Venezuela

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Resolución ante la 77ª Asamblea General Virtual
19 - 22 de octubre de 2021
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CONSIDERANDO que en el régimen de Nicolás Maduro desaparecieron 115 medios de comunicación independientes entre 2013 y 2018, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa

CONSIDERANDO que el 14 de mayo las Fuerzas Armadas tomaron las instalaciones del diario El Nacional a raíz de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que condenó al periódico a pagar una indemnización de 13 millones de dólares al líder del chavismo Diosdado Cabello, culminando así un largo proceso contra el periódico acusado por reproducir declaraciones publicadas en más de 80 medios de comunicación y agencias de noticias

CONSIDERANDO que la implacable persecución contra medios de comunicación y periodistas, así como el bloqueo a los pocos medios que aún publican en internet, ha casi completado el plan de hegemonía comunicacional del régimen, similar al modelo cubano

CONSIDERANDO que los Principios 4 y 5 de la Declaración de Chapultepec establecen que "las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa", lo mismo que "las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informative y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas".

LA 77ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Solicitar al gobierno de Nicolás Maduro el respeto a la prensa independiente venezolana y el fin de las agresiones y hostigamientos contra los medios de comunicación y los periodistas.

Exigir al gobierno que desista de utilizar el aparato judicial y a las fuerzas armadas para atacar a los medios de comunicación, y que sean reintegradas a sus dueños las instalaciones del diario El Nacional, injustamente intervenido.

Rechazar los planes del gobierno de Venezuela de imponer una hegemonía comunicacional en la que la labor de informar solo sea posible para los medios oficiales en detrimento del derecho a la información de la ciudadanía.

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