Por primera vez en la historia republicana del Ecuador, tres miembros de un equipo periodístico fueron asesinados esta semana en la zona de Mataje, en la frontera norte con Colombia. Los miembros de la redacción de Diario El Comercio, de Quito, Paúl Rivas, fotógrafo; Javier Ortega, reportero, y Efraín Segarra, conductor del vehículo, fueron secuestrados el 26 de marzo cuando se dirigían a una cobertura periodística en la zona fronteriza, en la cual se han registrado varios incidentes entre el Ejército y grupos criminales asociados con el narcotráfico.
Un día después de ocurrido el secuestro, el ministro del Interior, César Navas, informó del hecho atribuído al disidente de las FARC y narcotraficante, Walter Arízala alias "Guacho". Desde entonces, gobierno del presidente Lenin Moreno intentó controlar la información solicitando censura a los medios de comunicación para evitar la difusión del nombre de las víctimas. La incertidumbre del paradero de las víctimas y la falta de transparencia en la información oficial, llevó a los familiares a autorizar la difusión del nombre de los secuestrados seis días después de ocurrido el hecho, y en abierto desafío a las recomendaciones del Gobierno.
Dos videos difundidos el 03 de abril por el canal RCN de Colombia, constituyeron la primera prueba de vida desde su secuestro. En el audiovisual se vio a los periodistas encadenados y mientras se mantenían abrazados indicaron lo que serían las condiciones para su liberación: intercambio de tres de sus secuaces detenidos en Ecuador y la anulación del convenio que tiene el país y Colombia para acabar con el terrorismo.
Las autoridades ecuatorianas han rechazado la publicación de estos videos, expresando su "profundo malestar" por la mediatización de los mismos.
Aunque las autoridades declararon a la prensa que se encontraban negociando, también el presidente Moreno amenazó con emprender un operativo militar en la frontera. El 11 de abril, medios colombianos informaron sobre un comunicado atribuido a la organización criminal en el cual se leía que el equipo de El Comercio había sido ejecutado. Al día siguiente, el canal RCN informó que guardaba en su poder imágenes de los cuerpos y las remitió a la organización no gubernamental Fundamedios para que las entregará a las autoridades ecuatorianas.
El Gobierno de Ecuador inicialmente dijo no poder corroborar la veracidad de dichas fotografías e indicó que continuaban las pericias. Solo en la mañana del 13 de abril, el Presidente confirmó la noticia del asesinato. La fecha exacta del hecho no se conoce aún, así como el paradero de los cuerpos.
Es un hecho que el estado Ecuatoriano dejó de proteger a los periodistas hace más de 10 años, a inicios del régimen del ex-presidente Rafael Correa. El acoso a la prensa independiente se volvió una Política de Estado amparada por varios artículos en la Constitución, leyes y reglamentos, en particular por la Ley Orgánica de Comunicación. Pese a repetidos ofrecimientos por parte de la Asamblea Nacional y el presidente Moreno durante su campaña electoral, aún no se ha iniciado ningún proceso legislativo de reforma.
Diez meses han transcurrido desde que un ejemplar de diario La Hora fuera destruido por última vez en manos de un jefe de Estado. A poco de cumplirse el primer año del actual Gobierno, el escenario para la práctica periodística parece haber tomado otro rumbo, desde la época en que la Presidencia perseguía a los periodistas.
Luego de varios años, los periodistas Janeth Hinostroza, Diego Oquendo, Estéfani Espín, Rafael Cuesta, Alfonso Espinosa de los Monteros, Mónica Almeida, entre otros, volvieron a ingresar el Palacio de Carondelet para tener un acercamiento con el Presidente. Esto bajo la tan conocida propuesta de diálogo y relación "refrescante" que busca el actual presidente Lenín Moreno.
Entre otros hechos, el 19 de Marzo mediante un Decreto Ejecutivo, el Presidente de la República eliminó la SENAIN, entidad de inteligencia que durante el anterior gobierno investigó tanto a opositores como a periodistas y el 9 de abril, la Contraloría General del Estado aprobó que se divulgue un informe que contiene información sobre la contratación de deuda externa, transparentando así información que hace una década se calificó de reservada.
