Uruguay

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Informe ante la SIP
28 de marzo de 2020

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La asunción del nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou el 1 de marzo ha generado optimismo en los medios de comunicación que se encuentran en una difícil situación económica y en busca de un alivio impositivo y reclamando que el gobierno distribuya la publicidad oficial con criterios técnicos y equitativos.

Después de muchas críticas, el gobierno retiró la incorporación del Derecho al Olvido en un anteproyecto de Ley de Urgente Consideración de 457 artículos, con el que se buscan impulsar muchos temas, entre ellos, sobre seguridad pública, educación, inclusión financiera, regulación de medios y derechos en Internet.

El inciso G) del artículo 214 establecía que: "Derecho al olvido en búsquedas de Internet, en servicios de redes sociales y medios digitales equivalentes. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no actualizados o excesivos, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron, el tiempo transcurrido, la naturaleza y el interés público. Asimismo, toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que le conciernan, que hubiesen sido facilitados por él o por terceros, para su publicación por servicios de redes sociales y servicios equivalente".

Aparentemente, el gobierno insistirá con el tema, pero lo enviaría en solitario.

El 17 de febrero, pocos días antes de la trasmisión de mando, el gobierno saliente adjudicó tres canales de televisión para que sean incluidos en forma obligatoria en la grilla de los servicios de abonados. Ello generó molestias en las futuras autoridades nacionales y en un cuarto canal (Cardinal TV), que actualmente emite a través de las compañías de televisión por cable del interior del país. Su propietario, que además es presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (Washington Melo), calificó el proceso de "decepcionante" y anunció la presentación de un recurso de revocación para impugnar la resolución.

El 6 de noviembre del 2019 el Tribunal de Apelaciones en los Penal de 4° turno revocó la decisión de una jueza que había accedido al pedido de derecho de respuesta planteado por un militar retirado, obligando a tres medios de comunicación (La República, Montevideo Portal y Radio Uruguay) a publicar una carta. Los tres medios habían rechazado publicar esa carta y en su lugar habían ofrecido una entrevista, que el presunto damnificado no aceptó por lo que la jueza había ordenado, entonces, su publicación.

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