Reunión de Medio Año de la SIP, 23 - 24 de abril de 2026.
Durante el período analizado, no se registraron hechos graves o de relevancia que afectaran la libertad de prensa. Medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales pudieron desarrollar sus actividades sin mayores obstáculos. Este escenario se da en el contexto del primer año de mandato del presidente Yamandú Orsi, iniciado el 1 de marzo, correspondiente al cuarto período de gobierno de un representante de la coalición de izquierdas Frente Amplio.
No obstante, se produjeron algunos sucesos aislados pero inquietantes que generaron preocupación y fueron denunciados públicamente. Entre ellos, en noviembre, se destaca un pedido formal del Ministerio de Educación y Cultura al diario El País solicitando la identidad de una fuente periodística, pese a que la ley protege el secreto profesional de las fuentes. La solicitud no fue atendida y el asunto no tuvo consecuencias.
Otro incidente ocurrió en enero, cuando un periodista de El País fue citado por la policía a comparecer primero en dos sedes policiales del interior del país y posteriormente en Montevideo, a raíz de una denuncia por difamación presentada por un particular en una comisaría.
Aunque el interrogatorio se cumplió con respeto, fue considerado inapropiado, ya que el funcionario que citó al periodista no había leído el artículo que motivó la convocatoria. La policía actuó sin notificar previamente al fiscal correspondiente, como habría correspondido, y la Fiscalía archivó rápidamente el caso. Sin embargo, resultó preocupante que tanto el ministro del Interior, un exfiscal, como altas autoridades policiales afirmaran que la actuación se encontraba dentro de las facultades de la policía, postura cuestionada por expertos en libertad de prensa.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO) calificó la convocatoria policial como improcedente y preocupante, señalando que “va en contra de los estándares internacionales sobre libertad de expresión” y que “acciones como la citación de periodistas por el contenido de sus notas pueden generar un efecto inhibitorio sobre el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, fomentando la autocensura y afectando el rol fundamental de la prensa en una sociedad democrática”. Asimismo, destacó que la persecución o interrogatorio de periodistas por cobertura de temas sensibles, incluyendo investigaciones sobre el Estado, afecta la labor periodística y la democracia, y contraviene el derecho a la libertad de expresión y la protección del secreto profesional.
La SIP consideró este hecho como grave, señalando que se trató de un desvío de autoridad inaceptable y destacando la falta de reacción por parte de jerarquías del gobierno o del Ministerio del Interior. Lo más preocupante, según la SIP, fue que ninguna figura relevante del gobierno haya reconocido la seriedad del asunto, y que el director de la Policía Nacional afirmara que “estuvo todo fenómeno”.
El 6 de abril, el presidente Yamandú Orsi suscribió las declaraciones de principios de la SIP —la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta II— durante un acto oficial en Montevideo, reafirmando su compromiso con la defensa de las libertades de expresión y de prensa. La firma tuvo lugar ante una delegación internacional de la SIP, encabezada por su primer vicepresidente, Carlos Jornet, quien valoró el gesto como una muestra del clima democrático y de convivencia del país, así como de su relevancia para fortalecer estos principios en la región.
Tras la firma, Orsi señaló que la adhesión a estos instrumentos representa no solo un honor, sino también una responsabilidad, al considerar la libertad de expresión como un pilar esencial de la democracia. En ese sentido, subrayó la importancia de preservar el respeto, el diálogo y la construcción de consensos frente a desafíos actuales como la desinformación y la polarización.
La delegación de la SIP también se reunió con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, para analizar la situación de la libertad de prensa y expresar su preocupación por hechos recientes que podrían afectar el ejercicio periodístico. Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales frente al crimen organizado, así como de garantizar la protección de los periodistas y el respeto de los estándares internacionales.
