Colombia

Aa
Informe de la Reunión de Medio Año 2018
Medellín, Colombia
13-15 de abril
$.-

El suceso más relevante en este periodo fue el asesinato de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, ocurrido el 8 de octubre. Pertenecía al grupo de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y había trabajado en la emisora Renacer Kokonuko de Puracé, Cauca.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) afirmó que su muerte estuvo relacionada con su actividad profesional, aunque se desconocen avances en la investigación.

La Corte Suprema de Justicia, al fallar una acción de tutela, obligó a Publicaciones Semana a revelar las comunicaciones que sus periodistas sostuvieron con las fuentes de un artículo de la revista Dinero sobre el empresario Eike Batista.

La sala civil de la corte, al apoyar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá en este mismo sentido, afirmó que "la actividad periodística, si bien ostenta el rango constitucional, no es absoluta, por cuanto tal profesión no implica, per se, arrasar con derechos individuales versus la intimidad y el honor. Los periodistas no pueden ser censurados ni constreñidos, pero sí están sujetos al régimen de responsabilidad, en caso de faltar a la verdad o de una intromisión injustificada en la vida privada que cause perjuicios a terceros". Este pronunciamiento del Tribunal se dio a raíz de una demanda de una ex funcionaria, que consideró que dicho trabajo periodístico la perjudicó.

Días después, la sala laboral de la Corte tumbó el fallo. Lo hizo con el argumento de que "la reserva de la fuente no es un privilegio adscrito en cabeza de los medios de comunicación, sino una herramienta que permite el ejercicio del periodismo y la protección de las libertades de expresión e información, en tanto conforman uno de los núcleos de la democracia".

No obstante el desenlace favorable, existe preocupación sobre que el Poder Judicial intenta restringir la libertad de prensa.

Se han registrado varios ataques de funcionarios o ex funcionarios contra periodistas. Entre ellos, los que profirió desde su cuenta de Twitter el ex procurador y excandidato presidencial Alejandro Ordóñez contra el columnista Ricardo Silva; los señalamientos del ex candidato presidencial Carlos Caicedo y de la ex candidata al Congreso Leszli Kalli al portal La Silla Vacía y las acusaciones del candidato presidencial Gustavo Petro contra el canal RCN al que acusó de desempeñar su labor de manera parcializada. A periodistas del noticiero de este mismo medio el aspirante a la Cámara de Representantes por el partido de la Farc, "Jesús Santrich" los tildó de "cretinos", en momentos en que le preguntaban a un compañero de su partido y también ex guerrillero por graves delitos cometidos mientras estaba en la insurgencia, y el trino del ex presidente Álvaro Uribe contra el periodista Daniel Coronell en el que afirmó que este tenía "negocios con el narcotráfico" por lo que "pensaba" que era "extraditable".

Ante el hecho, Coronell recurrió a una acción de tutela resuelta por el Tribunal de Cundinamarca que le dio al ex mandatario un plazo de 48 horas para que rectificara. Este lo hizo, pero de una manera ambigua y calificada como no satisfactoria por el afectado, toda vez que en el tuit que la contenía lanzó nuevas acusaciones de similar talante.

Después de haber sido retenido ilegalmente en el municipio de Huisitó (Cauca) por miembros del ELN y de publicar una serie de investigaciones como editor de la Unidad Investigativa del diario El País de Cali, el periodista Hugo Mario Cárdenas recibió una serie de vídeos y mensajes intimidantes en su teléfono celular, los cuales fueron puestos en conocimiento de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía quien adelanta la investigación del caso y recomendó que el comunicador mantenga el esquema de protección que ya posee y le fue entregado por la Unidad Nacional de Protección.

También se registraron ataques a la infraestructura de dos medios de comunicación. El 25 de octubre, las instalaciones de Agencia de Prensa Rural fueron violentadas y los delincuentes se llevaron equipos periodísticos del medio. El 3 de marzo, los transmisores de la emisora comunitaria del departamento del Putumayo Colón Stereo fueron incinerados. La emisora no ha podido volver al aire.

