El Salvador

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Informe ante la 77ª Asamblea General Virtual
19 - 22 de octubre de 2021
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A medida que se consolida el régimen de Nayib Bukele, aumentan los abusos, atropellos, amenazas, restricciones y hostilidad contra los medios de comunicación y los periodistas.

Bukele ha fomentado la animosidad contra los periodistas y medios al publicar mensajes estigmatizantes e infundados. "Ser 'periodista' es el nuevo fuero. Pueden traspasar propiedad privada, invadir la intimidad, mentir, falsear documentos, difamar, comprar drogas, violar, evadir impuestos, lavar dinero, violar leyes migratorias, etc. Pero si la autoridad hace cumplir la ley, activan el fuero".

Las agresiones son variadas y cometidas por policías y personal de seguridad, desde la captura de un especialista informático de medios hasta la expulsión de periodistas extranjeros y la amenaza de un diputado oficialista de expropiar a un medio digital su dominio elsalvador.com.

El poder político también trata de ahogar económicamente a medios que investigan e intenta obligar a los periodistas a que revelen sus fuentes de información.

Este año la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 193 casos de atropellos contra periodistas, entre agresiones físicas y verbales, bloqueos al acceso a la información pública, restricción al ejercicio periodístico, declaraciones estigmatizantes y una demanda por difamación.

Los ataques y las restricciones aumentaron desde la asunción el 1 de mayo de la nueva Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas.

El 1 de septiembre, Mario Gómez, experto en tecnología y crítico de la implementación del bitcoin como moneda en el país, muy cercano a los medios, fue detenido por varias horas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sin orden judicial ni proceso de la Fiscalía. Lo quisieron implicar en presuntos fraudes financieros. Fue liberado tras la presión de la opinión pública. Gómez había participado en varias actividades para advertir sobre los riesgos de la implementación del bitcoin como moneda nacional, entre ellas el foro / SPACE, organizado por elsalvador.com.

Varios periodistas intentaron entrevistar a Gómez, pero fueron obstaculizados por agentes de la PNC.

El periodista Jorge Beltrán Luna, de El Diario de Hoy, fue abofeteado el 7 de julio por el subinspector Raúl Martínez Velásquez, de la PNC, cuando cubría la recuperación del cuerpo de un estudiante asesinado en Apopa, al norte de la capital.

El 17 de septiembre, el fotógrafo de La Prensa Gráfica Michael Huezo fue golpeado por un agente de la seguridad de la Asamblea Legislativa cuando cubría el despido de varios empleados y lo amenazó que le prohibiría el ingreso a la Asamblea.

Días después, agentes de la PNC agredieron y retuvieron a un periodista de Diario El Mundo (DEM) y un camarógrafo de Telecorporación Salvadoreña (TCS), dañándoles sus equipos de trabajo.

El 9 de julio, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) anuló el permiso de trabajo del periodista estadounidense Roman Gressier, del periódico digital El Faro. Según El Faro, el argumento de la DGME fue que Gressier no se encontraba en el país y, por tanto, "no tiene el ánimo de permanecer y residir en el país".

El 7 de julio el gobierno negó la concesión de residencia de trabajo al periodista mexicano Daniel Lizárraga, bajo el argumento de que "no se pudo comprobar su calidad de periodista".

En junio, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reveló que se hace "seguimiento" de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión "tiene su límite". "Vivimos en libertad de expresión, pero todo tiene su límite y sí, le estamos dando seguimiento a muchos periodistas", dijo en una entrevista con una radio local. Posteriormente, se retractó y dijo que no se trataba de una "persecución a periodistas".

Varios agentes uniformados y de civil de la Policía tomaron fotos a reporteros y camarógrafos de diferentes medios. La APES denunció que recibió denuncias contra personal de seguridad de la Asamblea Legislativa, el Batallón Presidencial y simpatizantes del partido Nuevas Ideas que fotografían e intimidan a reporteros. El 4 de junio, la entonces presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, denunció que frente a su casa encontró apostados a dos efectivos de la Fuerza Armada. El 4 de mayo una patrulla de la Policía se mantuvo frente a su casa por varias horas.

El medio Focos denunció que agentes de PNC fotografiaron sus oficinas. Dos periodistas de La Prensa Gráfica denunciaron que son vigilados o perseguidos incluso por vehículos sin placas.

Un policía intimidó y fotografió al fotoperiodista Jonatan Funes, de El Diario de Hoy cuando tomaba imágenes de una caseta de criptomonedas en el centro de San Salvador. El agente cubrió su número de identificación e intentó retener la credencial y el documento de identidad del periodista y le advirtió que "lo reportaría", aunque no dijo ante quién. Luego le tomó varias fotos.

El secretario jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, amenazó con obligar a los medios a revelar las fuentes de información. El hecho se produjo cuando el medio digital Gatoencerrado reveló que Argueta se habría reunido con magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), antes de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitiera la resolución que permite la reelección del presidente Bukele.

