En este período no se han constatado ni denunciado hechos graves ni de singular relevancia que afectaran la libertad de prensa.
En este período no se han constatado ni denunciado hechos graves ni de singular relevancia que afectaran la libertad de prensa.
El nuevo presidente, Yamandú Orsi, elegido en segunda vuelta en noviembre pasado, asumió en marzo con mandato por cinco años. Desde entonces, los medios de comunicación, los periodistas, los usuarios de redes sociales han podido desarrollar sus actividades sin ningún tipo de obstáculos ni trabas.
Sin embargo, el derecho a la información pública, garantizado por ley desde 2008, muestra cierto letargo burocrático a que algunas autoridades desconocen la norma y las obligaciones de transparencia que les exige. Esto se repite desde otros gobiernos anteriores, lo que ha motivado reiterados llamados y críticas de periodistas, expertos y dirigentes políticos por el “celoso hermetismo” de las autoridades y la existencia de una “cultura del secreto”.
En otro orden, acciones aisladas de jueces y fiscales afectan la libertad de prensa y atentan contra el libre ejercicio de la actividad periodísticas. En estos días, una sentencia judicial, ratificada por un tribunal de apelaciones, sobre derecho de réplica ha obligado al semanario Búsqueda a publicar la “verdad” (entre comillas) de un alto funcionario sobre el que se informó que tuvo actuación en un contrato por suma millonaria que es motivo de revisión por parte de las autoridades actuales.
Según la denuncia que hizo pública Búsqueda, al funcionario involucrado se le ofreció espacio (carta de los lectores) para que diera su versión o realizarle una entrevista para que informara y al tiempo diera respuesta a las inquietudes informativas. La alternativa no fue aceptada y, además, en trámite judicial no hubo ningún intento ni disposición a la prueba de verdad sobre lo informado, ni para investigar si hubo negligencia o si se informó con malicia.
Para los magistrados la ley dispone, según lo ha destacado Búsqueda, que “el medio tiene el derecho de afirmar que la referencia por él difundida es exacta mientras que el aludido tiene el derecho de afirmar que la referencia es errónea o falsa”. Decididamente esto no es lo que se persigue con el derecho de réplica en su afán de defensa de los ciudadanos comunes y quizás, en casos, indefensos, pero no cabe para los funcionarios públicos, - nada indefensos ante los medios, por cierto-, cuando se informa sobre su forma de actuar y más en aquellos casos en que están en juego los recursos públicos.
Con el motivo de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, varios artículos que se incluyen en el proyecto de Ley de Presupuesto se establece una especie de “gatillo fácil” para los inspectores fiscales, que podrían intervenir y levantar el secreto de cuentas bancarias de cualquier ciudadano, sin dar fundamento, sin conocimiento de los titulares, y sin ningún tipo de garantía judicial como rige hasta ahora. Varios partidos de oposición se oponen a este proyecto, considerando que medidas de este tipo fueron utilizados por varios gobiernos latinoamericanos para jaquear a opositores y empresas, y arremeter contra la libertad de prensa.
Los socios de la SIP en Uruguay consideran oportuno realizar una visita al presidente Orsi para invitarlo a firmar las declaraciones de Chapultepec y Salta.
