Colombia

Aa
78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
$.-

Los hechos más relevantes en contra de la libertad de prensa en este período fueron los gestos de hostilidad contra la prensa en el contexto de intensa polarización en la fase final de la campaña presidencial, así como los asesinatos de periodistas, las amenazas y las presiones para obstaculizar el ejercicio periodístico en investigaciones sobre casos de corrupción y violencia armada.

El 16 de octubre fue asesinado en el municipio de Montelíbano el periodista Rafael Emiro Moreno Garavito, director del medio digital Voces de Córdoba, quien era reconocido por sus denuncias contra la corrupción y grupos armados ilegales. Moreno era objeto de amenazas desde el 2019 y por ese motivo la Unidad Nacional de Protección le había asignado un escolta, un hecho por el que la SIP y otras instituciones exigieron una pronta respuesta a la Fiscalía General sobre los autores del crimen.

Otro caso que está bajo investigación es el de Leiner Montero y Dilia Contreras, asesinados el 28 de agosto en Fundación. La Fiscalía ordenó la detención de un hombre, señalado de ser el autor material del doble homicidio y quien había sostenido un altercado con Montero unas horas antes.

En relación con las elecciones presidenciales, la Misión de Observación Electoral (MOE), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación de Medios de Información (AMI), entre otras, manifestaron en mayo su preocupación por la manipulación de la conversación pública en las redes sociales y el nivel de agresividad contra la prensa en segunda vuelta por parte de las campañas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

El contenido de esos mensajes para desprestigiar la labor de la prensa y asociar a un sector de ella con ideologías extremas, tuvo el potencial de incitar a la violencia contra los medios y sus integrantes.

Las asociaciones defensoras de la libertad de expresión y prensa recordaron que las figuras políticas, entre ellas funcionarios y candidatos, deben mostrar un mayor grado de tolerancia frente a las críticas.

Este llamado se conecta con el caso del periódico El Colombiano, de Medellín, debido a las actitudes asumidas por el alcalde Daniel Quintero y su equipo en respuesta a investigaciones periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción. A través de redes sociales, el mandatario local y algunos funcionarios instigaron y realizaron campañas de descrédito y desprestigio en contra de la credibilidad del medio y su directora, lo que desembocó en violencia en línea por parte de seguidores del alcalde. Asimismo, el diario denunció que esas autoridades cometieron acciones de acoso judicial y retraso y evasión de información.

La FLIP denunció que integrantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, al igual que miembros del partido oficialista Pacto Histórico, promovieron mensajes estigmatizantes y señalamientos irresponsables contra la revista Semana, su directora y miembros de su equipo.

Ocho periodistas denunciaron trabas de acceso a la información en la Fiscalía General de la Nación.

Quince medios regionales y locales salieron del aire por varios días debido al paro promovido por el grupo armado conocido como Clan del Golfo, en Antioquia y Córdoba, a comienzos de mayo. Mediante amenazas violentas, los integrantes de esta organización, dedicada al narcotráfico, exigieron a los periodistas que no emitieran información sobre lo que estaba sucediendo en los municipios afectados.

El columnista del portal NTN24 David Ghitis se marchó al exilio. El 7 de septiembre Ghitis, reconocido influenciador y crítico de partidos de izquierda, anunció que abandonaba el país debido a amenazas que las autoridades habían calificado como "creíbles".

Desde marzo se produjeron 120 amenazas contra medios y periodistas, 16 incidentes de agresión física, 34 casos de bloqueo al acceso de información, 18 de acoso judicial, uno de violencia sexual, uno de exilio, 29 de hostigamiento y seis de detenciones ilegales, entre otros, según la FLIP.

Varios casos de periodistas asesinados prescribieron en este período. Walter López y Héctor Sandoval, ocurrido en Cali el 12 de abril del 2002; Víctor Ómar Acosta, asesinado el 20 de mayo del 2002, en Yumbo, y Mario Prada Díaz, cuyo homicidio ocurrió el 12 de julio del 2002, en Sabana de Torres. El estado de estos procesos es de total impunidad.

Finalmente, varios medios de comunicación expresaron su preocupación por el borrador de un proyecto de ley que, sin haberse radicado aún en el Congreso, genera serias inquietudes sobre sus alcances. La iniciativa se ha planteado como una opción para fortalecer los medios comunitarios y alternativos. Si bien el

propósito es loable, el texto contiene elementos que pueden restringir o afectar la libertad de prensa, al establecer obligaciones y condicionamientos que pueden incidir contra la labor periodística. Además, preocupa el sesgo estigmatizante sobre los medios privados porque no son responsables de las supuestas carencias de pluralidad informativa que indica el proyecto, ya que, por el contrario, estos hacen parte de la diversidad informativa necesaria en una democracia.

El proyecto establece que "cuando los medios de comunicación cualquiera sea su modalidad, se refieran a organizaciones y movimientos sociales, tendrán una obligación especial de estudiar, analizar y contrastar la información que se relaciona con estas antes de difundirla. Estarán obligados, de manera especial, a consultar como fuente a las organizaciones y movimientos sociales y a sus líderes y lideresas cuando pretendan informar asuntos que les conciernen directamente" so pena de sanciones que "serán reglamentadas".

Compartí

0