Costa Rica

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Informe de la Reunión de Medio Año 2018
Medellín, Colombia
13-15 de abril
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En este periodo el caso del "Cementazo", denominado así por la prensa nacional y que reveló los vínculos de políticos de los tres poderes del Estado con un empresario importador de cemento chino, dejando en evidencia una red de tráfico de influencias y millonarios créditos bancarios, dejó lesiones al ejercicio periodístico.

Publicaciones de Diario Extra y el medio digital CrHoy durante dos años, provocaron allanamientos en despachos de congresistas, el despido de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y la vinculación del Presidente, Luis Guillermo Solís, lo que generó episodios de censura previa y posteriores amenazas contra los directores de esos medios y los periodistas a cargo de las investigaciones.

En el caso del Diario Extra las amenazas constan ante las autoridades judiciales, luego de que el empresario del cemento chino mandara a perseguir, amedrentar y fotografiar a los equipos periodísticos que estaban investigando. De igual manera constan audios de abogados y funcionarios vinculados al caso, amenazando con demandas penales y civiles.

Desde las sedes judiciales se ofreció protección policial a los periodistas.

A principios de noviembre el Diario Extra denunció la existencia de un plan de desestabilización en su contra consistente en desprestigiar al periódico ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, impulsar demandas judiciales y suspender la pauta publicitaria oficial, entre otros mecanismos de presión, en represalia por sus denuncias y publicaciones sobre actos de corrupción en la administración pública.

La denuncia fue confirmada por la Fiscalía General al examinar documentos requisados en la oficina de la Gerencia del estatal Banco de Costa Rica en los que se revelan detalles de esos planes que mostraban un plan estratégico para debilitar al diario utilizando a tres medios nacionales: canal 7, La Nación y AmeliaRueda.com.

La evidencia fue hallada en un allanamiento en las oficinas bancarias como parte de la investigación. La SIP condenó la represalia e instó a investigar la denuncia y a señalar a los responsables.

La directora de Crhoy recibió asistencia policial tras las amenazas en su contra por el mismo caso y denunció en múltiples ocasiones el bloqueo que desde el Poder Ejecutivo se dictó para su medio por mandato del presidente Solís y del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, quien en redes sociales no desaprovechó la oportunidad para desacreditar sin fundamento alguno.

El mismo Solís increpó a los medios nacionales indicando que las revelaciones del caso eran malintencionadas contra su gestión y agregó que: "los tengo identificados, se quiénes son".

Otro de los puntos que denunciamos, sucedió durante las campañas políticas para las elecciones presidenciales de 2018, políticos costarricenses usaron las redes sociales para establecer una comunicación unilateral con el electorado, sin permitir cuestionamientos de la prensa independiente. La estrategia no tuvo éxito, en buena parte porque importantes sectores de la prensa se rehusaron a hacerse eco de los mensajes unilaterales.

En las tres fases de la campaña electoral, las convenciones internas de los partidos, la primera ronda electoral y la ronda final, hubo fuertes ataques contra medios de prensa y periodistas. Los más intensos, que incluyeron amenazas y campañas para rescindir suscripciones o dejar de ver un canal de televisión, se dieron en la última etapa. En muchos casos, los ataques tuvieron como blanco a los directores de La Nación y Telenoticias de Canal 7.

Un político tildó al diario La Nación de "pasquín diabólico" y a sus periodistas de "psicópatas". Adelantó que, si asumía la Presidencia, la edición impresa de ese medio dejaría de circular en un año, luego aclaró que el diario dejaría de circular porque no es rentable, también arremetió contra el Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica y la televisora Repretel. Sus declaraciones fueron condenadas por el Colegio de Periodistas de Costa Rica.

El Primer Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) y el Centro de Investigaciones en Comunicación (CICOM), de la Universidad de Costa Rica, reveló en enero que los grupos de medios con mayor concentración, son los que más pauta oficial reciben. Entre 2015 y 2016 Repretel-Albavisión (Ángel González) y Televisora de Costa Rica (TELETICA) son los que más pauta oficial recibieron, unos US$ 4 millones cada uno.

El 60% de los canales de TV en el país tienen fines de lucro, de esta cifra, el grupo de Ángel González cuenta con más del 20% de los canales comerciales de televisión y TELETICA con el 11,6%.

En noviembre, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, dictaminó un proyecto de ley que promueve la transparencia Estatal y el acceso a la información pública de parte de la ciudadanía la cual asusta porque entre los artículos le da un papel muy importante al canal del gobierno para controlar contenido y además le da tiempos abusivos a las instituciones publicas para contestar las preguntas de los periodistas.

No es posible que un país con demasiada burocracia todavía quiera implementar una oficina adicional dentro de los ministerios para decir quién y cuándo atenderá las consultas de los medios dando la administración total de la información publica a funcionarios que desconocen del manejo periodístico ni la importancia del derecho de los ciudadanos de estar debidamente informados.

Además, existen dos proyectos promovidos desde el Poder Ejecutivo llamados Ley de Libertad de Expresión y Prensa y Ley de Acceso a la Información que limita el ejercicio profesional y atenta contra la independencia de los medios costarricenses dando potestades al Estado que no le corresponden mas allá de su rol de resguardo de los derechos humanos.

La mayor parte de los medios nacionales se opone a la propuesta por considerarla abusiva y reiterativa a las más de 30 normas jurídicas y los fallos del Tribunal Constitucional que ya respaldan el acceso a la información publica en Costa Rica.

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica resolvió que los medios de comunicación no pueden censurar mensajes de agrupaciones políticas que se contraten mediante campos pagados en procesos electorales pero muy acertadamente los exime de responsabilidad civil solidaria antes eventuales demandas.

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