El Salvador

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Informe de la Reunión de Medio Año 2018
Medellín, Colombia
13 -15 de abril
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La violencia en contra de los periodistas y los ataques desde el poder público a los medios de comunicación fueron las principales violaciones a la libertad de prensa en este período, así como la proliferación de noticias falsas que difunden grupos de desconocidos.

El 16 de noviembre fue asesinado Samuel Rivas, de 28 años, camarógrafo de canal 21/Grupo Megavisión. El hecho ocurrió en un barrio popular al este de la capital, en el municipio de Ilopango. El comunicador estaba sirviendo en una iglesia evangélica cuando dos hombres con aspecto de pandilleros lo abatieron con nueve disparos. A seis meses del hecho, las autoridades no han capturado a los responsables y no han determinado los móviles, aunque se supo en una ocasión que Rivas fue seguido por desconocidos.

Los periodistas que cubren temas de pandillas suelen ser considerados "informantes" de las autoridades, de ahí los riesgos a los que se exponen.

La Justicia ha dejado en la impunidad el caso de una serie de ciberataques contra los sitios web de los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.

Cinco acusados de perpetrar estos hechos, varios de ellos vinculados al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, fueron absueltos por un tribunal de Santa Tecla, alegando que quien escribió los textos falsos en páginas fraudulentas de los sitios no fue llevado a juicio y que no individualizó la participación de los demás.

Andrés Ricardo Ortiz Lara, Mayra Lisseth Morán Lemus, José Carlos Navarro Martínez, Óscar Alejandro Domínguez Ruiz y Sofía Verónica Medina Pérez fueron absueltos de falsedad material, agrupaciones ilícitas, violación a derechos de autor y violación a distintivos comerciales, delitos que, según el tribunal, no se pudieron probar.

Sofía Medina es la jefa de Comunicación del alcalde, en tanto que los demás trabajaban para una empresa contratada por la comuna para, supuestamente, hacerle publicidad en medios digitales.

Las autoridades marginaron pruebas contundentes en el proceso como un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que revelaba la compra de dominios para perpetrar los plagios de las páginas y los involucrados en la misma.

Los ataques fueron perpetrados en julio de 2015, después que ambos medios denunciaran la contratación de familiares del alcalde Bukele en puestos clave.

El país concluyó un proceso de elecciones legislativas y municipales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), dio amplia información y facilidades a los medios, pero el esfuerzo no prosperó ya que se produjeron unos 25 incidentes, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

La APES dijo que muchos periodistas sufrieron limitaciones para ingresar a los centros de votación, amenazas verbales e intentos de agresión física.

Ante la ola de homicidios y violencia, el Gobierno ha centralizado las comunicaciones de seguridad pública en una súper estructura que unifica las áreas de información y prensa, entre ellas la de la Policía Nacional Civil.

La estructura, denominada "Cuarto de Guerra" o "El Búnker", contrarresta información sobre crímenes que se publica en los medios. Además enfatiza en los "logros" del gobierno en esta materia.

Existe preocupación de que la entidad se transforme en un organismo de propaganda y coarte el acceso a la información de los medios. No se sabe quién es el director, pero trascendió que está a cargo de exguerrilleros que estuvieron a cargo de medios clandestinos del partido oficial FMLN durante la guerra en El Salvador (1980-1992).

En el país proliferan las noticias falsas a través de medios de dudoso origen, algunos vinculados al poder, ya sea con funcionarios públicos o municipales y hasta grupos ligados al aparato de seguridad, que aparentan ser serios y comprometidos con la verdad. El fenómeno se ha observado en las redes sociales, que se han convertido en el escenario de la información falsa, para desacreditar a personas o instituciones o tergiversar hechos. Muchas veces dan a conocer y celebran ejecuciones extrajudiciales o abusos de autoridad contra pandilleros y delincuentes.

La Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ), con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo, ha elaborado un proyecto de "Ley para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos". La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía General de República y los juzgados de paz estarán a cargo de la implementación de la ley.

El 12 de abril medios periodísticos y publicitarios de El Salvador emitieron un pronunciamiento conjunto sobre una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que "a partir de ambigüedades y mandatos directos, coarta la libertad de expresión e información y lleva en aplicar censura previa y autocensura".

El pronunciamiento detalla que: "Se trata de un documento que, buscando evitar la campaña anticipada de los precandidatos presidenciales, ordena el cese de publicidad pero también de 'publicaciones de prensa escrita o digital', lo cual se presta para que eventualmente puedan incluir contenidos noticiosos.

Además ordena a los medios presentar un informe sobre los avisos y contratación de pauta de los precandidatos, con todos los detalles al respecto, lo cual, además de ser inhibitorio para los medios, se presta para ejercer censura previa y convierte a las empresas en agentes del Estado para el control de las campañas, cuando debería aplicar la ley sobre hechos concretos y directamente a los infractores, si los hubiera.

Lo anterior tiene el agravante de que la resolución ordena 'a los canales de televisión, empresas publicitarias, empresas de radio y comunicación que suspendan inmediatamente la transmisión de cualquier spot o programa de televisión o página digital, cuña radial o publicación de prensa escrita o digital, en las que aparezca algún ciudadano que pretenda aspirar al cargo de Presidente y Vicepresidente de la República y se informe a este Tribunal lo correspondiente'.

Es decir, se restringen las publicaciones de una persona sólo por el hecho de que 'pretenda aspirar al cargo de Presidente y Vicepresidente de la República', o sea, por su aspiración y no porque hubiera hecho o dicho algo concreto que transgreda la ley. Y ordenan que los medios lo informen al Tribunal, como si fueran fiscales o policías.

Las gremiales de medios han pedido al TSE aclarar esta resolución. Los magistrados del Tribunal han dicho que la revisarán y están abiertos a rectificar."

Declaración de medios de El Salvador

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