El jefe de la bancada oficialista, Christian Guevara, calificó de "activista" y acusó a la periodista Adriana González, de Teleprensa de El Salvador, de brindar información sesgada. Acusó al medio de "mal intencionado y en campaña contra el gobierno" porque reprodujo un video en el cual el parlamentario declara que "ningún hospital ha colapsado" por pacientes víctimas de Covid-19. Guevara también amenazó con la expropiación del medio digital www.elsalvador.com que tiene 25 años, el primero en el país en publicar noticias en internet sin interrupción.

La Prensa Gráfica informó que el partido de gobierno Nuevas Ideas prepara una reforma al Código Procesal Penal que pudiera restringir o bloquear cuentas de usuarios, o la utilización de "agentes encubiertos digitales" que podrá autorizar la Fiscalía General de la República (FGR) sin orden judicial. Además, un juez podrá determinar la restricción o el bloqueo de cuentas o perfiles de personas investigadas durante un proceso.

También Bukele intentó descalificar la labor informativa e investigativa del periodista Nelson Rauda, de El Faro, luego de publicar tuits sobre el juez que investigaba la masacre de El Mozote.

La APES denunció que Walter Araujo, excandidato a diputado por San Salvador y de Nuevas Ideas, incluido en la "lista Engel" de EE.UU., insultó en un tuit a la periodista Mariana Belloso, después de que ella lo invitara a escuchar su podcast sobre bitcoins.

Desde la asunción de la nueva Asamblea Legislativa varios periodistas fueron afectados, entre ellos, una periodista de El Faro y la reportera Loida Martínez Avelar, de Revista Factum.

Varios periodistas de Canal 6, Canal 21, Canal 33, FOCOS, Diario El Mundo, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y Radio YSUCA, fueron obstaculizados por agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras daban cobertura a la presentación de una demanda de varios jueces contra el decreto que obliga a retirarse a la tercera parte de la judicatura.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oscar Alberto López Jerez, denigró al periodista Luis Muñoz, de Teleprensa de El Salvador, cuando le hizo una pregunta.

El presidente Bukele acusó por Twitter a William Gómez, directivo de la APES, por dar "instrucciones" para quemar uno de los cajeros de criptomonedas durante una multitudinaria protesta contra el gobierno el 15 de septiembre.

Ese día, un grupo de manifestantes encapuchados y desconocidos amenazó al periodista Jaime Quintanilla, de La Prensa Gráfica, quien intentó abordarlos luego de que el grupo quemó una motocicleta.

La fotógrafa Wendy Urbina denunció agresiones realizadas a través de redes sociales que la acusaban de haber quemado una cabina de bitcoins, en Chivo, y que fue fotografiada durante su cobertura en las manifestaciones. Un grupo de simpatizantes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) agredió verbalmente a la reportera Lorena Martínez, de Noticiero El Salvador de Canal 10, cuando cubría una manifestación afuera de un centro judicial.

El Gobierno también ha puesto en reserva la información sobre el manejo de la pandemia, la compra de alimentos durante la cuarentena, obras de construcción de una nueva Biblioteca Nacional y otras cuestionadas por posibles irregularidades y corrupción. La revista Gatoencerrado determinó que 15 instituciones del gobierno declararon en "reserva" 281 expedientes sobre compras millonarias del Estado.

También se mantiene el hermetismo sobre las investigaciones de una estructura criminal que mantenía un cementerio clandestino en la localidad de Chalchuapa, en el occidente del país. El grupo, dirigido por un expolicía y en el que había exmilitares y civiles, retenía a las víctimas en la casa, las mataba y luego las enterraba en un patio. Las autoridades han callado a funcionarios forenses y fiscales para que no informen sobre el caso.

En julio, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa 11 reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Busca clasificar como secreta la información sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios, viajes oficiales o datos de contratos públicos, listados de asesores de las oficinas de Estado y sobre salarios de los empleados públicos. Una de las reformas posibilita que las oficinas de gobierno declaren bajo "reserva" u oculten 25 tipos de información que hasta ahora debían poner a disposición del ciudadano sin que mediara una solicitud específica. Otra reforma indica que habrá sanciones para cualquier persona que viole la LAIP, algo que por su naturaleza de institución reguladora por ahora solo aplicaba a funcionarios.

El Ministerio de Hacienda declaró reservada la información sobre el financiamiento público que reciben los partidos políticos, llamada "deuda política", lo cual fue considerado ilegal por la organización Acción Ciudadana, porque la ley solo prevé reservar información en casos de planes militares secretos, defensa nacional, si pone en peligro la vida, si daña la investigación de delitos o si compromete procesos judiciales, entre asuntos.

El periodista Carlos Amaya, de RTV Izcanal, denunció el bloqueo por dos meses de acceso a información por parte de la alcaldía municipal de Nueva Granada, Usulután.

El 2 de septiembre un grupo de aficionados de fútbol agredió a dos periodistas de televisión en el partido entre El Salvador y Estados Unidos.

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