Bajo la nueva administración del presidente Joseph R. Biden, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha reforzado las directrices internas que protegen a los periodistas de que se incauten sus registros en investigaciones federales. Al mismo tiempo, los defensores de la libertad de prensa han hecho críticas referidas al enjuiciamiento de Julian Assange en Estados Unidos por cargos por la publicación de información gubernamental clasificada.
Además, la Corte Suprema ha continuado proporcionando audio en vivo de los argumentos orales, una adecuada práctica adoptada durante la pandemia. Dos jueces de la Corte han pedido que se revise una decisión histórica de la Primera Enmienda que brinda protecciones esenciales a la prensa contra demandas por difamación por parte de funcionarios públicos. Al mismo tiempo, se han seguido presentando numerosas demandas por difamación contra medios de comunicación. Igualmente, los periodistas continúan siendo arrestados y atacados mientras cubrían protestas, particularmente en manifestaciones contra las regulaciones relacionadas con el COVID y a favor de la justicia racial.
Según el U.S. Press Freedom Tracker, 100 periodistas de 54 organizaciones de noticias fueron atacados físicamente en lo que va del 2021. Muchos fueron agredidos mientras cubrían protestas contra los requisitos de vacunación del COVID-19, los mandatos de máscaras y otras restricciones relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, el 15 de agosto, al menos tres periodistas fueron golpeados, pateados o rociados con gas pimienta en una manifestación contra las vacunas en Los Ángeles, el último de una serie de incidentes similares de los últimos meses. Los periodistas también han sido atacados en manifestaciones contra las vacunas en Oregon, Florida y Michigan.
A mediados de abril, agentes de policía golpearon, rociaron con gas pimienta y arrestaron a numerosos periodistas durante protestas en Brooklyn Center, Minnesota, después de que un oficial de policía mató a Daunte Wright, un hombre de la raza negra de 20 años, durante una parada de tráfico. Aunque un juez federal de Minnesota había emitido una orden de restricción que impedía a la policía estatal arrestar o usar la fuerza física contra periodistas por no dispersarse, esta no obedeció dicha orden.
En julio, el Departamento de Justicia comenzó a procesar a personas que atacaron a periodistas y destruyeron su equipo durante la manifestación que irrumpió en el edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.
Aunque el gobierno de Biden ha dejado atrás la retórica anti prensa de la pasada presidencia, algunos funcionarios públicos no lo han hecho. Por ejemplo, en marzo, un juez de la influyente Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito de DC criticó a los medios de comunicación como tendenciosos y cuestionó la validez del fallo histórico de la Corte Suprema, emitido décadas atrás, en el caso New York Times v. Sullivan, 376 US 254 (1964). Sullivan y las decisiones subsiguientes de la Corte Suprema impusieron límites de la Primera Enmienda a las leyes estatales de difamación, requiriendo que los funcionarios y figuras públicas prueben que el discurso se hizo con "malicia real", o sea, conocimiento de falsedad o desprecio imprudente por la verdad. Además, un estudio publicado en la primavera de 2021 encontró un repunte en la retórica anti prensa en la Corte Suprema a través de los años. En julio, los jueces de la Corte Suprema Neil Gorsuch y Clarence Thomas emitieron disensiones pidiendo que se revisara Sullivan fuera revisado.
Al mismo tiempo, como nunca, resultan cruciales las protecciones legales a periodistas que enfrentan demandas por difamación relacionadas con sus reportajes. En septiembre, el expresidente Donald Trump presentó una demanda de 100 millones de dólares contra The New York Times, tres de sus periodistas y su sobrina Mary Trump, alegando que conspiraron para obtener sus registros de impuestos de manera incorrecta, una investigación por la que los periodistas habían ganado un premio Pulitzer. Los tribunales federales también admitieron denuncias dudosas por difamación contra el periodista Ryan Lizza (presentado por el representante estadounidense Devin Nunes) y CNN (presentado por el abogado Alan Dershowitz).
Sin embargo, los estados han continuado promulgando y fortaleciendo leyes para proteger, a periodistas y otros comunicadores, de demandas sin mérito dirigidas a silenciarlos, —llamadas leyes anti-SLAPP por sus siglas en inglés—. La ley del estado de Washington entró en vigor en julio. Además, algunos tribunales federales han reducido el alcance de las leyes anti-SLAPP al sostener que algunas de ellas no se aplican en dichos tribunales, mientras que otros han utilizado sus protecciones.
