Adicionalmente, especificaron que "frente a estados de emergencia, los Estados pueden adoptar restricciones temporales a los derechos humanos. A la luz de este contexto, estas medidas deben sujetarse a la estricta observancia de la finalidad de salud pública, estar acotadas temporalmente, tener objetivos definidos, además de ser estrictamente necesarias y proporcionales al fin perseguido".
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se pronunciaron el 18 de abril contra restricciones de gobiernos a la libertad de expresión y el acceso a la información durante la pandemia en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
David Kaye, Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU; Harlem Désir, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, expresaron de manera conjunta el 19 de marzo de 2020 que "el derecho de acceso a la información supone que los gobiernos deben realizar esfuerzos extraordinarios para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial ante un momento de emergencia de salud pública, en especial cuando su objetivo es proporcionar al público información fundamental y supervisar las medidas gubernamentales. Instamos a todos los gobiernos a ejecutar con rigor sus leyes de libertad de información para garantizar que todas las personas, y en especial los periodistas, tengan acceso a la información".
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó que, incluso en plena pandemia, "es imperativo respetar los derechos civiles y políticos", por lo que las medidas adoptadas deben ser "necesarias y proporcionadas".
Bachelet censuró las detenciones de periodistas y trabajadores sanitarios en algunos países y subrayó que "criticar no es un crimen" e instó a "todos los gobiernos a aumentar significativamente el acceso a información precisa", porque "la transparencia no solo es esencial, sino que puede salvar vidas". Condenó los bloqueos a internet y redes sociales.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció que el COVID-19 ha provocado una "peligrosa epidemia de desinformación" y dijo que las plataformas de redes sociales "deben hacer más para acabar con el odio y los dichos dañinos sobre la Covid-19".
Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó en abril una demanda ante la ONU por violaciones de libertad de prensa durante pandemia. Pidió que denuncie a los estados que violan el derecho a la información y reclamó por acoso, detenciones arbitrarias y violencia contra periodistas, además de iniciativas legislativas preocupantes en 38 países, entre estos, Brasil, Estados Unidos, Argelia, Jordania, Zimbabue, Hungría, Camboya y China.
La SIP ante la pandemia de COVID-19 enfatizó que "una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad" y "la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad", como establece la Declaración de Chapultepec".
El presidente de la SIP Christopher Barnes expresó que en este marco a los medios "nos corresponde asumir nuestros roles como proveedores de servicios esenciales en este período de emergencia y tomar todas las medidas necesarias para ayudar a guiar a nuestros países".
