Argentina

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Informe ante la SIP
28 de marzo de 2020

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Desde el dictado del decreto del Gobierno Nacional que establece una cuarentena obligatoria a partir del 20 de marzo para combatir los efectos del COVID-19, y bajo un sentido de unidad política de todos los sectores con pocos precedentes, los periodistas y medios de comunicación han desarrollado su labor sin obstáculos en cuanto a coberturas y movilidad.

Sin embargo, con la crisis de salud pública, así como otros sectores económicos, la industria periodística, que ya venía atravesando un período muy difícil para su sustentabilidad, se encuentra amenazada frente a un escenario que preanuncia un fuerte deterioro de la actividad económica en general y la reducción de los ingresos publicitarios. La circulación de los principales diarios nacionales y regionales cayó entre un 15 y 20% en los primeros días, mientras que la publicidad en los medios en general disminuyó en más de un 40% en promedio.

Pese a ello, la prensa está enfocada en combatir la desinformación e impulsa conductas preventivas en la población. En este contexto, un spot del gobierno "radical" de la provincia de Jujuy, alentó a la población a evitar el consumo de medios de comunicación para combatir la ansiedad generada por coronavirus.

El nuevo gobierno de Alberto Fernández también está concentrado en la negociación de la deuda pública. En ese contexto, el gobierno demoró la distribución de publicidad oficial, aunque luego los funcionarios expresaron que la publicación de avisos comenzaría a normalizarse debido a la crisis sanitaria.

En los cuatro meses del nuevo gobierno se han disipado parcialmente los temores de ataques a la libertad de prensa que existieron durante el último gobierno "kirchnerista".

Algunas iniciativas y expresiones abonaron interrogantes sobre la forma en que se desarrollará la relación entre el poder político y el periodismo. La más resonante fue un proyecto presentado por cinco senadoras ligadas al "kirchnerismo" que postula como causal de nulidad del dictado de prisiones preventivas en causas de corrupción. El proyecto establecía que "la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación, que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución".

Este proyecto, que promueve la autocensura y contraviene principios sobre libertad de expresión, todavía no prosperó en el Congreso y no fue acompañado por los más altos referentes del "kirchnerismo" ni por el presidente Fernández.

El "kirchnerismo", con varios referentes investigados judicialmente por corrupción, abona la tesis del "lawfare", concepto que sostiene la existencia de una trama de complicidades entre sectores de la Justicia y del periodismo para perseguir a ciertos actores de la política. Sus militantes impulsaron en enero la creación de un tribunal para juzgar presuntos casos de "lawfare". El candidato a presidente de ese tribunal, auto investido de autoridad moral para determinar culpables, mencionó a reconocidos periodistas cuyo trabajo sería sometido a su escrutinio.

En los últimos meses, el Gobierno impulsó una serie de reformas en el terreno judicial que podrían tener un eventual impacto en el equilibrio de poderes. Se trata de cambios en la estructura del fuero penal y en el régimen de jubilaciones de magistrados, que podrían generar una licuación de ciertas áreas de la Justicia y la generación de vacantes que podrían ser llenadas por jueces seleccionados por el gobierno.

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