones psicológicas y amenazas. Fueron afectados periodistas de los diarios El Deber, Los Tiempos, Opinión y de canales de TV y radioemisoras del departamento de Cochabamba que intentaban verificar la ejecución de obras viales mientras estaba vigente una norma de protección a la zona rica en biodiversidad.
El presidente Morales promulgó una ley que levantó la protección del TIPNIS, el 13 de agosto.
La periodista Beatriz Layme y el fotógrafo Álvaro Valero, ambos del diario Página Siete, salvaron su vida tras una persecución protagonizada por colonos afines al gobierno que apoyan la construcción de una carretera que atraviesa el TIPNIS. Los enviados recorrieron la zona entre el 13 y el 16 de agosto, y fueron víctimas de hostigamiento, amenazas y presiones psicológicas.
El periodista Agustín Mamani fue detenido el 29 de agosto, y su cámara fue decomisada por policías antimotines mientras cubría una manifestación de pobladores de una región agrícola que demandaban mejoras viales. No se le restituyó el equipo a pesar de las gestiones de la ANP. Mamani, detenido por 93 horas, también fue imputado indebidamente por supuestos daños a bienes del municipio de La Paz.
El periodista Adolfo Yavarí sufrió un atentado en su domicilio en la ciudad de Villa Montes, en el departamento de Tarija, el 18 de septiembre. Un funcionario de la empresa local de agua le cercenó un dedo de un mordisco. El hecho se debería a una represalia por las denuncias del periodista sobre la contaminación del agua.
La ANP lideró una demanda para que se excluya a los periodistas y comunicadores del artículo de "mala práctica profesional" del proyecto del Código del Sistema Penal. En una reunión convocada por los presidentes de las cámaras legislativas, el 10 de octubre de 2017, se anunció la modificación en la redacción de la norma para no incluir a los periodistas.
En un acta de compromiso se ratificó el respeto al trabajo de la prensa de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta. Se acordó la redacción de un artículo que preserva la libre emisión del pensamiento y garantiza la circulación, emisión y difusión de medios impresos y el trabajo de otros medios audiovisuales, electrónicos o digitales.