El 7 de marzo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio destituyó a Carlos Ochoa de su cargo como superintendente de Comunicación. Según el examen de la Contraloría, el exsuperintendente habría empleado fondos de GamaTV, uno de los medios incautados por el Estado desde el 2008, para adquirir un vehículo para su uso particular. Luego el 12 de marzo, con 119 votos de 120 legisladores de la Asamblea Nacional también lo censuraron y destituyeron por el incumplimiento de sus funciones, por violar la Carta Magna y otras leyes de la Contraloría, Comunicación y Servicio Público. El exsuperintendente fue acusado de haber ordenado la impresión de 300 mil ejemplares de la Ley de Comunicación, con alteración en su normativa, lo que le sirvió para sancionar a varios medios de comunicación radiofónicos.
En una sesión con la Comisión de Fiscalización y Control Político el exfuncionario afirmó que fueron 364 los medios sancionados, por un total de $754.690. Rechazó que algún medio de comunicación haya quebrado económicamente por las sanciones.
Tras años de 'intimidación' y procesos judiciales hay quienes volvieron a su libertad. El 22 de febrero del 2018 fue calificado como un día histórico por el activista y periodista Fernando Villavicencio tras conocer la resolución del Tribunal de Pichincha que lo declaró inocente junto con el exasambleísta por Pachakutik, Cléver Jiménez. Durante cinco años fueron procesados por el delito de divulgación de información reservada, pasando desde la detención preventiva hasta el uso de dispositivos electrónicos a cambio de libertad condicionada.
Enrique Rosales Ortega, editorialista que ha colaborado con la columna de opinión de diario El Universo, recuperó su libertad tras pagar una multa luego permanecer detenido en la Penitenciaría desde el 12 de diciembre de 2017. Fue sentenciado a dos años de cárcel y al pago de 15.000 dólares durante el proceso que empezó la ex asambleísta Vanessa Fajardo en el año 2016 por una supuesta calumnia vertida en una radio.
El 17 de noviembre de 2017 el asambleísta Augusto Espinosa y presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología envió un oficio a la Supercom para solicitar que se revisen varias notas publicadas por el diario Expreso sobre casos de abuso infantil en escuelas, al considerar que el diario cometió linchamiento mediático.
Los ataques de los funcionarios públicos a los periodistas continúan. El 12 de enero de este año, durante un evento público organizado por el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, el director del canal Ecotel TV, Ramiro Cueva, fue víctima de intimidación por parte del alcalde y sus simpatizantes. Fue tildado de 'delincuente', 'mamarracho' y demás calificativos que fueron acompañados con intentos de agresiones físicas.
El Universo, en una nota del 28 de febrero, denunció haber recibido chats falsos de Facebook y WhatsApp por parte del Consejo Provincial del Guayas, que decían que los periodistas habían recibido dinero para investigar a la Prefectura de Jimmy Jairala. El diario explicó que se trataba de represalias por notas sobre contratos millonarios adjudicados a empresas relacionadas a familiares y amigos del Prefecto.
La Supercom sigue emitiendo amonestaciones a los medios. Determinó como "grotesca" una expresión del noticiero de Ecuavisa sobre la caída del puente peatonal en la Isla Santay, así como criticó a El Universo que en su portada tituló "El puente peatonal a Santay, a pique". La Supercom sostuvo que "en sentido coloquial, se entiende inequívocamente que se derrumbó por sí solo".
Varios medios digitales sufrieron ataques informáticos, Ecuador en Vivo y MilHojas son algunos de los portales que fueron bloqueados temporalmente junto con otras cuentas personales de periodistas como Christian Zurita y Fernando Villavicencio. Los comunicadores habían compartido la filtración de un informe de la Unidad de Análisis Financiero sobre un caso de corrupción que involucra a los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, exfuncionarios. Los documentos también fueron divulgados en los portales: Focus y Milhojas, los cuales denunciaron un intento de hackeo. La cuenta de Crudo Ecuador fue suspendida el 8 de marzo por siete meses. La utilización de cuentas falsas de Twitter para amenazar de muerte a periodistas ha aumentado; entre los que recibieron estos ataques están la conductora de Teleamazonas, Janeth Hinostroza y el periodista Luis Eduardo Vivanco, del portal La Posta.