Otros hechos sobresalientes:

En este periodo según la Flip se produjeron 137 ataques contra la prensa. Entre ellos 57 fueron amenazas, 21 provenientes de desconocidos, 13 de particulares, 7 de bandas criminales, 7 de guerrillas, 5 de paramilitares, 2 de delincuencia común y 2 de funcionarios.

El 12 de enero se conoció la decisión de un juez de Pereira de ordenar el arresto del periodista William Restrepo por una rectificación que le pareció "insuficiente". Esto se dio como respuesta a una tutela interpuesta por Sergio Mauricio Vega Lemus, presidente de la Cámara de Comercio de Pereira, motivada por opiniones de Restrepo, comunicador de reconocida trayectoria en medios nacionales e internacionales, publicadas en sus redes sociales. El 4 de marzo, Vega Lemus publicó en su Twitter la conciliación a la que llegaron. En ella se acepta la rectificación y Restrepo pide disculpas.

El periodista Édison Bolaños, quien ya había tenido que abandonar el departamento del Cauca por sus denuncias relacionadas con la minería ilegal, continuó siendo víctima de acoso –su vehículo fue violentado y de él hurtaron sus elementos periodísticos cuando se encontraba en Ibagué- al tiempo que su esquema de protección le fue retirado recientemente. La Unidad Nacional de Protección mantiene en estudio una solicitud del periodista para que le reintegren su seguridad.

El 17 de diciembre, el alcalde de Rionegro (Santander), Wilson González Reyes, amenazó con arma de fuego y agredió física y verbalmente al periodista Luis Carlos Ortiz de la emisora comunitaria La Voz de la Inmaculada de esa población. González disparó su arma una vez que Ortiz emprendió la retirada. El motivo estaría ligado a denuncias sobre irregularidades en la Alcaldía.

Un militante del partido Centro Democrático recurrió a una acción de tutela al considerar que una caricatura de Julio César González, conocido como "Matador", afectaba sus derechos. El fallo del juez favoreció a González. Posteriormente el caricaturista fue amenazado a través de las redes sociales, situación que lo llevó a anunciar el retiro de sus caricaturas de las redes. Tanto el candidato Iván Duque como el ex presidente Álvaro Uribe condenaron el hecho.

El 10 de marzo, presuntos miembros de la disidencia de las Farc amedrentaron mediante una llamada a los periodistas de la emisora del departamento de Arauca Meridiano 60 mientras entrevistaban a un candidato al Congreso del partido Centro Democrático. Declararon "objetivo militar" a la emisora.

Uno de los implicados en el caso de las amenazas a la periodista Claudia Julieta Duque fue dejado en libertad.

La Flip rechazó los términos de la citación de la Fiscalía General de la Nación dirigida al columnista del diario El Espectador, Jorge Gómez Pinilla, tras ser denunciado por injuria y calumnia por el abogado Abelardo de la Espriella por afirmaciones de Gómez en su columna. Según la Flip, "la falta de claridad de la citación y su tono agresivo crean una situación de inseguridad jurídica que va en contra de las reglas más básicas del debido proceso".

El 23 de noviembre, una granada que no explotó fue lanzada al vehículo del periodista y líder social Ricardo Ruidíaz en Bogotá. Días antes, Ruidíaz ya había sido víctima de una amenaza a través de una llamada a la emisora Colmundo en donde dirige un espacio semanal sobre la prevención de violencia contra menores.

Independiente del desarrollo que tenga el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 16 de abril prescribirá la causa judicial por el asesinato del periodista Nelson Carvajal, ocurrido en Pitalito, Huila, el 16 de abril de 1998.

Otros casos que prescribieron:

Alejandro Jaramillo Barbosa, el 24 de octubre de 2017; Francisco Castro, el 8 de noviembre de 2017; Jairo Elías Márquez, 20 de noviembre de 2017 y Óscar García, 22 de febrero de 2018.

El 1 de febrero se conoció la condena a 58 años de prisión de un juzgado de Florencia contra Yean Arlex Buenaventura por el asesinato de Luis Peralta, en Doncello, Caquetá. Esta es la pena más alta impuesta contra el asesino de un periodista en el país.

En este semestre se registraron tres solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en Internet, 2 de parte de funcionarios y 1 proveniente de un particular. También se produjeron dos ciberataques a infraestructura proveniente de desconocidos.

Compartí

0