El periodismo experimenta cada vez más incertidumbre y temor respecto de su labor ante un régimen represivo que bloquea todo acceso a la información, amenaza despedir o perseguir y castigar fuentes internas del gobierno e intimida a las pocas voces profesionales y técnicas que aún contradicen la narrativa propagandística del gobierno.
Al cierre de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero y tras los 10 días posteriores, Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), denunció que "la tendencia arrojó un alza en la restricción al trabajo periodístico para documentar el escrutinio final". Registró 173 agresiones contra periodistas mediante amenazas directas, restricciones de movimiento y expulsiones de los recintos de escrutinio por parte de funcionarios, representantes y militantes vestidos del partido oficial, Nuevas Ideas.
El informe de APES detalla que 59 de las agresiones habrían sido generadas por funcionarios y 17 vulneraciones fueron atribuidas a encargados de centros de votación y otros a "troles, bullies y haters" que se usaron para acosar en las redes sociales.
"Los periodistas aquí son libres; pueden grabar, preguntar, ir a donde quieran. Ustedes andan con total libertad", dijo el presidente Nayib Bukele en la conferencia de prensa, pero, en ese evento, empleados de la Secretaría de Comunicaciones censuraron las preguntas de los periodistas independientes y no los del gobierno.
La APES también registró 91 agresiones a periodistas y medios de comunicación durante las elecciones municipales y del Parlacen del 3 de marzo.
Miembros del partido oficial agredieron al periodista Guillermo Martínez, de FOCOS TV, quien realizaba algunas tomas en el centro de votaciones Walter Thilo Deninger, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. También Marvin Díaz, periodista del medio @malayerbacom, fue víctima de acoso y agresión por parte de militantes de Nueva Ideas durante el escrutinio.
Otros periodistas agredidos en el mismo acto fueron Víctor Peña, de El Faro, y Carlos Hernández, de Señal Capital, quienes se encontraban documentando la discusión cuando también fueron acosados.
La Fiscalía sigue teniendo poderes plenipotenciarios para definir a cualquier ciudadano como terrorista y dirigir la detención supra judicial en el contexto del régimen de excepción. Esto generó un efecto inhibitorio entre periodistas.
En las elecciones municipales del 4 de marzo, numerosos periodistas fueron expulsados de centros de votación, incluso con la presencia de policías. El Tribunal Supremo Electoral hizo una declaración "post facto" afirmando que todo fue un "malentendido".
La APES acusó al secretario de Prensa de la Presidencia de la República, Ernesto Sanabria, de "acosar" a la periodista y defensora de libertad de prensa de APES, Sildania Murcia, quien coordina la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos gremial.
La APES explicó que la profesional asistió a un "cacerolazo por la democracia", que denunciaba irregularidades en el proceso electoral. A partir de ese momento, Murcia fue expuesta en redes sociales por el funcionario, quien emitió "declaraciones estigmatizantes" y divulgó fotografías de ella, propiciando que usuarios de las redes sociales la atacaran.
Los hechos fueron registrados por la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), que se desplegaron en los centros de votación. La Misión subrayó que todos los hechos se produjeron ante la pasividad e inacción de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral.
"Paralelamente, se observó que el partido oficialista ejerció una posición dominante en diferentes etapas críticas del proceso electoral y, en ocasiones, sobre la institucionalidad electoral. En algunas instancias, se observó a representantes del partido oficial "dando órdenes" (en actos flagrantes de "deus ex máquina") en las instalaciones provisionales del TSE, en los centros de votación y en las JRV, ejerciendo abusivamente su derecho de vigilancia y realizando funciones que por ley no les corresponde", dice el informe oficial de la OEA. La Misión denunció además que el partido oficial asumió una "actitud dominante e intimidatoria" en el escrutinio.
Esta violencia generalizada contra la prensa va siendo más común en la medida en que el gobierno ha copado en su favor a todas las instituciones de control.
Acción Ciudadana (AC) advirtió que se está cerrando aún más el acceso de la ciudadanía, incluyendo los medios informativos, a la fiscalización del manejo del gobierno y sus gastos, allanándose el camino a la corrupción.
"La ciudadanía acude cada vez menos a la entidad", advierte AC, y explica que esto se debe al rechazo de las solicitudes de información tras ser presentadas y a una sistemática producción de resoluciones desfavorables que efectivamente niegan y bloquean el acceso a la ciudadanía, medios y academia a la documentación pública solicitada.
Esto se agrega a las decisiones unilaterales de gobierno de "reservar" u ocultar el manejo de gastos hasta por siete años en diferentes dependencias relacionadas a los arbitrariamente denominados "proyectos estratégicos" y compras públicas de cualquier cuantía.
Las restricciones a la libertad de expresión afectaron al poeta Carlos Bucio Borja. Fue detenido en un centro de votación por leer a viva voz una decena de artículos de la Constitución que prohíben que un presidente sea reelegido de inmediato en el cargo, como ocurrió esta vez.
