Haití

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Informe de la Reunión de Medio Año 2018
Medellín, Colombia
13-15 de abril
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La desaparición de un joven reportero gráfico revivió el peligro que existe para el ejercicio del periodismo en el país, en un período en el que la situación de la libertad de prensa y la libertad de expresión siguió registrando amenazas concretas contra reporteros y presiones de la fuerza pública hacia los medios para que cedan obligatoriamente información a las autoridades.

La Cámara de Diputados engavetó un proyecto de ley anti-difamación aprobado por el Senado en marzo del 2017 y ampliamente cuestionado por incluir duras penas para periodistas o individuos hallados culpables de difamar a funcionarios públicos y policías. Lo que fue interpretado como una buena noticia en el plano parlamentario quedó opacado en el ámbito del Ejecutivo, que hizo resurgir viejos temores al designar al frente de las nuevas Fuerzas Armadas a antiguos colaboradores de la represión, uno de ellos juzgado en contumacia por crímenes de lesa humanidad.

El 14 de marzo, el fotorreportero Vladjimir Legagneur, de 30 años, desapareció en un barrio conocido como Grand Ravine, en el peligroso y pobre distrito de Martissant, en la capital haitiana mientras realizaba un reportaje en la zona. La esposa de la víctima, Fleurette Guerrier, denunció la lenta reacción de la Policía para investigar el caso.

El Defensor del Pueblo, Renan Hedouville, emitió un comunicado en el que instaba a las autoridades a "intensificar sus esfuerzos" para dar con el paradero de Legagneur. Le siguieron solicitudes en el mismo sentido de organizaciones nacionales e internacionales de prensa.

El 28 de marzo, una marcha realizada en Puerto Príncipe congregó a decenas de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos a favor de la aparición del reportero gráfico, el mismo día en que la Policía informó sobre el hallazgo de un cuerpo en la zona donde se produjo el hecho, que sería sometido a pruebas de ADN.

El Ministerio de Comunicación difundió la primera reacción oficial del gobierno tres días antes de la manifestación y aseguró que hay una investigación para determinar el paradero de la víctima.

En las últimas décadas varios periodistas fueron asesinados y sus casos siguen impunes: Félix Lamy (10 de diciembre de 1991), Jean Léopold Dominique (3 de abril de 2000), Jacques Roche (14 de julio de 2005), Jean Richard Louis-Charles (9 de febrero de 2011) y Jean Liphète Nelson (5 de marzo de 2012), por citar a algunos.

En febrero Reporteros sin Fronteras dijo en su informe anual que en el país los "medios de comunicación privados, supeditados a los intereses de sus accionistas, tienen dificultades para expresar sus puntos de vista; existe una gran autocensura", y que los periodistas siguen careciendo de recursos financieros y del apoyo de las instituciones; enfrentan dificultades de acceso a la información y algunos han sido víctimas de intimidaciones y agresiones".

En Gonaïves (noroeste) varios periodistas denunciaron en el segundo semestre de 2017 amenazas de muerte de personas y sectores vinculados a los senadores Carl Murat Cantave y Yuri Latortue, del Departamento del Artibonite. Los legisladores negaron las acusaciones.

La Asociación de Periodistas de Haití condenó también unas declaraciones proferidas por el alcalde de la ciudad de Les Cayes (suroeste), Jean Gabriel Fortuné, contra el periodista y corresponsal Jean Nazaire Jeanty de quien dijo "merece la muerte" tras escribir un artículo que cuestionaba su gestión.

La Asociación Nacional de Medios Haitianos (ANHM) cuestionó la decisión del comisario del gobierno (fiscal) en Puerto Príncipe, Clamé Ocnam Daméus, de reclamar a los medios "todas las imágenes y grabaciones audiovisuales relevantes relacionadas a los actos de vandalismo y violencia durante manifestaciones" ocurridas ese mes.

La ANHM dijo que "tomó nota con asombro" del pedido del funcionario dirigido el 23 de octubre a gerentes y directores, que "sin citar ninguna referencia legal", exigió a los medios que se vuelvan auxiliares de sus servicios en la calificación de los actos cometidos en la vía pública dándole imágenes y grabaciones, cuando "ninguno de los miembros de la asociación ni periodistas que se respeten a sí mismos tienen que servir como informantes de la policía o la justicia".

El 7 de febrero, el presidente Jovenel Moïse cumplió su primer año de mandato con cierta estabilidad, afectado por reclamos de maestros y obreros de zonas francas por mejores salarios, y enfrentado con algunos sectores por el costo de los combustibles.

Moïse intenta recuperar la confianza del pueblo y continúa con la "Karavàn Chanjman" ("La Caravana del Cambio") que recorre el país para impulsar la actividad agrícola y la recuperación de la infraestructura.

Tras 13 años de presencia en el país, la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (Minustah) dejó el país. Ahora fue instalada una nueva Misión de Apoyo a la Justicia en Haití (Minujusth), compuesta por casi un millar de policías de las Naciones Unidas (UNPOL), además de la reinstauración de las nuevas Fuerzas Armadas de Haití, llamadas a reforzar la seguridad actualmente en manos de 14.000 agentes de la Policía Nacional para cerca de unos 12 millones de habitantes.

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