Conclusiones de la 76 Asamblea General de la SIP

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Pandemia, asesinatos, restricciones al ejercicio de la profesión, persecución, estigmatización, entre otras siituaciones que afectaron a la prensa.
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Miami (23 de octubre de 2020).- La Sociedad interamericana de Prensa (SIP) aprobó las Conclusiones de su 76ª Asamblea General virtual en la que se debatieron las principales situaciones que afectaron las libertades de expresión y de prensa en las Américas, particularmente el efecto de la pandemia y los asesinatos de periodistas.

76ª Asamblea General de la SIP
21 - 23 de octubre de 2020

La crisis planteada por la pandemia de Covid-19 ha impactado a todos los sectores de la sociedad. La prensa no es la excepción. Más de 130 periodistas y personal de medios de las Américas murieron por contagio de coronavirus durante su labor profesional, a quienes la SIP reconoció con el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2020.

Además, las restricciones al ejercicio de la profesión y una fuerte caída de ingresos colocaron a muchos medios en riesgo o provocaron su cierre definitivo, lo que llevó a gobiernos de todo el mundo a disponer de medidas para preservar la labor periodística como baluarte de la libertad de expresión y del debate democrático.

Así ocurrió también en el continente americano. Aunque en varios países de la región, los ataques y presiones sobre la prensa no disminuyeron, sino que se agravaron.

Catorce periodistas fueron asesinados en los últimos seis meses: seis en México, tres en Honduras, dos en Venezuela, uno en Barbados, uno en Brasil y uno en Colombia. En este último país, cuatro casos de asesinatos prescribieron en este período y tres más lo harán antes de fin de año.

El lanzamiento de la campaña Lápices Inmortales en el marco de esta 76ª Asamblea busca crear conciencia sobre la impunidad que rodea a la mayoría de los crímenes contra periodistas. La falta de justicia incentiva más violencia, censura y autocensura, y de allí el lema que guía la acción de educación pública: "Las voces pueden ser silenciadas, pero la libertad es a prueba de balas".

Otros ataques contra periodistas y medios en este período se registraron en Colombia, Venezuela y México, así como en Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos y Haití. En Paraguay, la connivencia entre políticos y narcotráfico eleva el riesgo para quienes informan en la ciudad Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil.

En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro agudizó la persecución y las detenciones arbitrarias de periodistas como herramienta de amedrentamiento y censura. Policías y militares abordan y atacan a periodistas sin motivos, los despojan de sus equipos de trabajo, les roban pertenencias, los expulsan de espacios públicos y les impiden desarrollar su labor.

El régimen cubano incrementó la represión y la censura contra medios y periodistas independientes, activistas y ciudadanos. Medios independientes fueron bloqueados y hackeados por acusaciones de desacato, propaganda enemiga, incitación a la violencia o por recibir financiación desde el extranjero. Numerosos periodistas fueron detenidos, retenidos, amenazados y golpeados y se les prohíbe salir de sus viviendas o del país.

En EE.UU. las protestas anti raciales, tras el asesinato de George Floyd, derivaron en 148 ataques físicos contra periodistas y 118 detenciones. Además, durante la campaña electoral el presidente Donald Trump siguió con sus ataques contra la prensa e intentó bloquear, sin éxito, la publicación de dos libros sobre su vida y presidencia.

En Brasil, donde no se detiene la violencia contra los periodistas, el presidente Jair Bolsonaro agrega escollos a la libertad de expresión con una política cotidiana de estigmatización, insultos y amenazas contra la prensa. Y hubo tres casos de censura judicial contra medios de comunicación.

La descalificación a quienes ejercen el periodismo es asimismo una práctica del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, mientras que su par salvadoreño, Nayib Bukele, aplica medidas de censura indirecta, como discriminación de la pauta oficial, presiones fiscales y ataques estigmatizantes a través de cadenas nacionales, troles y mensajes en redes sociales. Y completa su esquema de propaganda gubernamental con presiones en materia de contenidos y el lanzamiento de dos medios oficiales: un noticiero de televisión y el Diario de El Salvador, en ediciones impresa y digital.

El canal Teleamazonas, de Ecuador, sufrió un atentado con bombas en represalia por sus investigaciones. Y el gobierno limitó la libertad de expresión mediante circulares generales y particulares a algunos medios, quejándose de que estos propagaban información sensacionalista y falsa sobre la pandemia.

En la misma línea, preocupan proyectos legislativos o decretos anunciados con el argumento de sancionar la difusión de noticias falsas en países como Chile, Colombia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Argentina. En este último país, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual anunció la creación del observatorio gubernamental Nodio, "contra la desinformación y la violencia simbólica en medios de prensa y plataformas digitales". La oposición advirtió que se busca coartar la libertad de expresión y pidió dejar sin efecto el nuevo organismo.

A los intentos de limitar el acceso a la información en países como Canadá, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, El Salvador, en el marco de la pandemia se sumaron restricciones al trabajo periodístico en naciones del Caribe, así como Perú, Ecuador y Chile.

En este último país, además, un plebiscito de reforma constitucional plantea la regulación de medios, y algunos académicos proponen que se reconozca el "derecho a la comunicación", se limite la propiedad de los medios y se regulen los contenidos.

Las presiones económicas y legales contra medios y profesionales del sector se multiplican en El Salvador, Panamá, México, Nicaragua, mientras que en Colombia se conoció que una red de espionaje del Ejército vigilaba a 52 periodistas.

A pesar de este escenario, vale destacar el compromiso de varios líderes de mantener la libertad de prensa en sus países. Durante esta asamblea el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader Corona, firmaron las declaraciones de Chapultepec y Salta, y son así los primeros que rubrican ambos documentos, además de que por primera vez lo hicieron con un lápiz de la campaña Lápices Inmortales.

Otro hecho histórico en esta asamblea fue la presentación del Índice de Chapultepec, una nueva herramienta que a partir de ahora permitirá medir el grado de vigencia de las libertades de prensa y expresión en el continente. El período de medición de esta primera entrega debió cerrarse con datos hasta abril de este año, por lo que en algunos países no refleja el agravamiento de posteriores acciones contra la prensa que quedaron registrados en los informes de libertad de prensa de este año.

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