Nicaragua

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Informe ante la 77ª Asamblea General Virtual
19 – 22 de octubre de 2021

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En este semestre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha continuado con los ataques a los periodistas y medios de comunicación. Entre esos ataques se destaca el asedio policial; citatorios al Ministerio Público y acusaciones de parte de la Fiscalía; y detenciones arbitrarias, sobre todo, por "cometer actos que menoscaban la integridad".

El hecho más preocupante fue el asalto a las instalaciones del diario La Prensa y las detenciones de periodistas y directivos de medios.

El 13 agosto cinco patrullas policiales tomaron las instalaciones de La Prensa, desconectaron los servidores, cortaron la energía eléctrica y el internet. Además, obligaron al personal que se encontraba en el lugar (periodistas, conductores y administrativos) a permanecer en el parqueo sin acceso a sus dispositivos móviles. El allanamiento fue al día siguiente de que el diario anunciara que dejaría de circular en la versión impresa debido a que la Dirección General de Aduanas (DGA) se negaba a entregar la materia prima del diario. La Prensa era el único diario del país y continúa publicándose en su versión en línea, con acceso a servidores fuera del alcance de la dictadura.

Luego del allanamiento, la Policía informó que se había iniciado una investigación en contra de la Junta Directiva del Diario por los supuestos delitos de "defraudación aduanera y lavado de dinero". En el allanamiento fueron confiscados equipos, cajas con documentos contables y otras pertenencias del periódico. Los portones del medio permanecen cerrados y custodiados por agentes policiales.

El gerente general Juan Lorenzo Holmann, fue llevado a la Dirección de Auxilio Judicial para "firmar unos papeles", pero el 14 de agosto quedó detenido y es investigado "por los delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense". Holmann lleva más de dos meses detenido. Solo ha podido ver a su esposa una vez por 30 minutos, pero no a su abogado. Todas las audiencias han sido secretas, a pesar que por ley deben ser públicas.

El gobierno canceló más de 24 personerías jurídicas, en su mayoría de organizaciones médicas, fuentes de información para los medios en el marco de la pandemia.

Mayo estuvo marcado por el inicio de procesos judiciales, citatorios a periodistas y directivos de medios, así como el allanamiento al estudio de Confidencial. En su mayoría, fueron "entrevistados" por el caso en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

A fines de mayo el régimen encarceló a 37 opositores, entre ellos Marcos Fletes y Walter Gómez, contador y administrativo de la FVBCH, respectivamente.

Según el Ministerio Público, en el caso de la clausurada FVBCH, en cuatro meses se entrevistó a 158 personas, entre ellos 57 periodistas. Nueve de ellos fueron citados en dos o más ocasiones.

En junio el gobierno detuvo bajo arresto domiciliario a la exdirectora de la FVBCH y precandidata presidencial independiente Cristiana Chamorro. También detuvo a otros seis precandidatos, así como a líderes opositores, diplomáticos, líderes campesinos, estudiantiles, periodistas y defensores de derechos humanos.

Entre los 37 detenidos, cuatro están bajo arresto domiciliar y el resto, en cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial. Ahí se encuentran el exdirector de 100% Noticias Miguel Mora y el cronista deportivo Miguel Mendoza.

De acuerdo a las acusaciones de la Fiscalía, la mayoría de las pruebas en contra de los detenidos son conversaciones a través de mensajes de texto en sus dispositivos móviles, publicaciones en redes sociales, declaraciones brindadas a medios independientes y el testimonio de policías que participaron en el allanamiento de sus viviendas.

En los últimos meses el gobierno ha afinado las estrategias y métodos represivos en contra de periodistas y medios independientes, que continúan denunciando arbitrariedades desde diferentes plataformas digitales.

Ante la persecución estatal, 26 periodistas decidieron salir al exilio, el mayor éxodo desde 2018. Este es el segundo exilio de algunos comunicadores, entre ellos, Carlos Fernando Chamorro.

El 29 de julio el periodismo se vistió de luto por el fallecimiento del ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, presidente, director de La Prensa y vicepresidente regional de la SIP. Falleció a los 86 años y deja en el gremio periodístico un legado de lucha por la verdad, el periodismo profesional y la democracia.

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han criticado el ataque a periodistas y directivos de medios de comunicación y se han realizado campañas en redes sociales para pedir la liberación de los presos políticos, señalando que estos acontecimientos son una medida de Ortega y Murillo para garantizar su continuidad en el poder.

Sin embargo, el régimen se ha consolidado en sus políticas totalitarias y ha logrado imponer un clima de terror de cara a las elecciones generales.

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