Estados Unidos

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Report to the Midyear Meeting
April, 20-23
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En enero Joseph R. Biden se convirtió en presidente. Los primeros meses de su presidencia parecen indicar, en gran parte, un regreso a la dinámica entre la administración y la prensa anterior al gobierno de Donald J. Trump. Ello se observa de manera más prominente en la reanudación de las conferencias de prensa regulares de la Casa Blanca y la ausencia de la retórica antiprensa. Sin embargo, la administración Biden ha continuado los esfuerzos de la administración Trump para extraditar al editor y fundador de WikiLeaks Julian Assange con el fin de presentar cargos en su contra por, entre otras cosas, publicar secretos gubernamentales, una histórica acusación que cuestiona el derecho constitucional de los medios de comunicación de hacer lo mismo.

En un golpe a la libertad de prensa a escala mundial, la administración Biden se negó a sancionar al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman por su participación en el asesinato del columnista del Washington Post y residente de Estados Unidos, Jamal Khashoggi. La prensa también ha tenido que afrontar amenazas de arresto y agresión mientras cubría protestas, como lo demuestra la que se efectuó en Los Ángeles en marzo, donde al menos quince periodistas fueron arrestados y varios denunciaron haber sido agredidos.

El 6 de enero de 2021, partidarios del entonces presidente Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio de Estados Unidos en un violento intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Los periodistas que cubrían los sucesos fueron amenazados y atacados, y hubo, al menos, nueve informes de agresiones físicas, según el U.S. Press Freedom Tracker, mientras que muchos más fueron amenazados. Las palabras "Muerte a los medios" fueron grabadas en una puerta del Capitolio. La turba destruyó equipos de transmisión y colgó una cámara de un árbol. Ese mismo día se produjeron amenazas y actos de violencia contra la prensa en Portland, Oregon y Charlotte y Carolina del Norte.

A fines de febrero la administración Biden decidió no sancionar directamente al príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita por el asesinato en 2018 del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Si bien el gobierno aprobó la publicación de un informe que concluía que el príncipe había ordenado el asesinato de Khashoggi y fijó sanciones para funcionarios saudíes de nivel inferior, no llegó a hacerlo con el propio Mohammed bin Salman, decisión criticada por los defensores de la libertad de prensa en Estados Unidos y el mundo.

El expresidente Trump, hasta el final de su mandato, continuó sus ataques verbales contra la prensa, la mayoría de las veces a través de Twitter. En total, el U.S. Press Freedom Tracker registró más de 600 tuits antiprensa durante el último año de su presidencia, el recuento más alto de su mandato. Twitter suspendió permanentemente su cuenta el 8 de enero de 2021, basándose en lo que calificó de "apoyo y aliento a actos violentos", en particular a "la insurrección" del 6 de enero de 2021. La decisión de Twitter fue criticada dentro del país como por líderes extranjeros, entre ellos, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dentro del marco legal estadounidense, la Primera Enmienda no prohíbe a una empresa privada como Twitter tomar y hacer cumplir decisiones sobre qué tipo de discurso permitir en su sitio.

En marzo de 2021, un juez federal de apelaciones del influyente Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia dio a conocer un documento de disenso en un caso de difamación en el que criticó ampliamente a los medios de comunicación y los acusaba de sesgo político. El juez pidió que se anulara el histórico fallo de la Primera Enmienda de 1964 de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso The New York Times vs. Sullivan. Dicho fallo requiere que un funcionario o figura pública demandante demuestre que un acusado actuó con "real malicia", es decir, con conocimiento de falsedad o desprecio imprudente por la verdad, para que pueda prevalecer en un caso de difamación.

La secretaría de prensa de la Casa Blanca ha reanudado las reuniones periódicas, tanto sobre la pandemia de Covid-19 como sobre otros asuntos de interés nacional. Después de una demora histórica de más de dos meses, el presidente Biden dio su primera conferencia de prensa el 25 de marzo de 2021.

