Continuaron en este período la estigmatización, el acoso y las amenazas por parte de militantes gubernamentales y figuras del Gobierno en contra de periodistas y la restricción severa al acceso a la información pública.
"El Salvador está lejos de decir que es un país donde hay vigencia de plena libertad de prensa... es una sociedad silenciada", dijo Roberto Rock, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante una misión conjunta de la organización y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
La misión estableció que, desde la implementación del estado de emergencia, se limitan garantías constitucionales fundamentales, incluyendo la confidencialidad de la correspondencia privada, y se habilitan detenciones sin orden judicial, lo que crea un clima de intimidación y autocensura entre quienes ejercen el periodismo.
Rock se refirió al intento de asfixia en contra de los medios, al citar la detención y las torturas por casi un año al periodista comunitario Víctor Barahona, la operación del periódico El Faro en el exilio y la multimillonaria demanda contra El Diario de Hoy.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 165 agresiones contra periodistas en 2024, entre amenazas e intimidaciones, principalmente en contra de mujeres periodistas, y también intentos de retención ilegal.
El gobierno continúa restringiendo el acceso a informes de instituciones públicas. Ante la crítica y la denuncia por actos de corrupción o abusos, las autoridades optan por guardar silencio y desacreditar a los medios independientes.
Las limitaciones llegan al extremo de bloquear a medios y periodistas el acceso a las redes sociales del gobierno, incluyendo las de la Presidencia.
A fines de septiembre, periodistas y diferentes medios reportaron bloqueos por parte de instituciones y funcionarios públicos en la red social X. El Centro de Monitoreo de APES registró 19 periodistas cuyas cuentas fueron bloqueadas. Los periodistas pertenecen a El Faro, Voz Pública, FOCOS, Revista Factum, Revista Elementos, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, YSUCA, Radio Izcanal, Infodemia y Voz Pública.
También según APES, persiste el espionaje a periodistas, que estaría afectando a Jorge Beltrán Luna, de El Diario de Hoy, y Carlos Dada, director de El Faro.
En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Nayib Bukele proclamó: "No encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensen diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas".
En ese momento, un jefe policial restringió a dos periodistas de El Diario de Hoy que cubrían la recepción de denuncias de abusos durante el régimen de excepción, se les obligó a borrar sus fotografías y videos, y tomaron los datos de identidad a una periodista.
Se registraron en estos meses numerosos episodios en contra de periodistas y reporteros gráficos.
El comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, Andrés Guzmán Caballero, justificó varios hechos alegando leyes que garantizan la protección del derecho a la imagen, incluidos los de agentes del Estado, y que se deben cumplir disposiciones penales y civiles que regulan el "uso indebido de imágenes y su difusión sin consentimiento".
El funcionario argumentó que el derecho a la imagen es resguardado por la "ley de protección de datos personales" e instó a su respeto, ante lo cual el presidente de la APES, Sergio Aráuz, expresó que dicha ley no existe.
Otros casos
En agosto, el youtuber Sel Ramírez fue amenazado por la policía con ser detenido si no borraba un video que hizo frente al edificio de la Asamblea Legislativa. La Asamblea lamentó el incidente y negó que hubiese ordenado entorpecer el trabajo de "youtubers, creadores de contenido ni periodistas".
En mayo, la periodista Victoria Delgado y el fotoperiodista Carlos Barrera, ambos de El Faro, fueron retenidos por media hora en la Villa Universitaria de la Universidad Nacional de El Salvador (UES) cuando estaban tomando fotografías y videos del lugar. Dos miembros de la seguridad privada se les acercaron para cuestionarlos y luego una persona que se identificó como "empleada del gobierno", los conminó a borrar las fotos y videos que hubiesen hecho, sin orden legal ni judicial.
