Las amenazas del narcotráfico contra periodistas en la ciudad de Rosario, lejos de atenuarse, persistieron en este semestre. El 12 diciembre un hombre en motocicleta disparó contra el frente del edificio del canal Televisión Litoral. Dos semanas más tarde, las instalaciones del mismo medio fueron atacadas con disparos.
Estos atentados se sumaron a otros hechos de amenazas directas y personales contra periodistas, y amedrentamientos a cronistas, fotógrafos y camarógrafos que cubren hechos de inseguridad vinculados a narcotraficantes. Rosario supera los 300 homicidios ligados al narcotráfico en el último año, con lo cual cuadruplica el promedio de cualquier otra ciudad argentina. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) está solicitando una misión de la SIP para analizar los riesgos y amenazas que sufre la prensa.
El periodista Gabriel Prósperi, del canal América, sufrió lesiones en febrero pasado de parte de familiares y allegados a un procesado por homicidio, durante la cobertura de un juicio en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Ese mes, integrantes del equipo periodístico del canal Crónica y un fotógrafo del diario Página 12 sufrieron golpes por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, durante la cobertura de una manifestación.
Organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión manifestaron preocupación por el acoso virtual, a través de redes sociales, contra la periodista Mariana Abiuso, editora de género del canal TN, por su cobertura del juicio de un asesinato de un menor perpetrado por la madre de este y su pareja. Abiuso decidió cerrar su cuenta de Twitter. El periodista Uki Goñi recibió más de 2.000 mensajes a través de las redes sociales con insultos y amenazas a raíz de sus opiniones en una columna publicada en el diario The Guardian durante el Mundial de fútbol.
Los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner amenazaron al periodista Diego Cabot, autor de la investigación sobre los denominados "cuadernos de la corrupción". Le dijeron que debería estar preocupado por la alta probabilidad de que sea encarcelado.
En el ámbito judicial, la Justicia de Formosa intimó al medio digital Sala de Prensa Formosa a remover material periodístico referido a una funcionaria pública y le prohibió publicar información vinculada a ella.
El Tribunal Oral en lo Criminal número 13 de Buenos Aires prohibió la cobertura de las audiencias de un juicio oral y público en contra del líder de la barra brava de fútbol del club Boca Juniors. La prohibición viola los artículos 1, 14 y 32 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
El 3 de enero, el titular de la Agencia de Inteligencia anunció que denunciaría a los periodistas Joaquín Morales Solá, de La Nación, y Daniel Santoro, de Clarín, por la difusión de un pedido de informes de legisladores nacionales en el marco de posibles delitos cometidos por presuntos agentes de inteligencia. El interés público de la información difundida, ligada a la presunta comisión de delitos por parte de miembros de fuerzas de seguridad, la ubica dentro del ámbito de protección de la libertad de expresión, amparada por la Constitución argentina. Adepa señaló que las figuras penales contenidas en la Ley de Inteligencia Nacional por violación de secretos no resultan aplicables a periodistas o medios.
El 10 de abril, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones que se encarga del cumplimiento de la Ley de Medios anunció un sumario administrativo para analizar la supuesta infracción por promoción de tratos discriminatorios en un programa televisivo del canal La Nación+. La aplicación de multas podría alcanzar al 10% de la facturación publicitaria del canal. En el organismo hay 32 expedientes ligados a contenidos de esa señal televisiva. A raíz de una reciente resolución de la Secretaría de Medios, también podría suspenderse la adjudicación de publicidad oficial a los canales que sean sancionados. El control ético de contenidos periodísticos por parte de organismos administrativos choca con los principios constitucionales y los estándares interamericanos sobre libertad de prensa. Distintas organizaciones advirtieron que el Poder Judicial es el único ámbito en el que puede determinarse la responsabilidad ulterior derivada del ejercicio del periodismo.