El mensaje del presidente Moreno se presenta conciliador y sin agresiones. Sin embargo, el periodismo ecuatoriano aún presenta trabas para su práctica con total libertad. El diario Expreso y su periodista Sara España fueron descalificados por el expresidente Rafael Correa, tras negarse a responder una pregunta. Correa sugirió a la periodista extranjera que se fuera del país y tildó al rotativo de tener un "nivel terrible". Esto ocurrió durante una rueda de prensa que el exmandatario ofreció posterior a su comparecencia ante la Fiscalía del Guayas, por la investigación de un presunto perjuicio al Estado en la venta anticipada de Petróleo a China.
Otros hechos en este período:
El 11 de octubre la Supercom multó a Lesotho S.A Radio Canela 90.5 FM, con 10 salarios básicos por difundir contenidos no aptos para el horario y tipo de audiencia.
El 15 de octubre desde la cuenta de Twitter "Alerta-911", un troll, se amenazó a la periodista de Teleamazonas, Janeth Hinostroza, con "meterle un tiro".
El 17 de octubre la Supercom multó a Radio La Voz del País de Cuenca, por no identificar adecuadamente sus contenidos.
El 23 de octubre la Supercom amonestó a Canal Uno por contenido discriminatorio en razón de etnia.
El 2 de noviembre la Supercom obligó al diario Expreso a publicar una rectificación y pedir disculpas por publicar una titulada "Llegar a los 105 años y aun poder bailarlos".
El 17 de noviembre la Supercom a Radio La Redonda 99.3 FM por no no difundir el porcentaje mínimo de contenido intercultural.
El 29 de noviembre Hernán Ramos, a quien se le había encomendado dirigir la nueva línea editorial de los medios públicos, fue cesado del cargo tras una publicación en El Telégrafo titulada "La ley del aborto en etapa final", refiriéndose a la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El 1 de diciembre la Supercom llamó la atención al diario Opinión de Machala, por publicar imágenes a todo color de personas fallecidas en acontecimientos violentos.
El 4 de diciembre la Supercom abrió un proceso en contra de Teleamazonas tras las opiniones vertidas por la asambleísta Lourdes Cuesta (CREO) en una entrevista con Janeth Hinostroza, donde cuestionaba el accionar del ente regulador. El 5 de diciembre se llevó a cabo una audiencia por el supuesto incumplimiento del derecho a la réplica del canal.
Tras la negativa de Teleamazonas a transmitir una réplica del superintendente Carlos Ochoa por declaraciones de una asambleísta, el 12 de diciembre la Supercom le impuso una multa equivalente al 10% de la facturación de los últimos tres meses y exigió la difusión de una réplica en 72 horas.
Teleamazonas presentó el 19 de diciembre una acción de protección para dejar sin efecto la multa de $300 mil. El 21 de diciembre la jueza Lucila Gómez dictó medidas cautelares a favor del medio y luego la corte falló a favor de Teleamazonas, obligando a Ochoa a pedir disculpas.
El 22 de diciembre los jueces dejaron sin afecto una sanción en contra de El Comercio impuesta por la Supercom.
El 22 de febrero el Tribunal de Pichincha declaró la inocencia del exasambleísta Cléver Jiménez y del activista Fernando Villavicencio, quienes eran procesados por el delito de divulgación de información reservada desde el 2013. El Tribunal ordenó que se levanten todas las medidas cautelares que pesan sobre ambos.
El 8 de marzo Twitter suspendió la cuenta de Crudo Ecuador (@CrudoEC) por segunda ocasión. Las últimas publicaciones de la cuenta estaban relacionadas con el expresidente Rafael Correa, quien ha sido criticado por negar toda implicación posible en casos de corrupción de funcionarios.
El periodista Luis Eduardo Vivanco, del portal La Posta, reveló que desde finales del 2017 ha sido acosado y amenazado de muerte por parte de un usuario de Facebook que se identifica como "Ángel R Loyola".
El 16 de la señal del canal Ecotel TV de Loja volvió al aire tras 27 meses de su cierre dado la madrugada del 16 de diciembre de 2015, cuando un operativo policial incautó sus equipos. Esto, formó parte de un proceso abierto desde el 2014 por el entonces Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que aseguraba una mora en el pago de las tarifas de uso de concesión.