Durante el primer año del gobierno de Joe Biden, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha reanudado las conferencias de prensa periódicas. Con todo, en septiembre, miembros del cuerpo de prensa presentaron una queja ante Psaki debido a que solamente periodistas británicos tomaron parte en una reunión entre el presidente Biden y el primer ministro británico Boris Johnson. A escala estatal, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, prohibió en mayo a toda la prensa, excepto a Fox News, cubrir la firma de la controvertida ley electoral, un acto que los expertos legales calificaron de inconstitucional.
El acceso de la prensa a los tribunales ha disminuido a veces durante la pandemia. En agosto, durante el juicio de alto perfil al cantante R. Kelly por cargos de extorsión y tráfico sexual en corte federal de Nueva York, el presidente del tribunal rechazó las solicitudes de los reporteros de acceso a la sala citando preocupaciones sobre el COVID. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos ha continuado transmitiendo audio en vivo de argumentos orales, una práctica que comenzó durante la pandemia, pero está limitando el acceso directo a magistrados, personal de la Corte Suprema y el cuerpo de prensa, citando también preocupaciones sobre la pandemia.
El U.S. Press Freedom Tracker informó un total de 55 arrestos o detenciones de periodistas en el ejercicio de su profesión durante el año en curso; 142 en 2020. Estas cifras representan un marcado aumento con respecto a años anteriores. Por ejemplo, hubo nueve arrestos de periodistas en 2019. En la mayoría de los casos, los fiscales se negaron a presentar cargos contra los periodistas arrestados mientras cubrían protestas; y, en otros, los fiscales presentaron cargos, pero los retiraron meses después. No obstante, los fiscales fijaron una fecha para el juicio contra la periodista April Ehrlich, de Oregón, quien fue arrestada en septiembre de 2020 mientras informaba sobre los esfuerzos de las fuerzas del orden para evacuar un campamento de personas sin hogar. Y un juez estatal de Carolina del Norte encarceló a un editor por desacato al tribunal cuando su reportero violó inconscientemente las reglas de la sala al usar una grabadora mientras cubría un juicio por asesinato. Ello provocó una protesta debido a que muchos lo consideraron un castigo excesivo.
A escala federal, sigue preocupando a los defensores de la libertad de prensa el posible enjuiciamiento del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. En 2019 el gobierno de Donald Trump obtuvo una acusación del gran jurado federal contra Assange bajo la Ley de Espionaje, que incluía tres cargos basados únicamente en la publicación de secretos gubernamentales en línea, siendo esta la primera vez que el gobierno federal había logrado una acusación sobre tal fundamento. Ello sentó un precedente escalofriante para los periodistas que informan sobre asuntos gubernamentales, ya que la Ley de Espionaje no contiene excepciones cuando se trata de divulgación de información de interés periodístico a miembros de la prensa o por estos. El Departamento de Justicia del gobierno actual ha seguido buscando la extradición de Assange del Reino Unido para continuar su enjuiciamiento en Estados Unidos. Un informe de septiembre de Yahoo News reveló que funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del gobierno de Trump habían debatido la posibilidad de secuestrar o eliminar a Assange y etiquetar a WikiLeaks y a algunos periodistas de alto perfil como "agentes de información". Esto, supuestamente, proporcionaría herramientas de investigación adicionales y un posible enjuiciamiento.
En julio, el Departamento de Justicia actualizó y reforzó significativamente los lineamientos internos para impedir a los fiscales apoderarse de las fuentes de información y registros de los periodistas en investigaciones federales. Lo anterior fue resultado de informes alarmantes de que el Departamento de Justicia, bajo los presidentes Trump y Biden, había mantenido en secreto, o había intentado incautar, registros telefónicos y de correo electrónico de reporteros de The New York Times, Washington Post y CNN en relación con investigaciones de filtraciones. Los defensores de la libertad de prensa elogiaron la nueva política, pero pidieron al Congreso que codificara sus protecciones, dado que los lineamientos internos están sujetos a cambios introducidos por futuros gobiernos.
