Canada

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Informe de la Reunión de Medio Año 2018
Medellín, Colombia
13-15 de abril
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Desde nuestro último informe, que analizó las iniciativas del gobierno de Justin Trudeau para retornar a un estado de libertad de comunicación para científicos y funcionarios, ha habido una apertura muy necesaria en el debate y la defensa del derecho del ciudadano a saber. A pesar de esa iniciativa encomiable, todavía existe una percepción generalizada de falta de transparencia en ciertas cuestiones, devenidas cada vez más en el centro de atención.

La organización Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión (CJFE, por sus siglas en inglés) ha continuado monitoreando varias acciones contra la libertad de prensa derivadas de decisiones judiciales donde hubo una clara infracción de la Ley de Libertad de Información. La CJFE participa en un caso judicial que podría poner fin al secreto en los tribunales de Ontario. El 6 de febrero de 2017, el diario Toronto Star presentó una demanda en virtud de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, que busca combatir la falta de transparencia que actualmente rodea a los tribunales administrativos y cuasi judiciales provinciales. La CJFE apoya la posición del Toronto Star.

En enero se aprobó el proyecto S-231 sobre una muy esperada Ley de Protección de Fuentes Periodísticas, introducida para enmendar la Ley de Evidencia de Canadá y el Código Penal en términos de la protección de las fuentes periodísticas. El proyecto de ley recibió el consentimiento real. Lo siguiente es un extracto del proyecto publicado:

"Este decreto enmienda la Ley de Evidencia de Canadá para proteger la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Permite a los periodistas negarse a divulgar información o documento que identifique o pueda identificar una fuente periodística a menos que la información o el documento no puedan obtenerse por otros medios razonables y el interés público en la administración de justicia prevalezca sobre el interés público en preservar la confidencialidad de la fuente periodística".

El decreto también modifica el Código Penal para que solamente un juez de un tribunal superior de jurisdicción penal o un juez en el sentido del artículo 552 de dicha Ley pueda emitir una orden de registro relacionada con un periodista. También establece que solo puede emitirse una orden de registro si el juez está convencido de que no existe otro modo de obtener de manera razonable la información deseada y que el interés público en la investigación y el enjuiciamiento de un delito sobrepasan el derecho del periodista a la privacidad en la recopilación y difusión de información. El juez también debe de estar satisfecho de que se apliquen estas mismas condiciones antes de que un oficial pueda examinar, reproducir o hacer copias de un documento obtenido bajo una orden de registro relacionada con un periodista".

A pesar de la victoria anterior para la libertad de prensa, la Asociación Canadiense de Periodistas (CAJ, por sus siglas en inglés) ha tenido que ser muy activa este semestre en sus esfuerzos por defender los principios de esa resolución.

En lo que resulta ser un acontecimiento muy lamentable, un fallo del juez Jean-François Émond solicitó a la periodista de investigación de Radio-Canadá Marie-Maude Denis que identifique las fuentes que utilizó como parte de su investigación sobre presunta colusión en la adjudicación de contratos en Quebec.

Una amplia variedad de grupos de libertad de prensa condenaron rápidamente el fallo de Émond, que se produce cuando el periodista de VICE News, Ben Makuch, prepara su apelación ante el Tribunal Supremo sobre una orden de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC, por sus siglas en inglés) para que revele sus fuentes confidenciales.

También muy recientemente la CAJ condenó el arresto del reportero de Radio Canadá, Antoine Trépanier, por presunto acoso criminal. La policía arrestó a Trépanier el 13 de marzo después de que una mujer a la que se había dirigido en repetidas ocasiones para que comentara sobre una historia que estaba reportando presentó una denuncia policial. "Buscar el comentario del tema clave en una historia es la base del periodismo responsable", dijo el presidente de la CAJ, Nick Taylor-Vaisey. "Resulta preocupante la detención de un periodista durante el proceso de su trabajo para destacar un asunto de interés público".

La CAJ continúa solicitando la creación de un defensor especial que, a pedido de un juez, pueda solicitar la protección continua de fuentes en aquellos casos en que las autoridades legales busquen órdenes para la vigilancia o confiscación de registros que podrían conducir al reconocimiento de fuentes anónimas.

Sigue disminuyendo el número de lectores de la prensa escrita canadiense y muchos periódicos locales se ven obligados a cerrar por lo que decenas de trabajadores se quedan sin trabajo. La prensa canadiense no ha encontrado nuevas formas de ofrecer contenido mediante otro modelo de negocio.

El 9 de abril, Kevin Metcalf, coordinador de Promociones y Comunicaciones del Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) fue destituido de sus funciones en las redes sociales y del sitio web de la organización después de que la organización hizo una enérgica declaración en la que condenaba los ataques contra periodistas en Gaza por parte de Israel. Su despido siguió a la renuncia de al menos media docena de miembros de la directiva, entre ellas la del director ejecutivo interino y el presidente de la Junta, que se habrían producido luego de presiones de la corporación de radiotelevisión pública de Canadá (Canadian Broadcasting Corporation) para que los miembros de la organización retiraran su apoyo a CJFE, en respuesta a las declaraciones controvertidas. También fue ordenada la eliminación del pronunciamiento de la página del CJFE.


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