Un hecho significativo a escala estatal sobre el acceso a los procedimientos gubernamentales durante la pandemia de Covid-19 se produjo cuando un tribunal de primera instancia de Minnesota optó por permitir la transmisión de video en vivo durante el juicio de Derek Chauvin, que comenzó el 29 de marzo de 2021. Chauvin, exoficial de policía de Minneapolis, está acusado del asesinato, en mayo de 2020, de George Floyd, que provocó protestas en todo el país por el trato policial a los estadounidenses negros, y el juicio (en curso en el momento de este informe) es tema de gran interés y preocupación en el país.

Sin embargo, otros tribunales estatales se han mostrado menos dispuestos a facilitar el acceso de la prensa. En diciembre de 2020, un juez de Carolina del Norte prohibió a periodistas asistir a una audiencia en el caso de una mujer blanca acusada de agredir a dos niñas negras de 12 años cuando conducía su automóvil. Cuando el editor de un periódico intentó entregar una carta de su abogado solicitando una audiencia para determinar si el cierre de la sala del tribunal había sido apropiado, fue esposado y amenazado con desacato. Luego de una apelación de emergencia por parte de los medios involucrados, y un escrito Amicus presentado por el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, el tribunal estatal abrió sus deliberaciones al público.

También se han utilizado amenazas y expulsión forzada contra periodistas que cubren el poder legislativo. Durante una reunión con la representante Marjorie Taylor Greene, en el ayuntamiento de Tennessee, se advirtió a dos periodistas de que no podían hacer preguntas ni hablar con los asistentes. Cuando estos intentaron hacerle una pregunta al Representante Greene, se les expulsó bajo amenaza de arresto.

El U.S. Press Freedom Tracker informó de que, durante el 2020, se produjo un total de 133 arrestos o detenciones de periodistas durante el ejercicio de su profesión, la mayoría durante las protestas de Black Lives Matter que se extendieron por todo el país durante el verano. Este número de arrestos representa un enorme aumento con respecto a años anteriores. Si bien el ritmo se desaceleró inicialmente en 2021, al menos quince periodistas fueron arrestados o detenidos el 25 de marzo de 2021 mientras cubrían protestas en Los Ángeles.

En la gran mayoría de los casos de 2020, los fiscales se negaron a presentar cargos contra los periodistas arrestados durante las protestas. Sin embargo, en Iowa, los fiscales presentaron cargos penales contra Andrea Sahouri, periodista del Des Moines Register, quien fue arrestada mientras cubría una protesta el verano pasado. Sahouri fue acusada de no dispersarse y de obstruir actos oficiales. Afortunadamente, el jurado la absolvió a principios de marzo, pero es preocupante que los fiscales hayan seguido su caso.

Otro posible enjuiciamiento que preocupa es el del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. En 2019, la administración Trump consiguió una acusación del gran jurado federal contra Assange bajo la Ley de Espionaje, que incluía tres cargos basados ​​únicamente en la publicación de secretos gubernamentales en línea: primera vez en la historia que el gobierno federal formula una acusación sobre esa base. Ello sienta un precedente escalofriante para los periodistas que informan sobre asuntos gubernamentales, ya que la Ley de Espionaje no contiene excepciones en la divulgación de información de interés periodístico, sea a los miembros de la prensa o por parte de ellos. El Departamento de Justicia declaró en febrero de 2021 que continuará buscando la extradición de Assange del Reino Unido, y ha indicado que continuará con su procesamiento en caso de que sea extraditado a los Estados Unidos.

La Ley de Espionaje también se ha utilizado para enjuiciar a aquellos que filtran información clasificada a periodistas. Daniel Hale, exanalista de inteligencia de la Fuerza Aérea, fue acusado en mayo de 2019 por compartir información con un periodista sobre el programa de guerra con aviones no tripulados. Hale se declaró culpable de violar la Ley de Espionaje el 31 de marzo.

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